Y SIGUE, SIGUE, SIGUE......

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Detectan en Sevilla otro fraude millonario en ayudas al paro.

La Unidad Especializada de Inspección de la Seguridad Social de Sevilla ha desarticulado una red de empresas sin actividad aparente y dedicadas a dar de alta a trabajadores, la mayoría varones de etnia gitana y familiares entre sí, para que cobraran la prestación por desempleo.

La Inspección de Trabajo detectó que tres empresarios podrían estar incurriendo en un delito contra la Seguridad Social al utilizar sus empresas para permitir que 157 trabajadores accedieran y disfrutaran de prestaciones por desempleo mediante la simulación de contratos laborales. Una de las empresas implicadas es «15 Innova 24H S. L. U». Su administrador y socio único Manuel M. C, que en su día trabajó como funcionario en la Tesorería de la Seguridad Social y ahora es administrativo en la Jefatura Superior de Policía, podría ser el cabecilla de la trama. De momento, ha sido citado como imputado por el Juzgado de Instrucción 2. Los otros dos implicados son extranjeros: Filip M. F y Dimitar A. S., este último en prisión hasta el el pasado 29 de febrero por otros delitos.

Estos 157 trabajadores supuestamente eran contratados para prestar servicios de atención domiciliaria y limpiar el mercadillo del Charco de la Pava, servicios que ya presta el Ayuntamiento de Sevilla a través de sus propios medios. No tenían experiencia en el sector de la limpieza. Más de un centenar de los supuestos beneficiarios han declarado esta semana en las dependencias policiales en calidad de imputados.

Exigirá la devolución
El Servicio Público de Empleo del Estado (SPEE) ha cuantificado en 707.089 euros las cantidades que desde 2009 han sido cobradas por esos 157 «supuestos trabajadores», que ahora les reclamará la Seguridad Social. De no haberse descubierto el fraude, el Estado habría seguido pagando a esas personas otros 681.621 euros pendientes de abono, con lo que la cantidad defraudada podría haber ascendido a 1,3 millones de euros. Cuando la cuantía defraudada excede de los 120.000 euros, el delito puede ser castigado con penas de entre uno y cinco años de cárcel.
Respuestas ya existentes para el anterior mensaje:
-Suma y sigue-, con los fraudes, más control, son nuestros dineros, todos al final somos los perjudicados.

mis saludos