HORIZONTE.
Afrenta desbaratada.
El objetivo de la pacífica abuelita Carmena se ha logrado: arrastrar por el fango a gente honorable.
Ramón Pérez-Maura.
Actualizado:
19/07/2019 00:19h.
Confieso que los días que tengo la suerte de almorzar en mi casa aprovecho para dar una cabezada mientras veo el «Telediario-1». De vez en cuando, entre nubes, algún titular te despierta. Lo del miércoles pasado fue notable. A medio programa Ana Blanco anunció que la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas -la que resuelve las apelaciones- había absuelto a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a su equipo de siete colaboradores de la condena que les había impuesto el mismo tribunal el año pasado por haber vendido fraudulentamente 8.844 viviendas a empresas de las llamadas «fondos buitre». Lo que de verdad me impactó fue el oír a la periodista aclarar en la breve noticia que la sentencia había sido adoptada por dos votos a uno y que uno de esos dos votos había sido de «Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra en el Gobierno de José María Aznar». Otros medios se sumaron ayer a esa turbia insinuación de prevaricación.
Para poder entender la relevancia de ese dato, habría que explicar también que Mariscal de Gante es magistrada de carrera y que el voto en contra vino de un miembro de la sala, Felipe García Ortiz, que no es de carrera. Igualmente, se entendería mucho mejor todo lo ocurrido si el público conociera que la consejera del tribunal que dictó la sentencia ahora tumbada por instancia superior, doña María Antonia Lozano, tampoco es magistrada. Es una abogada laboralista ya activa en la década de 1970. Ella tomó la precaución -que no era más que un truco autoexculpatorio- de recusarse aduciendo que Marta Higueras, número dos del equipo de Carmena, había sido la jefa de su secretaría en el Tribunal. Se le dijo que eso no era causa de recusación. Pero ella ocultó la íntima amistad que le une a Carmena desde la década de 1970.
Sucede además que en este proceso, la Fiscalía ha estado alineada con la defensa casi sin matices y en todo momento. La primera instructora de la causa también pidió que ésta se archivara. Pero nada, esto siguió porque llegó a las manos adecuadas. A las manos de quien le importaba una higa la Justicia. Sentenció entonces a los ocho condenados a pagar de su patrimonio personal 25,8 millones de euros. Es decir, el objetivo era no sólo la destrucción de la vida política de unas personas honorables: buscaba su destrucción personal y familiar, pues eso es lo que le ocurre a cualquiera que tenga que asumir una condena así. Y en ese grado de destrucción no creía ni el consejero de voto discrepante, que pide en la última sentencia rebajar la condena a la décima parte de la cifra originaria. Otra cosa.
La redacción de la sentencia de la Sala de Enjuiciamiento es además extremadamente contundente en muchos aspectos que bastantes medios prefieren ocultar. Así, dice que hay valoraciones donde debería haber hechos probados; afirma que el relato de los hechos es defectuoso; niega la responsabilidad directa de los miembros de la Junta de Gobierno; no acepta la argumentación en la que se basa la consejera del Tribunal de Cuentas para establecer el valor teórico de las viviendas y afirma que no es irrelevante el contexto en que se producen esas operaciones, dado que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo estaba a punto de quebrar. Ni una, oiga.
Estas ocho personas, víctimas de una persecución estalinista, que han sido absueltas han visto su nombre embardunado y sus familias amenazadas por una sentencia política dictada por una consejera que afortunadamente ha sido desautorizada por órganos superiores. Pero el objetivo de la pacífica abuelita Carmena, tan buena gente ella, ha sido logrado: arrastrar por el fango el nombre de unas personas con una honorabilidad muy superior a la de la exalcaldesa. Sin matices.
Ramón Pérez-Maura.
Articulista de Opinión.
Afrenta desbaratada.
El objetivo de la pacífica abuelita Carmena se ha logrado: arrastrar por el fango a gente honorable.
Ramón Pérez-Maura.
Actualizado:
19/07/2019 00:19h.
Confieso que los días que tengo la suerte de almorzar en mi casa aprovecho para dar una cabezada mientras veo el «Telediario-1». De vez en cuando, entre nubes, algún titular te despierta. Lo del miércoles pasado fue notable. A medio programa Ana Blanco anunció que la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas -la que resuelve las apelaciones- había absuelto a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a su equipo de siete colaboradores de la condena que les había impuesto el mismo tribunal el año pasado por haber vendido fraudulentamente 8.844 viviendas a empresas de las llamadas «fondos buitre». Lo que de verdad me impactó fue el oír a la periodista aclarar en la breve noticia que la sentencia había sido adoptada por dos votos a uno y que uno de esos dos votos había sido de «Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra en el Gobierno de José María Aznar». Otros medios se sumaron ayer a esa turbia insinuación de prevaricación.
Para poder entender la relevancia de ese dato, habría que explicar también que Mariscal de Gante es magistrada de carrera y que el voto en contra vino de un miembro de la sala, Felipe García Ortiz, que no es de carrera. Igualmente, se entendería mucho mejor todo lo ocurrido si el público conociera que la consejera del tribunal que dictó la sentencia ahora tumbada por instancia superior, doña María Antonia Lozano, tampoco es magistrada. Es una abogada laboralista ya activa en la década de 1970. Ella tomó la precaución -que no era más que un truco autoexculpatorio- de recusarse aduciendo que Marta Higueras, número dos del equipo de Carmena, había sido la jefa de su secretaría en el Tribunal. Se le dijo que eso no era causa de recusación. Pero ella ocultó la íntima amistad que le une a Carmena desde la década de 1970.
Sucede además que en este proceso, la Fiscalía ha estado alineada con la defensa casi sin matices y en todo momento. La primera instructora de la causa también pidió que ésta se archivara. Pero nada, esto siguió porque llegó a las manos adecuadas. A las manos de quien le importaba una higa la Justicia. Sentenció entonces a los ocho condenados a pagar de su patrimonio personal 25,8 millones de euros. Es decir, el objetivo era no sólo la destrucción de la vida política de unas personas honorables: buscaba su destrucción personal y familiar, pues eso es lo que le ocurre a cualquiera que tenga que asumir una condena así. Y en ese grado de destrucción no creía ni el consejero de voto discrepante, que pide en la última sentencia rebajar la condena a la décima parte de la cifra originaria. Otra cosa.
La redacción de la sentencia de la Sala de Enjuiciamiento es además extremadamente contundente en muchos aspectos que bastantes medios prefieren ocultar. Así, dice que hay valoraciones donde debería haber hechos probados; afirma que el relato de los hechos es defectuoso; niega la responsabilidad directa de los miembros de la Junta de Gobierno; no acepta la argumentación en la que se basa la consejera del Tribunal de Cuentas para establecer el valor teórico de las viviendas y afirma que no es irrelevante el contexto en que se producen esas operaciones, dado que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo estaba a punto de quebrar. Ni una, oiga.
Estas ocho personas, víctimas de una persecución estalinista, que han sido absueltas han visto su nombre embardunado y sus familias amenazadas por una sentencia política dictada por una consejera que afortunadamente ha sido desautorizada por órganos superiores. Pero el objetivo de la pacífica abuelita Carmena, tan buena gente ella, ha sido logrado: arrastrar por el fango el nombre de unas personas con una honorabilidad muy superior a la de la exalcaldesa. Sin matices.
Ramón Pérez-Maura.
Articulista de Opinión.