«Mikel Antza», la buena estrella de un verdugo de ETA.
«Mikel Antza» ha cumplido quince años de cárcel a pesar de ser el cerebro de ETA entre 1992 y 2004 como jefe político.
Es el artífice del giro de la banda terrorista a los asesinatos de concejales del PP y del PSE en los años noventa.
Luis P. Arechederra.
Madrid.
Actualizado:
27/01/2019 03:25h.
El anagrama de la banda terrorista ETA lo conforman una serpiente, que alude a una supuesta astucia al servicio del mal, y un hacha, que representa la fuerza mal ejercida del terrorismo. Si un solo etarra encarnase todo lo que significa esa maldita serpiente sería Mikel Albizu Iriarte, alias «Mikel Antza».
Tras cumplir quince años de prisión en Francia, después de ser arrestado en 2004, Mikel Antza quedó en libertad la semana pasada. Fue expulsado y llegó al aeropuerto de Barajas (Madrid), pero la Policía no pudo colocarle las esposas y parar sus movimientos. Sin cuentas pendientes con la Justicia española, sin una pista concreta que le vincule con un atentado, Mikel Antza es un hombre libre, según las reglas del juego que todos aceptamos. Francia considera que ha cumplido íntegramente su pena, tras ser condenado a 20 años de prisión en 2010.
Miguel Ángel Blanco
Su estancia en la cárcel, sin embargo, no se corresponde con el poderoso rol que el terrorista ejerció en los años noventa, cuando la sociedad española estalló contra el terror de ETA. A Antza, que hoy tiene 58 años, se le sitúa detrás de esa crueldad. Con fama de intelectual en los círculos de la izquierda abertzale, dejó su huella siniestra en la banda. Él era la serpiente, mientras otros etarras empuñaron el hacha.
Un cúmulo de circunstancias desafortunadas han impedido que pise la cárcel española un terrorista con mayúsculas, hijo de uno de los fundadores de ETA. Antza permaneció en la cúpula de la banda terrorista entre 1992 y 2004, y enfocó el rumbo sangriento de las pistolas durante ese tiempo.
En la clandestinidad desde 1985, es uno de los etarras que más tiempo ha permanecido en la cumbre de la organización terrorista. Nada menos que doce años. Dirigió el aparato político de ETA tras la caída de la cúpula de Bidart en 1992 –un golpe demoledor para la banda– y fue el «cerebro» que marcó los calendarios, las estrategias y los nuevos objetivos del hacha y la serpiente. A él se le atribuye gran parte de la responsabilidad de la siniestra decisión de colocar en la diana de ETA a los concejales del PP y el PSOE en los años noventa. La etapa en la que la banda terrorista asesinó a sangre fría a Miguel Ángel Blanco, en 1997, ante el dolor impotente de toda España. Bajo su liderazgo, un pistolero de la banda también tiroteó al juez Francisco Tomás y Valiente, en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid en 1996.
Aun así, a pesar de ese historial, Antza no tiene cuentas pendientes con la Justicia española que justifiquen su arresto e ingreso en prisión tras cumplir condena en el país vecino. ¿Cómo es posible? La acusación más obvia, su integración en organización terrorista en grado de dirigente, no puede llevarse a cabo en España, pues ya ha sido juzgado por ese mismo concepto en Francia, en su equivalente de asociación de malhechores. Y no se puede juzgar a alguien dos veces por los mismos hechos, según un principio del Derecho Penal que funciona como una garantía para los ciudadanos, el conocido como «non bis in idem».
Además, no existen indicios concretos por ahora que permitan demostrar que Mikel Antza ordenó los asesinatos o atentados que se produjeron durante su etapa de dirigente, según informan a ABC fuentes jurídicas. Su cargo en la jefatura de la organización terrorista no basta: es necesaria una prueba específica que vincule al instigador con el hecho concreto, un demostración que ha dificultado tradicionalmente las condenas a los autores intelectuales de los delitos de ETA.
