CASO FORMACIÓN.
La Audiencia ordena a la juez Núñez que investigue el «descontrol» de 2.896 millones en ayudas para cursos.
Revoca el precipitado archivo de la juez que exculpaba a 24 excargos de la Junta para averiguar si su gestión provocó la apropiación de fondos públicos.
Antonio R. Vega.
Sevilla.
Actualizado:
09/07/2019 07:43h.
La juez instructora de la rama política del caso Formación, María Núñez Bolaños, se precipitó al archivar la causa abierta en 2014 por Mercedes Alaya contra 24 ex responsables de la Junta de Andalucía. Así lo cree la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha estimado parcialmente un recurso presentado por los letrados del PP andaluz contra el sobreseimiento dictado el 11 de octubre de 2016.
En un auto del pasado 1 de julio, la sala revoca el archivo de la juez Núñez, solicitado por el fiscal Fernando Soto, y concluye que no se ha investigado lo suficiente como para sostener que no hay ningún supuesto delito que imputar a ex altos cargos de distintos gobiernos socialistas por «el control y gestión de los casi 3.000 millones de euros —se repartieron 2.896,48 millones de euros entre 2002 y 2012— empleados en once años» para la formación de parados en la región de España «con el desempleo más acuciante».
La Audiencia ordena a la juez Núñez que investigue el «descontrol» de 2.896 millones en ayudas para cursos.
Revoca el precipitado archivo de la juez que exculpaba a 24 excargos de la Junta para averiguar si su gestión provocó la apropiación de fondos públicos.
Antonio R. Vega.
Sevilla.
Actualizado:
09/07/2019 07:43h.
La juez instructora de la rama política del caso Formación, María Núñez Bolaños, se precipitó al archivar la causa abierta en 2014 por Mercedes Alaya contra 24 ex responsables de la Junta de Andalucía. Así lo cree la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha estimado parcialmente un recurso presentado por los letrados del PP andaluz contra el sobreseimiento dictado el 11 de octubre de 2016.
En un auto del pasado 1 de julio, la sala revoca el archivo de la juez Núñez, solicitado por el fiscal Fernando Soto, y concluye que no se ha investigado lo suficiente como para sostener que no hay ningún supuesto delito que imputar a ex altos cargos de distintos gobiernos socialistas por «el control y gestión de los casi 3.000 millones de euros —se repartieron 2.896,48 millones de euros entre 2002 y 2012— empleados en once años» para la formación de parados en la región de España «con el desempleo más acuciante».