EDITORIAL ABC.
La pandemia con democracia.
A la falta de liderazgo nacional, que, más que nunca, correspondería al Gobierno, no debe sumarse la desactivación de los mecanismos de control constitucional al poder político.
ABC.
Actualizado: 09/11/2020 00:19h.
La evolución de la pandemia de la Covid-19 en España está demostrando que el Gobierno somete sus reacciones a criterios políticos. Sus decisiones sobre medidas sanitarias, restricciones de movimientos, competencias autonómicas, imposición y prórroga del estado de alarma y, en general, mensajes a los ciudadanos generan más problemas que soluciones. El caso de la Comunidad de Madrid es paradigmático. Después de concentrar en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, toda la crítica política y técnica imaginable, el Gobierno se ha visto desautorizado por la eficacia de las medidas tomadas por el Ejecutivo madrileño. El estado de alarma hecho a la medida contra Díaz Ayuso y del puente de El Pilar, además de constituir una anomalía constitucional y una represalia por el revés judicial que sufrió el ministro de Sanidad, no ha aportado nada a la reducción de las cifras de la pandemia en Madrid. Los confinamientos por áreas básicas de salud se han revelado más útiles para mitigar la difusión del virus que los cierres del territorio autonómico. Esto no quiere decir que la situación en Madrid sea buena. Es mejor que hace unas semanas y mejor que en la mayoría del resto de las comunidades, pero sigue siendo muy grave.
En todo caso, el Gobierno ha vuelto a engancharse a Madrid, esta vez para eludir el debate sobre el confinamiento domiciliario que le han planteado varios gobiernos autonómicos. Ahora, la buena marcha de los datos en Madrid y, en menor medida, en Cataluña, permite a Sánchez mantenerse refugiado en la delegación de competencias a las comunidades prevista para el actual estado de alarma. Sin embargo, el decreto vigente prevé restricciones de movilidad, pero no confinamientos de los ciudadanos en sus domicilios. Es esta una medida extrema, con una carga económica evidente, pero también psicológica, porque no todos los ciudadanos pueden confinarse en condiciones adecuadas. El recuerdo del confinamiento general de marzo aún duele.
El Gobierno debería asumir este debate y darle una solución jurídica y política. El actual estado de alarma es un fraude constitucional, porque se halla en una prórroga de seis de meses desde hoy mismo. Si hubiera que confinar en domicilios, o el Gobierno aprueba un nuevo decreto de estado de alarma, derogando el actual, o lleva al Congreso una propuesta de modificación del vigente. La primera opción supondría la imposición de un confinamiento domiciliario sin control parlamentario hasta que se debatiera su prórroga. La segunda opción obligaría al Gobierno a pedir del Congreso la aprobación de las nuevas medidas. Es hora de exigir un verdadero control parlamentario y constitucional sobre las restricciones a las libertades individuales. Obligar a los ciudadanos a estar recluidos en sus casas es una medida excepcional en un Estado de Derecho y democrático. La dramática novedad de la pandemia en marzo pasado hizo que la sociedad mirara a otro lado ante medidas de limitación de derechos de constitucionalidad más que dudosas. En esta segunda oleada del virus, no se puede reaccionar igual. Por eso, es preocupante comprobar que el TC está llegando tarde a su cita con los derechos de los españoles a saber cuáles son los límites del estado de alarma y de los poderes del Gobierno.
El Parlamento y el TC no pueden ser partícipes de esta acumulación de decisiones políticas sobre las que se ha construido un sistema de imposiciones al ciudadano, sin una certeza clara sobre su constitucionalidad. A la falta de liderazgo, que correspondería al Gobierno, no debe sumarse la desactivación de los mecanismos de control constitucional al poder político. Este es el riesgo actual de España, el de una pandemia sin democracia.
La pandemia con democracia.
A la falta de liderazgo nacional, que, más que nunca, correspondería al Gobierno, no debe sumarse la desactivación de los mecanismos de control constitucional al poder político.
ABC.
Actualizado: 09/11/2020 00:19h.
La evolución de la pandemia de la Covid-19 en España está demostrando que el Gobierno somete sus reacciones a criterios políticos. Sus decisiones sobre medidas sanitarias, restricciones de movimientos, competencias autonómicas, imposición y prórroga del estado de alarma y, en general, mensajes a los ciudadanos generan más problemas que soluciones. El caso de la Comunidad de Madrid es paradigmático. Después de concentrar en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, toda la crítica política y técnica imaginable, el Gobierno se ha visto desautorizado por la eficacia de las medidas tomadas por el Ejecutivo madrileño. El estado de alarma hecho a la medida contra Díaz Ayuso y del puente de El Pilar, además de constituir una anomalía constitucional y una represalia por el revés judicial que sufrió el ministro de Sanidad, no ha aportado nada a la reducción de las cifras de la pandemia en Madrid. Los confinamientos por áreas básicas de salud se han revelado más útiles para mitigar la difusión del virus que los cierres del territorio autonómico. Esto no quiere decir que la situación en Madrid sea buena. Es mejor que hace unas semanas y mejor que en la mayoría del resto de las comunidades, pero sigue siendo muy grave.
En todo caso, el Gobierno ha vuelto a engancharse a Madrid, esta vez para eludir el debate sobre el confinamiento domiciliario que le han planteado varios gobiernos autonómicos. Ahora, la buena marcha de los datos en Madrid y, en menor medida, en Cataluña, permite a Sánchez mantenerse refugiado en la delegación de competencias a las comunidades prevista para el actual estado de alarma. Sin embargo, el decreto vigente prevé restricciones de movilidad, pero no confinamientos de los ciudadanos en sus domicilios. Es esta una medida extrema, con una carga económica evidente, pero también psicológica, porque no todos los ciudadanos pueden confinarse en condiciones adecuadas. El recuerdo del confinamiento general de marzo aún duele.
El Gobierno debería asumir este debate y darle una solución jurídica y política. El actual estado de alarma es un fraude constitucional, porque se halla en una prórroga de seis de meses desde hoy mismo. Si hubiera que confinar en domicilios, o el Gobierno aprueba un nuevo decreto de estado de alarma, derogando el actual, o lleva al Congreso una propuesta de modificación del vigente. La primera opción supondría la imposición de un confinamiento domiciliario sin control parlamentario hasta que se debatiera su prórroga. La segunda opción obligaría al Gobierno a pedir del Congreso la aprobación de las nuevas medidas. Es hora de exigir un verdadero control parlamentario y constitucional sobre las restricciones a las libertades individuales. Obligar a los ciudadanos a estar recluidos en sus casas es una medida excepcional en un Estado de Derecho y democrático. La dramática novedad de la pandemia en marzo pasado hizo que la sociedad mirara a otro lado ante medidas de limitación de derechos de constitucionalidad más que dudosas. En esta segunda oleada del virus, no se puede reaccionar igual. Por eso, es preocupante comprobar que el TC está llegando tarde a su cita con los derechos de los españoles a saber cuáles son los límites del estado de alarma y de los poderes del Gobierno.
El Parlamento y el TC no pueden ser partícipes de esta acumulación de decisiones políticas sobre las que se ha construido un sistema de imposiciones al ciudadano, sin una certeza clara sobre su constitucionalidad. A la falta de liderazgo, que correspondería al Gobierno, no debe sumarse la desactivación de los mecanismos de control constitucional al poder político. Este es el riesgo actual de España, el de una pandemia sin democracia.