En la causa por delitos de lesa humanidad, un crimen contra la comunidad internacional, Antza se ha librado por los pelos. En este caso, la Audiencia Nacional investiga y juzgará a cuatro dirigentes de ETA como responsables de los asesinatos que se produjeron durante sus respectivos mandatos, al encuadrarse dentro de un ataque sistemático para eliminar a la población que se oponía a su proyecto totalitario. Este delito castiga la grave filosofía que movió a la banda ETA: eliminar físicamente «a quienes aparecen como un obstáculo para la consecución de sus objetivos políticos».
La convulsión del 11-M
En España, sin embargo, este delito sólo es perseguible para los actos que tuvieron lugar desde el 1 de octubre de 2004, el día en el que dicho crimen se incluyó en el Código Penal español. Eso deja fuera, por ejemplo, los asesinatos de ETA del 30 de mayo de 2003 de los policías nacionales Bonifacio Martín Hernado y Julián Embid Luna, con Antza en su dirección. Nuestro país además no ha ratificado la convención de las Naciones Unidas que fija el carácter imprescriptible de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de 1968.
Al ser arrestado el 3 de octubre, la persecución de la lesa humanidad estuvo en vigor dos días durante la actividad de Mikel Antza en la cúpula de ETA. Sin embargo, la necesidad de que el delito de lesa humanidad incluya un resultado de asesinato o secuestro le ha permitido librarse de la acusación. Por casualidad, ETA no cometió ningún atentado mortal esos días, entre el 1 y el 3 de octubre del 2004, en una etapa en la que la banda rebajó su carga asesina tras la convulsión que el 11-M causó en la sociedad española.
Consciente de la reacción que causaron en España los atentados yihadistas del 11 de marzo en Madrid, ETA asumió un perfil bajo y, como estrategia, no asesinó a nadie en todo el año. El fin fue evitar el reproche social. En 2004, ETA no dejó de matar durante un tiempo porque considerase que ninguna vida constituye un medio para un fin político. Solo tuvo miedo.
Ese parón calculado ha beneficiado a la larga a Mikel Antza en una causa en la que están procesados cuatro antiguos dirigentes etarras: Josu Ternera Urruticoechea, «Josu Ternera»; Garikoitz Aspiazu, «Txeroki»; Mikel Carrera Sarobe, «Ata», y Ángel Iriondo, «Barbas». La Audiencia Nacional les otorga un «alto nivel de capacidad decisoria» en la organización terrorista, desde el que ordenaron los atentados, suministraron el material y pudieron haber intervenido para evitar que sucedieran.
La ascensión de Mikel Antza a la cumbre de ETA no está así vinculada a delitos de sangre cometidos por él mismo. Su nombre se dio a conocer cuando preparó y protagonizó en 1985 la fuga de la cárcel de Martutene de los etarras Joseba Sarrionaindia e Ignacio Picabea, escondidos en unos altavoces tras un concierto del cantante Imanol. Mikel Antza se hizo pasar por técnico de sonido y los sacó de allí. Después se fugó a Francia y comenzó a colaborar con el entonces número dos de ETA José Luis Álvarez Santacristina, «Txelis», a quien después sustituyó. Y el mismo se convirtió en la serpiente.
Artífice de las treguas trampa.
Mikel Antza tomó el relevo de la cúpula etarra caída en Bidart (Francia) en 1992. Desde su rol como jefe político, el terrorista diseñó la estrategia de ETA hasta 2004, durante doce años, un periodo en el que la banda asesinó a 120 personas. En la cúpula, Antza guió a los etarras a los asesinatos de concejales del PP y del PSE, y dirigió los periodos de tregua trampa de la banda. Él mismo se reunió con los representantes del Gobierno de Aznar en Ginebra en 1999, cuando ETA intentó chantajear al Ejecutivo con la exigencia de «no más asesinatos a cambio de la independencia». También tuvo un encuentro con el antiguo líder de ERC Josep Lluís Carod Rovira, con quien pactó una tregua acotada a Cataluña. Defensor de la violencia sin fisuras y pareja de la etarra Soledad Iparraguirre «Anboto», fue arrestado en una casa de campo en Francia en 2004. En la última sesión del juicio, en París, gritó: «Gora ETA».
