ANDALUCÍA. Sentencia.
Los ERE complican las negociaciones del PSOE.
TERESA LÓPEZ PAVÓN.
Sevilla.
Domingo, 17 noviembre 2019 - 02:06.
21 ex altos cargos de la Junta conocerán este martes el fallo del tribunal. Se les acusa del uso tramposo de 855 millones.
Tomaron la decisión consciente de no querer ver más». Con esta frase contundente resumió la Fiscalía Anticorrupción en su informe final la actuación de los altos cargos de la Junta de Andalucía -entre ellos, dos ex presidentes- ante un fraude que permitió desviar de su objetivo 855 millones de euros que tendrían que haber servido para reactivar empresas en crisis y ayudar a sus trabajadores. Este martes, el tribunal de la Sala Primera de la Audiencia de Sevilla dará a conocer la sentencia del juicio de la pieza principal de los ERE, la que sentó en el banquillo durante todo un año a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de varios gobiernos socialistas y, con ellos, a todo un sistema que durante una década hizo del clientelismo una herramienta muy eficaz para mantener la «paz social» y, de paso, enriquecer a un puñado de intermediarios que se aprovechó de la falta absoluta de controles en la gestión del dinero público.
Tras un año de trabajo silencioso, la sentencia sobre el caso de corrupción más importante vinculado a un gobierno socialista en España se dará a conocer en un momento especialmente delicado para el PSOE y para el presidente en funciones, Pedro Sánchez, inmerso en la complicada negociación para sacar adelante la investidura. Un retraso de última hora impidió precisamente que los españoles (y, especialmente, los andaluces) fueran a votar el pasado 10 de noviembre conociendo el fallo de la Audiencia de Sevilla. El magistrado que preside el tribunal, Juan Antonio Calle, pidió a finales de octubre, cuando ya se esperaba que hiciera pública la sentencia de un día para otro, una última prórroga de 15 días para concluir las cuestiones técnicas de una resolución que tendrá más de 1.700 folios. Esa circunstancia sobrevenida, que ha permitido al PSOE ir a la urnas sin la presión añadida de las virtuales condenas, ha despertado muchas suspicacias, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tuvo que salir al paso de ellas la pasada semana negando que se hubiera producido un retraso «deliberado».
Cuando el 17 de diciembre de 2018, el presidente de la sala pronunció el «visto para sentencia», ponía fin a un largo proceso que había arrancado un año y cuatro días antes y que se sustanció en 152 intensas sesiones, durante las cuales los tres magistrados (Pilar Llorente y Encarnación Gómez, además de Juan Antonio Calle) han valorado el grado de participación que habrían tenido cada uno de los acusados en la fabricación y gestión de una herramienta administrativa, el conocido como procedimiento específico, que permitió eludir los rigores de la Ley de Subvenciones en el reparto arbitrario de las ayudas a empresas y desempleados, muchos de ellos intrusos que nunca habían trabajado en esas compañías.
Porque eso es lo que se ha juzgado en esta pieza de los ERE: Si los 22 acusados intervinieron en las maniobras que permitieron desactivar los filtros y las alarmas para dar vía libre a la distribución caprichosa de las ayudas públicas, despilfarrando cientos de millones de euros que debían haber contribuido a disminuir la brecha laboral de Andalucía.
FIESTAS Y COCAÍNA
Por el contrario, nada se ha visto en este proceso sobre algunos de los capítulos más chuscos de cuantos conforman el relato del caso de los ERE, como la utilización de las ayudas para pagar fiestas y comprar cocaína por parte de uno de los investigados o el pago de sustanciosas comisiones. Esos episodios de la investigación se juzgarán en sucesivos juicios en los próximos meses y años. La juez instructora María Núñez Bolaños, que tomó el testigo de Mercedes Alaya cuando ésta se trasladó a la Audiencia de Sevilla, decidió trocear la causa y desgajar esta pieza principal de la investigación de más de 200 ayudas, con lo que la sentencia se limitará a establecer las responsabilidades por parte de los altos cargos en la creación del procedimiento tramposo, pero no en las actuaciones concretas. Por eso no estaban en este banquillo ni el conocido como chófer de la coca ni el presunto conseguidor y ex sindicalista Juan Lanzas, personajes indispensables en el guion de esta trama.
Sí ha comparecido ante el juez la ex ministra Magdalena Álvarez, por ser ex consejera de Economía y Hacienda. En el momento de su imputación era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, un cargo del que tuvo que dimitir en junio de 2014. Han sido tres, por tanto, los ex ministros socialistas que han comparecido como acusados, ya que Chaves y Griñán también lo fueron.
La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, imputado en la causa por su actuación en su etapa de consejero de Economía y Hacienda entre los años 2004 y 2009 y, desde abril de 2009, como presidente de la Junta. Le imputa los delitos continuados de malversación y prevaricación. Para Manuel Chaves, el Ministerio Público pide 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Junto a ellos se han sentado en los bancos de los acusados de la Audiencia de Sevilla otros cinco ex consejeros: Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, quien firmaba de su puño y letra todas las ayudas pese a carecer de competencias para ello y que bautizó como fondo de reptiles la partida 31L de los presupuestos de la Junta de Andalucía de la que salían los fondos que luego se repartían en función de los intereses personales o partidarios del Gobierno andaluz.
También están acusados el ex viceconsejero de Innovación Jesús R. Román, el ex director general de Trabajo Juan Márquez, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá o el ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro. En total, 21 (eran 22, pero el ex secretario de Hacienda Antonio Estepa fue exculpado).
El caso de los ERE no se agota por tanto con esta sentencia, ya que el troceamiento de la causa obligará a celebrar tantos juicios como ayudas están siendo investigadas y que podrían ser más de 200 según los cálculos de las defensas.
