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>>>>>>>>> " ¡DEJEN DE UTILIZAR EL FANTASMA DE ETA!": las hijas de Ernest Lluch piden respeto para todas las víctimas 20 años después de su asesinato

Se cumplen 20 años del asesinato del dirigente socialista catalán, partidario del diálogo y del acercamiento de presos para acabar con el conflicto en Euskadi
infoLibre conversa con sus hijas Rosa y Eulàlia y con su amigo Odón Elorza: los tres denuncian la utilización de las víctimas del terrorismo

El día que Iñaki Krutxaga le mató de dos disparos en la cabeza en el garaje de su casa, hace este sábado exactamente 20 años, Ernest Lluch estaba preocupado por su seguridad. En el pasado había recibido amenazas y la ofensiva que el comando Barcelona había puesto en marcha en aquellos días le había hecho temer por su vida.

Eran los tiempos en los que el duro Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, dirigía ETA y quería disipar cualquier tentación de que el diálogo pusiese fin a tantos años de sufrimiento. Y diálogo era, según quienes le conocían, lo que encarnaba Ernest Lluch. Matarle a él era matar el diálogo.

Hoy sería “un político raro”, por infrecuente, admite su amigo el diputado en el Congreso Odón Elorza: ”Era un hombre muy abierto a hablar con interlocutores de pensamiento diferente”. Tanto que cuando dejó la política activa y el Ministerio de Sanidad (que dirigió entre los años 1982 y 1986, durante el primer Gobierno de Felipe González, el tiempo justo para poner en pie la Ley General de Sanidad que todavía está en vigor) “pasó a ser un hombre con libertad de opinión, sin dependencias y sin sectarismos”. Siempre dispuesto a investigar en busca de soluciones, también para el conflicto vasco.

“En ese sentido era un intelectual y un político incómodo”, incluso para su partido, remarca Elorza, que fue alcalde de Donostia en los años que trabaron vínculos personales. El nuevo lema que eligió para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) cuando aceptó el puesto de rector, “Atrévete a pensar”, retrata su espíritu.

Su audacia quedó por escrito en muchos de los artículos que dejó. Uno de ellos, firmado al alimón con el también heterodoxo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y publicado en el diario El País el 18 de septiembre de 1999, un año antes de su asesinato, llama la atención por su actualidad. “El sentimiento constitucional, la verdadera lealtad constitucional, exige hacer cuanto se pueda por conseguir que todas las fuerzas políticas vascas se 'enganchen' al bloque de constitucionalidad. Y eso hay que hacerlo no reabriendo un periodo constituyente, pero sí reviviendo el espíritu constituyente de imaginación, generosidad, transacción y consenso. Sin aferrarse a las palabras, sino atreviéndose a escribir palabras nuevas”.

Era un hombre tranquilo, pero también lleno de coraje. El mitin en la Plaza de la Constitución de San Sebastián en el que se encaró con los abertzales para pedirles que gritasen más, porque mientras gritaban no mataban, formaba parte de la campaña a la alcaldía de Odón Elorza. ”No esperábamos que hubiese una respuesta de la izquierda abertzale, del mundo proetarra de la parte vieja, con aquellos carteles de los presos. Y la verdad es que Ernest se calentó, porque tenía una gran esperanza en que aquella tregua fructificase”.

El 21 de noviembre de 2000, cuando Lluch aparcó su coche en el garaje de su casa de Barcelona, le estaban esperando. El etarra Iñaki Krutxaga acabó con su vida disparándole dos veces por la espalda. Fuera se había quedado cubriendo su vía de escape Lierni Armendariz. El tercer integrante del comando, Fernando García Jodrá, estaba en el piso franco, esperando.

Fueron detenidos apenas dos meses después, casi por casualidad, gracias a dos agentes de la guardia urbana de Barcelona. Krutxaga, el autor material, es hoy uno de los menos de diez irreductibles que, según Interior, aún reivindican la violencia en las cárceles españolas, y cumple condena en la prisión de Castellón I. Jodrá está en la de Huelva, pero Armendariz acaba de ser trasladada desde la prisión de A Lama, en Pontevedra, a la de El Dueso, en Cantabria. Está encarcelada desde enero de 2001, y hasta diciembre de 2023 no cumplirá las tres cuartas partes de su condena. Aceptó la legalidad penitenciaria y se comprometió a hacer frente a la responsabilidad civil. Interior justificó también su traslado en “razones amparadas por la Ley de Protección de Datos”, lo que habitualmente tiene que ver con su estado de salud.

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