«Mikel Antza» ha cumplido quince años de cárcel a pesar de ser el cerebro de ETA entre 1992 y 2004 como jefe político.
Es el artífice del giro de la banda terrorista a los asesinatos de concejales del PP y del PSE en los años noventa.
Luis P. Arechederra.
Madrid.
Actualizado:
27/01/2019 03:25h.
El anagrama de la banda terrorista ETA lo conforman una serpiente, que alude a una supuesta astucia al servicio del mal, y un hacha, que representa la fuerza mal ejercida del terrorismo. Si un solo etarra encarnase todo lo que significa esa maldita serpiente sería Mikel Albizu Iriarte, alias «Mikel Antza».
Tras cumplir quince años de prisión en Francia, después de ser arrestado en 2004, Mikel Antza quedó en libertad la semana pasada. Fue expulsado y llegó al aeropuerto de Barajas (Madrid), pero la Policía no pudo colocarle las esposas y parar sus movimientos. Sin cuentas pendientes con la Justicia española, sin una pista concreta que le vincule con un atentado, Mikel Antza es un hombre libre, según las reglas del juego que todos aceptamos. Francia considera que ha cumplido íntegramente su pena, tras ser condenado a 20 años de prisión en 2010.
Miguel Ángel Blanco
Su estancia en la cárcel, sin embargo, no se corresponde con el poderoso rol que el terrorista ejerció en los años noventa, cuando la sociedad española estalló contra el terror de ETA. A Antza, que hoy tiene 58 años, se le sitúa detrás de esa crueldad. Con fama de intelectual en los círculos de la izquierda abertzale, dejó su huella siniestra en la banda. Él era la serpiente, mientras otros etarras empuñaron el hacha.
Un cúmulo de circunstancias desafortunadas han impedido que pise la cárcel española un terrorista con mayúsculas, hijo de uno de los fundadores de ETA. Antza permaneció en la cúpula de la banda terrorista entre 1992 y 2004, y enfocó el rumbo sangriento de las pistolas durante ese tiempo.
En la clandestinidad desde 1985, es uno de los etarras que más tiempo ha permanecido en la cumbre de la organización terrorista. Nada menos que doce años. Dirigió el aparato político de ETA tras la caída de la cúpula de Bidart en 1992 –un golpe demoledor para la banda– y fue el «cerebro» que marcó los calendarios, las estrategias y los nuevos objetivos del hacha y la serpiente. A él se le atribuye gran parte de la responsabilidad de la siniestra decisión de colocar en la diana de ETA a los concejales del PP y el PSOE en los años noventa. La etapa en la que la banda terrorista asesinó a sangre fría a Miguel Ángel Blanco, en 1997, ante el dolor impotente de toda España. Bajo su liderazgo, un pistolero de la banda también tiroteó al juez Francisco Tomás y Valiente, en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid en 1996.
Aun así, a pesar de ese historial, Antza no tiene cuentas pendientes con la Justicia española que justifiquen su arresto e ingreso en prisión tras cumplir condena en el país vecino. ¿Cómo es posible? La acusación más obvia, su integración en organización terrorista en grado de dirigente, no puede llevarse a cabo en España, pues ya ha sido juzgado por ese mismo concepto en Francia, en su equivalente de asociación de malhechores. Y no se puede juzgar a alguien dos veces por los mismos hechos, según un principio del Derecho Penal que funciona como una garantía para los ciudadanos, el conocido como «non bis in idem».
Además, no existen indicios concretos por ahora que permitan demostrar que Mikel Antza ordenó los asesinatos o atentados que se produjeron durante su etapa de dirigente, según informan a ABC fuentes jurídicas. Su cargo en la jefatura de la organización terrorista no basta: es necesaria una prueba específica que vincule al instigador con el hecho concreto, un demostración que ha dificultado tradicionalmente las condenas a los autores intelectuales de los delitos de ETA.
