Democracia y elecciones, Andalucía

Democracia y elecciones en Andalucía

El resultado de las elecciones en Andalucía ha demostrado una vez más que la llamada “democracia” es una farsa en España. La espúrea propaganda continua que los medios de comunicación “orgánicos”, es decir vinculados a los monopolios informativos y dependientes de uno u otro de los partidos que dominan el poder, realizan, ha convencido a una mayoría de la población de que las elecciones rituales y periódicas que aquí se celebran son expresión de una democracia limpia e igualitaria.

Un somero análisis de los resultados electorales en Andalucía nos revela que el hecho más visible, que el 36% de los electores se ha abstenido, no ha merecido apenas un comentario por parte de los doctos comentaristas que apelan continuamente al mantra de la democracia.

El segundo ítem escandaloso es que el PSOE pueda gobernar con el 35,43 % de los votos de ese 63,94% de ciudadanos. Es decir, que con 1.409.000 votos de una población de 8.392.635 habitantes, el PSOE se constituye en indiscutible grupo de poder para decidir los destinos de la región durante 4 años. No sé cómo se puede describir el término de democracia, pero si siguiendo la definición clásica aseguramos que es el gobierno del pueblo, nos encontramos con que en este caso se trata de un sector minoritario de ese pueblo que domina sobre todos los demás. En realidad para este resultado se pactó la Ley Electoral en la Transición.

Y si la democracia debe de ser igualdad, veamos cómo se distribuye esta. Que el resultado de estas elecciones sea tan parecido al de las anteriores –y anteriores y anteriores- con la única novedad de la aparición de Podemos, cuya influencia con 15 escaños sabemos que será irrelevante, ha motivado que se repitan las críticas y los denuestos contra el clientelismo del pueblo andaluz, tanto por la izquierda como por la derecha.

Pero apenas he leído o escuchado algún argumento sobre las causas de tal fenómeno, lo que resulta bastante frustrante tratándose de la región española donde más arraigada y sangrante –literalmente- se ha producido la lucha de clases en el último siglo.

Andalucía, como Extremadura, mantiene una distribución de la riqueza feudal después de más de cien años de guerras por lograr un reparto más equitativo de la tierra. Como dato añadido, aunque esté hablando de Andalucía, en Extremadura el año 1939 el 50% de la tierra eran latifundios propiedad de unos cuantos títulos nobiliarios. En el año 2015 son el 54%.

En esa patria de mis ancestros, Andalucía, el reparto es semejante. Resulta sorprendente que analistas de una u otra laya protesten contra que el paro en Andalucía es el mayor de España con un 34% -en la provincia de Cádiz el 44% después de que se cerraran los astilleros- y el juvenil el 55%, sin que se denuncie, con ira, el infame reparto de la riqueza que allí sigue vigente.

Que nadie se crea, gracias a los reportajes dulzones y falsos de las revistas del corazón y de los periódicos más prestigiosos, que la aristocracia en España no cuenta como clase dominante porque ya no tiene dinero ni negocios ni tierra. Esos medios de comunicación se han concitado para encubrir el poder que tal clase social, asociada y protegida y protectora a su vez de la Monarquía, mantiene en el país, sobre todo en Andalucía y Extremadura.

En 2011, existían en el Reino de España 2.874 títulos nobiliarios aproximadamente, en posesión de 2.205 personas. De éstos, cerca de 400 poseen la distinción de Grandes de España (representada por el Consejo de la Diputación Permanente de la Grandeza de España).

Solo entre diez de las mayores casas ducales (Alba, Alburquerque, Fernán Núñez, Infantado, Borbón, Medinaceli, Medina Sidonia, Osuna, Peñaranda y Villahermosa) suman unos 199 títulos (36 ducados). Ciertamente no todos poseen grandes latifundios, y muchos ni siquiera viven de sus bienes, pero esas casas ducales, y otras como marquesados, condados y señoríos poseen en Andalucía más de la mitad de las tierras cultivables, aunque muchos ni siquiera las cultiven.

Lo que significa, en estos tiempos de Unión Europea que reciben de la Política Agrícola Común la mayor cantidad de las subvenciones destinadas a España. Para nadie era un secreto que la Duquesa de Alba, con un patrimonio estimado -y mal estimado puesto que solamente en obras de arte se le suponen 1.500 millones de euros- en 2.500 millones de euros, era la mayor receptora de ayudas económicas obtenidas de los impuestos de los ciudadanos europeos, sustraídas de los trabajadores de todos los países, entre los que también se cuentan los andaluces.

LIDIA Falcón