La misión de Garzón en Colombia, contestada, Andalucía

La misión de Garzón en Colombia, contestada

Asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) llegó a Bogotá a mediados de junio de 2011. Según El Mundo, "reside en Rosales, un exclusivo barrio, en un edificio cercano a la residencia del embajador norteamericano, una zona nada barata en una ciudad que acaba de ser nombrada la sexta más cara de Latinoamérica, por encima de Los Ángeles. Trabaja a pocos minutos de su casa, en un bonito chalé del norte de la capital, donde está la nueva sede de la OEA. A ella llega en coche blindado, rodeado de una importante escolta policial, digna de un mandatario." Si quiere las conclusiones del estudio, pulse aquí.

Con este sueldo, que se desconoce, Garzón cobra al menos y a la vez 1.800 euros mensuales como juez de la Audiencia a pesar de su suspensión, otros 9.000 mensuales tras su nombramiento como colaborador externo en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Cobra las conferencias a no menos de los 10.000 euros la pieza y además percibe honorarios por la dirección de los cursos de su pueblo natal Torres.

Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, no ve adecuada la decisión del actual presidente Santos que incorporar a Garzón como asesor. Tampoco el Procurador General de la Nación y ex magistrado del Consejo de Estado, Alejandro Ordóñez.

Pero la crítica ha crecido de tono cuando se ha sabido que su hijo, Baltasar Garzón Molina, según el polémico periodista Fernando Londoño Hoyos, "ha pasado larguísimas temporadas en Colombia empujando a los indígenas del Cauca a una guerra en asocio con las FARC. Se ha podido comprobar que Garzón Molina estuvo trabajando en el Movimiento Juvenil Álvaro Uncúe de la Acin (Asociación de Cabildos del norte), en Toribío, departamento del Cauca, hace unos cuatro años.

Otros amigos de Garzón en el Consejo Consultivo de Andalucía y los ERE

Garzón, medalla de oro de Andalucía, tiene otros amigos en el Consejo Consultivo. Marcos Gutiérrez Melgarejo, socialista, también es íntimo amigo de Baltasar Garzón, al que ayuda en la organización de cursos y homenajes en la provincia de Jaén y al que ha invitado no pocas veces a las cacerías organizadas en su cortijo de Jaén. Gutiérrez Melgarejo, ex candidato socialista a la alcaldía de Jaén, es ahora miembro de dedicación exclusiva del Consejo Consultivo de Andalucía. Concilia esta ocupación con ser el responsable de la web congarzon. com, que ha gestado todas las protestas y movilizaciones en defensa del juez.

Gutiérrez es un gran amigo de Garzón, además de paisanos, ya que ambos nacieron en Torres (Jaén). Desde el primer momento en que la justicia comenzó a actuar contra el magistrado, su amigo creó la Plataforma de Apoyo en su defensa. Al principio, sus convocatorias no tuvieron tanto éxito. Celebró homenajes en su tierra natal, concretamente el pasado 6 de Marzo, pero no acudieron más que medio millar de personas. Las caras conocidas, sí se presentaron: Gaspar Zarrías, secretario de Estado de política Territorial, el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, o el actor Juan Diego. Pero pocos más.

A medida que avanzaron los procesos contra el juez estrella, la Plataforma de Marcos Gutiérrez Melgarejo fue granjeándose más seguidores. Allí se publicó inicialmente el "Manifiesto por la Justicia del juez Baltasar Garzón", que después se ha leído en las protestas de las grandes ciudades.
Dadas las gravísimas acusaciones que se han lanzado contra el Tribunal Supremo desde dicho manifiesto, la figura de Gutiérrez Melgarejo es cada vez más discutida.

Además, se ha sabido que la Junta de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO confiaron a Gutiérrez Melgarejo, protegido de Gaspar Zarrías, el acuerdo secreto del ERE de Cárnicas Molina y lo debió custodiar hasta que se decidió ocultarlo en la caja de seguridad de un banco. Marcos Gutiérrez Melgarejo, cuando presidía en el Consejo Económico y Social de Jaén, recibió el encargo de «custodiar» el único ejemplar del acuerdo firmado el 10 de febrero de 1999 entre la empresa Hijos de Andrés Molina SA –propiedad entonces de la Junta de Andalucía, a través del IFA– y los sindicatos UGT y CCOO, en el que se pactó presentar un ERE y «habilitar ayudas» públicas y «avales» para pagar las prejubilaciones e indemnizaciones de los afectados.