En la causa por delitos de lesa humanidad, un crimen contra la comunidad internacional, Antza se ha librado por los pelos. En este caso, la Audiencia Nacional investiga y juzgará a cuatro dirigentes de ETA como responsables de los asesinatos que se produjeron durante sus respectivos mandatos, al encuadrarse dentro de un ataque sistemático para eliminar a la población que se oponía a su proyecto totalitario. Este delito castiga la grave filosofía que movió a la banda ETA: eliminar físicamente «a quienes aparecen como un obstáculo para la consecución de sus objetivos políticos».
La convulsión del 11-M
En España, sin embargo, este delito sólo es perseguible para los actos que tuvieron lugar desde el 1 de octubre de 2004, el día en el que dicho crimen se incluyó en el Código Penal español. Eso deja fuera, por ejemplo, los asesinatos de ETA del 30 de mayo de 2003 de los policías nacionales Bonifacio Martín Hernado y Julián Embid Luna, con Antza en su dirección. Nuestro país además no ha ratificado la convención de las Naciones Unidas que fija el carácter imprescriptible de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de 1968.
Al ser arrestado el 3 de octubre, la persecución de la lesa humanidad estuvo en vigor dos días durante la actividad de Mikel Antza en la cúpula de ETA. Sin embargo, la necesidad de que el delito de lesa humanidad incluya un resultado de asesinato o secuestro le ha permitido librarse de la acusación. Por casualidad, ETA no cometió ningún atentado mortal esos días, entre el 1 y el 3 de octubre del 2004, en una etapa en la que la banda rebajó su carga asesina tras la convulsión que el 11-M causó en la sociedad española.
Consciente de la reacción que causaron en España los atentados yihadistas del 11 de marzo en Madrid, ETA asumió un perfil bajo y, como estrategia, no asesinó a nadie en todo el año. El fin fue evitar el reproche social. En 2004, ETA no dejó de matar durante un tiempo porque considerase que ninguna vida constituye un medio para un fin político. Solo tuvo miedo.
Ese parón calculado ha beneficiado a la larga a Mikel Antza en una causa en la que están procesados cuatro antiguos dirigentes etarras: Josu Ternera Urruticoechea, «Josu Ternera»; Garikoitz Aspiazu, «Txeroki»; Mikel Carrera Sarobe, «Ata», y Ángel Iriondo, «Barbas». La Audiencia Nacional les otorga un «alto nivel de capacidad decisoria» en la organización terrorista, desde el que ordenaron los atentados, suministraron el material y pudieron haber intervenido para evitar que sucedieran.
La ascensión de Mikel Antza a la cumbre de ETA no está así vinculada a delitos de sangre cometidos por él mismo. Su nombre se dio a conocer cuando preparó y protagonizó en 1985 la fuga de la cárcel de Martutene de los etarras Joseba Sarrionaindia e Ignacio Picabea, escondidos en unos altavoces tras un concierto del cantante Imanol. Mikel Antza se hizo pasar por técnico de sonido y los sacó de allí. Después se fugó a Francia y comenzó a colaborar con el entonces número dos de ETA José Luis Álvarez Santacristina, «Txelis», a quien después sustituyó. Y el mismo se convirtió en la serpiente.
Artífice de las treguas trampa.
Mikel Antza tomó el relevo de la cúpula etarra caída en Bidart (Francia) en 1992. Desde su rol como jefe político, el terrorista diseñó la estrategia de ETA hasta 2004, durante doce años, un periodo en el que la banda asesinó a 120 personas. En la cúpula, Antza guió a los etarras a los asesinatos de concejales del PP y del PSE, y dirigió los periodos de tregua trampa de la banda. Él mismo se reunió con los representantes del Gobierno de Aznar en Ginebra en 1999, cuando ETA intentó chantajear al Ejecutivo con la exigencia de «no más asesinatos a cambio de la independencia». También tuvo un encuentro con el antiguo líder de ERC Josep Lluís Carod Rovira, con quien pactó una tregua acotada a Cataluña. Defensor de la violencia sin fisuras y pareja de la etarra Soledad Iparraguirre «Anboto», fue arrestado en una casa de campo en Francia en 2004. En la última sesión del juicio, en París, gritó: «Gora ETA».