Los ERE complican las negociaciones del PSOE.
TERESA LÓPEZ PAVÓN.
Sevilla.
Domingo, 17 noviembre 2019 - 02:06.
21 ex altos cargos de la Junta conocerán este martes el fallo del tribunal. Se les acusa del uso tramposo de 855 millones.
Tomaron la decisión consciente de no querer ver más». Con esta frase contundente resumió la Fiscalía Anticorrupción en su informe final la actuación de los altos cargos de la Junta de Andalucía -entre ellos, dos ex presidentes- ante un fraude que permitió desviar de su objetivo 855 millones de euros que tendrían que haber servido para reactivar empresas en crisis y ayudar a sus trabajadores. Este martes, el tribunal de la Sala Primera de la Audiencia de Sevilla dará a conocer la sentencia del juicio de la pieza principal de los ERE, la que sentó en el banquillo durante todo un año a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de varios gobiernos socialistas y, con ellos, a todo un sistema que durante una década hizo del clientelismo una herramienta muy eficaz para mantener la «paz social» y, de paso, enriquecer a un puñado de intermediarios que se aprovechó de la falta absoluta de controles en la gestión del dinero público.
Tras un año de trabajo silencioso, la sentencia sobre el caso de corrupción más importante vinculado a un gobierno socialista en España se dará a conocer en un momento especialmente delicado para el PSOE y para el presidente en funciones, Pedro Sánchez, inmerso en la complicada negociación para sacar adelante la investidura. Un retraso de última hora impidió precisamente que los españoles (y, especialmente, los andaluces) fueran a votar el pasado 10 de noviembre conociendo el fallo de la Audiencia de Sevilla. El magistrado que preside el tribunal, Juan Antonio Calle, pidió a finales de octubre, cuando ya se esperaba que hiciera pública la sentencia de un día para otro, una última prórroga de 15 días para concluir las cuestiones técnicas de una resolución que tendrá más de 1.700 folios. Esa circunstancia sobrevenida, que ha permitido al PSOE ir a la urnas sin la presión añadida de las virtuales condenas, ha despertado muchas suspicacias, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tuvo que salir al paso de ellas la pasada semana negando que se hubiera producido un retraso «deliberado».
Cuando el 17 de diciembre de 2018, el presidente de la sala pronunció el «visto para sentencia», ponía fin a un largo proceso que había arrancado un año y cuatro días antes y que se sustanció en 152 intensas sesiones, durante las cuales los tres magistrados (Pilar Llorente y Encarnación Gómez, además de Juan Antonio Calle) han valorado el grado de participación que habrían tenido cada uno de los acusados en la fabricación y gestión de una herramienta administrativa, el conocido como procedimiento específico, que permitió eludir los rigores de la Ley de Subvenciones en el reparto arbitrario de las ayudas a empresas y desempleados, muchos de ellos intrusos que nunca habían trabajado en esas compañías.
Porque eso es lo que se ha juzgado en esta pieza de los ERE: Si los 22 acusados intervinieron en las maniobras que permitieron desactivar los filtros y las alarmas para dar vía libre a la distribución caprichosa de las ayudas públicas, despilfarrando cientos de millones de euros que debían haber contribuido a disminuir la brecha laboral de Andalucía.
FIESTAS Y COCAÍNA
Por el contrario, nada se ha visto en este proceso sobre algunos de los capítulos más chuscos de cuantos conforman el relato del caso de los ERE, como la utilización de las ayudas para pagar fiestas y comprar cocaína por parte de uno de los investigados o el pago de sustanciosas comisiones. Esos episodios de la investigación se juzgarán en sucesivos juicios en los próximos meses y años. La juez instructora María Núñez Bolaños, que tomó el testigo de Mercedes Alaya cuando ésta se trasladó a la Audiencia de Sevilla, decidió trocear la causa y desgajar esta pieza principal de la investigación de más de 200 ayudas, con lo que la sentencia se limitará a establecer las responsabilidades por parte de los altos cargos en la creación del procedimiento tramposo, pero no en las actuaciones concretas. Por eso no estaban en este banquillo ni el conocido como chófer de la coca ni el presunto conseguidor y ex sindicalista Juan Lanzas, personajes indispensables en el guion de esta trama.
Sí ha comparecido ante el juez la ex ministra Magdalena Álvarez, por ser ex consejera de Economía y Hacienda. En el momento de su imputación era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, un cargo del que tuvo que dimitir en junio de 2014. Han sido tres, por tanto, los ex ministros socialistas que han comparecido como acusados, ya que Chaves y Griñán también lo fueron.
La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, imputado en la causa por su actuación en su etapa de consejero de Economía y Hacienda entre los años 2004 y 2009 y, desde abril de 2009, como presidente de la Junta. Le imputa los delitos continuados de malversación y prevaricación. Para Manuel Chaves, el Ministerio Público pide 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Junto a ellos se han sentado en los bancos de los acusados de la Audiencia de Sevilla otros cinco ex consejeros: Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, quien firmaba de su puño y letra todas las ayudas pese a carecer de competencias para ello y que bautizó como fondo de reptiles la partida 31L de los presupuestos de la Junta de Andalucía de la que salían los fondos que luego se repartían en función de los intereses personales o partidarios del Gobierno andaluz.
También están acusados el ex viceconsejero de Innovación Jesús R. Román, el ex director general de Trabajo Juan Márquez, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá o el ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro. En total, 21 (eran 22, pero el ex secretario de Hacienda Antonio Estepa fue exculpado).
El caso de los ERE no se agota por tanto con esta sentencia, ya que el troceamiento de la causa obligará a celebrar tantos juicios como ayudas están siendo investigadas y que podrían ser más de 200 según los cálculos de las defensas.