Botella adjudica en funciones un oscuro contrato para 11 años y se lo oculta a Ahora Madrid, Ana Botella

Botella adjudica en funciones un oscuro contrato para 11 años y se lo oculta a Ahora Madrid

Ferrovial se lleva 14 millones para gestionar una planta de residuos después de haber sido sancionada por la CNMC un concurso relacionado

Ana Botella le ha dejado un regalo envenenado a Manuela Carmena si llega a su despacho de alcaldesa de Madrid. La regidora en funciones se ha saltado todos los protocolos de buenas maneras políticas y ha adjudicado deprisa y corriendo un contrato de 14 millones de euros y por 11 años a Ferrovial, para gestionar una planta de biogás del Parque Tecnológico de Valdemingómez. Y, lo que es menos habitual, ha dado cinco días a la empresa para que presenten la documentación y poder formalizar el contrato antes de que cambie el signo político en el Ayuntamiento.

La adjudicación ha sido concedida a Cespa, filial de Ferrovial, hasta 2026. Y, en caso de que un nuevo gobierno formado por Manuela Carmena quisiera revocarlo tendría que indemnizar a la empresa. Inés Sabanés, concejala electa de Ahora Madrid, ha confirmado al periódico Diagonal que el Ayuntamiento de Botella no les ha comunicado esta operación, pese a que se reunió con Carmena a finales de abril. “Cualquier actuación o acción que comprometa la acción de gobiernos futuros se tendría que haber informado como sería deseable en cualquier protocolo”, señala Sabanés.

Concurso pactado
Pero no se vayan todavía porque la adjudicación tiene algunos puntos oscuros de los que ha dado buena cuenta Ana Tudela en Sabemos Digital. La planta adjudicada es la última de un lote de tres, mientras que las anteriores fueron adjudicadas en un concurso que las empresas habían pactado entre sí, según sancionó la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.

Cambiar el precio
Cespa había pactado en 2012 con Valoriza (Sacyr) y Urbaser (ACS) que no se presentaría a ninguno de los lotes para que así el precio de la oferta aumentase. A cambio, le prometieron, según figura en los correos intercambiados entre las constructoras, que entraría en el negocio presentándose con ellos en una Unión Temporal de Empresas (UTE), o que se la quedarían las dos constructoras y subcontratarían a Cespa.

Botella restituye el pastel
Finalmente, la primera planta fue adjudicada a FCC por 92,7 millones durante 11 años y la segunda a la UTE de Urbaser y Valoriza por 61 millones y otros 11 años. Pero la CNMC descubrió el pacto y sancionó a las tres empresas con 98 millones de euros. Cespa quedaba así como la más perjudicada, por ser sancionada pero no tener ni una parte del pastel, algo que ha resuelto ahora Ana Botella… diez días después de perder las elecciones.