ISABEL SAN SEBASTIÁN.
Carmena y Colau salvan la poltrona Isabel San Sebastián.
Las marcas de Podemos representan el papel del perfecto cobarde en la tragedia catalana.
15/09/2017.
Afirma Manuela Carmena, flamante alcaldesa de Madrid, que el referéndum secesionista convocado por el ejecutivo autonómico catalán no es ilegal, ya que ningún tribunal ha sentenciado expresamente que lo sea. ¿Ignorancia o desfachatez? Considerando la profesión desempeñada por la regidora hasta su jubilación, me inclino por la segunda opción, toda vez que doña Manuela ejerció de jueza y no puede desconocer la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, que establece en su artículo 2: «1. La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades es competencia exclusiva del Estado. 2. La autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta de su presidente, salvo en el caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados. 3. Corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su presidente». Para cualquiera que sepa leer, la ilegalidad de la consulta soberanista objeto de disputa resulta patente a la luz del ordenamiento jurídico, con carácter previo a un eventual pronunciamiento judicial, por más que ciertos togados confundan el poder que les otorga la Carta Magna con el correspondiente al Legislativo. La señora Carmena sabe, por tanto, o debería saber, que la pretensión de Puigdemont y sus adláteres entra de lleno en el terreno de lo delictivo y que ceder locales municipales para la celebración de un acto destinado a promover ese delito coloca al Ayuntamiento en un terreno cercano al de la complicidad. De ahí que un juez de instrucción madrileño haya prohibido la cesión y obligado a los organizadores de la fiesta pro-golpista a buscar ubicación en otra parte y pagársela de su bolsillo. Nuestra alcaldesa acata, pero discrepa, como hace su correligionaria Colau.
Y es que ante este desafío del separatismo a la nación, la democracia, la convivencia, la ley y la lógica, hay quien opta por secundar el golpe y arrostrar las consecuencias que puedan derivarse de esa conducta (inhabilitación, multa e incluso quién sabe si cárcel, en caso de que esta vez el Estado, por mano de la Fiscalía y el Ministerio del Interior, se ponga firme y cumpla de con su obligación de hacerse respetar); hay quien se opone a la intentona y utiliza todos los medios políticos y jurídicos a su alcance para impedir la consumación del delito (PP, Ciudadanos, gobierno de España y PSOE, este último con la boca chica, no sabemos hasta cuándo); y luego están los mediopensionistas que «ni chicha ni limoná». O sea, Podemos y sus marcas blancas. Ellos se dicen orgullosos de ser españoles (Pablo Iglesias dixit), pero respaldan con entusiasmo a quienes quieren romper España. Se llenan la boca de la palabra «democracia», pero desprecian las reglas del juego que dan sentido al vocablo. Se manifiestan junto a los golpistas, suscribiendo su pretensión de robarnos la soberanía, pero les falta valor para jugarse el puesto desobedeciendo al Tribunal Constitucional que prohíbe colocar las urnas. Ellos nadan y guardan la ropa. Representan en esta tragedia el papel del perfecto cobarde.
Manuela Carmena no cederá el local municipal prometido a los patrocinadores del referéndum ilegal y Ada Colau no facilitará las instalaciones del Consistorio barcelonés para la celebración del mismo, aunque una y otra dicen apoyar el presunto derecho de los independentistas a decidir unilateralmente el destino de Cataluña y de España. Los votos y la poltrona pesan más que las convicciones. El coche oficial prevalece sobre la ideología. La coherencia sale muy cara cuando hay algo que arriesgar y Madrid o Barcelona bien valen una incongruencia.
Isabel San Sebastián.
Carmena y Colau salvan la poltrona Isabel San Sebastián.
Las marcas de Podemos representan el papel del perfecto cobarde en la tragedia catalana.
15/09/2017.
Afirma Manuela Carmena, flamante alcaldesa de Madrid, que el referéndum secesionista convocado por el ejecutivo autonómico catalán no es ilegal, ya que ningún tribunal ha sentenciado expresamente que lo sea. ¿Ignorancia o desfachatez? Considerando la profesión desempeñada por la regidora hasta su jubilación, me inclino por la segunda opción, toda vez que doña Manuela ejerció de jueza y no puede desconocer la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, que establece en su artículo 2: «1. La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades es competencia exclusiva del Estado. 2. La autorización será acordada por el Gobierno, a propuesta de su presidente, salvo en el caso en que esté reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados. 3. Corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su presidente». Para cualquiera que sepa leer, la ilegalidad de la consulta soberanista objeto de disputa resulta patente a la luz del ordenamiento jurídico, con carácter previo a un eventual pronunciamiento judicial, por más que ciertos togados confundan el poder que les otorga la Carta Magna con el correspondiente al Legislativo. La señora Carmena sabe, por tanto, o debería saber, que la pretensión de Puigdemont y sus adláteres entra de lleno en el terreno de lo delictivo y que ceder locales municipales para la celebración de un acto destinado a promover ese delito coloca al Ayuntamiento en un terreno cercano al de la complicidad. De ahí que un juez de instrucción madrileño haya prohibido la cesión y obligado a los organizadores de la fiesta pro-golpista a buscar ubicación en otra parte y pagársela de su bolsillo. Nuestra alcaldesa acata, pero discrepa, como hace su correligionaria Colau.
Y es que ante este desafío del separatismo a la nación, la democracia, la convivencia, la ley y la lógica, hay quien opta por secundar el golpe y arrostrar las consecuencias que puedan derivarse de esa conducta (inhabilitación, multa e incluso quién sabe si cárcel, en caso de que esta vez el Estado, por mano de la Fiscalía y el Ministerio del Interior, se ponga firme y cumpla de con su obligación de hacerse respetar); hay quien se opone a la intentona y utiliza todos los medios políticos y jurídicos a su alcance para impedir la consumación del delito (PP, Ciudadanos, gobierno de España y PSOE, este último con la boca chica, no sabemos hasta cuándo); y luego están los mediopensionistas que «ni chicha ni limoná». O sea, Podemos y sus marcas blancas. Ellos se dicen orgullosos de ser españoles (Pablo Iglesias dixit), pero respaldan con entusiasmo a quienes quieren romper España. Se llenan la boca de la palabra «democracia», pero desprecian las reglas del juego que dan sentido al vocablo. Se manifiestan junto a los golpistas, suscribiendo su pretensión de robarnos la soberanía, pero les falta valor para jugarse el puesto desobedeciendo al Tribunal Constitucional que prohíbe colocar las urnas. Ellos nadan y guardan la ropa. Representan en esta tragedia el papel del perfecto cobarde.
Manuela Carmena no cederá el local municipal prometido a los patrocinadores del referéndum ilegal y Ada Colau no facilitará las instalaciones del Consistorio barcelonés para la celebración del mismo, aunque una y otra dicen apoyar el presunto derecho de los independentistas a decidir unilateralmente el destino de Cataluña y de España. Los votos y la poltrona pesan más que las convicciones. El coche oficial prevalece sobre la ideología. La coherencia sale muy cara cuando hay algo que arriesgar y Madrid o Barcelona bien valen una incongruencia.
Isabel San Sebastián.