EDITORIAL ABC.
Hora de homogeneizar las normas.
Mientras la OMS aboga por políticas homogéneas, en España, entre la dejadez del Gobierno central y la inacción del Parlamento, los responsables autonómicos deshojan la margarita cada vez que piden la ratificación judicial de sus medidas.
ABC.
Actualizado: 21/08/2020 23:09h.
La decisión de un Juzgado de no ratificar las medidas acordadas por el Ejecutivo madrileño frente a la reactivación de la pandemia -clausura de discotecas y locales de ocio y prohibición de fumar si no hay distancia de seguridad- demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez cerró en falso el estado de alarma e inauguró una «nueva normalidad» con muchas carencias legales. En todo caso, la Comunidad de Madrid va a pedir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 que aclare su decisión porque la considera incongruente con otras adoptadas por otros juzgados madrileños. Sin embargo, la aclaración pedida no modificará lo ya decidido por el juzgado, que sólo puede ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aun cuando el Gobierno madrileño tenga razón en su queja por la decisión del Juzgado, la disparidad de decisiones de los tribunales sobre medidas autonómicas aconsejaba desde hace tiempo una reforma legal desde el Congreso de los Diputados. Reforma que el Partido Popular pidió antes de que finalizara el estado de alarma y que fue despreciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El generoso apoyo de Ciudadanos a Sánchez tampoco fue empleado para lograr esa reforma. Lo cierto es que las decisiones judiciales no solo son dispares entre Comunidades Autónomas, sino entre tribunales de la misma provincia.
Hay jueces que dudan de que, sin estado de alarma, un gobierno autonómico pueda restringir libertades y derechos al amparo solo de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Al margen de que se compartan o no estas dudas, la disparidad de criterios entre juzgados es una realidad a la que no se está haciendo frente desde el poder legislativo. El resultado de esta fragmentación judicial es la inseguridad jurídica, la confusión social y la discordia política. Mientras la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea abogan por políticas homogéneas contra el virus, en España, entre la dejadez del Gobierno central y la inacción del Parlamento, los responsables autonómicos deshojan la margarita cada vez que piden la ratificación judicial de sus medidas. Entre tanto, un ciudadano español que recorra España tendrá que preguntar en cada Comunidad Autónoma qué puede hacer y qué no.
También es cierto que algunas resoluciones judiciales introducen exigencias que no parecen responder a la legalidad vigente, sino al rigorismo jurídico del juez, pero la independencia judicial tiene estos costes y para eso están, por un lado, los recursos ante tribunales superiores y, por otro, la capacidad del Gobierno central para impulsar reformas legales y la del Parlamento, para aprobarlas.
Hora de homogeneizar las normas.
Mientras la OMS aboga por políticas homogéneas, en España, entre la dejadez del Gobierno central y la inacción del Parlamento, los responsables autonómicos deshojan la margarita cada vez que piden la ratificación judicial de sus medidas.
ABC.
Actualizado: 21/08/2020 23:09h.
La decisión de un Juzgado de no ratificar las medidas acordadas por el Ejecutivo madrileño frente a la reactivación de la pandemia -clausura de discotecas y locales de ocio y prohibición de fumar si no hay distancia de seguridad- demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez cerró en falso el estado de alarma e inauguró una «nueva normalidad» con muchas carencias legales. En todo caso, la Comunidad de Madrid va a pedir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 que aclare su decisión porque la considera incongruente con otras adoptadas por otros juzgados madrileños. Sin embargo, la aclaración pedida no modificará lo ya decidido por el juzgado, que sólo puede ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aun cuando el Gobierno madrileño tenga razón en su queja por la decisión del Juzgado, la disparidad de decisiones de los tribunales sobre medidas autonómicas aconsejaba desde hace tiempo una reforma legal desde el Congreso de los Diputados. Reforma que el Partido Popular pidió antes de que finalizara el estado de alarma y que fue despreciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El generoso apoyo de Ciudadanos a Sánchez tampoco fue empleado para lograr esa reforma. Lo cierto es que las decisiones judiciales no solo son dispares entre Comunidades Autónomas, sino entre tribunales de la misma provincia.
Hay jueces que dudan de que, sin estado de alarma, un gobierno autonómico pueda restringir libertades y derechos al amparo solo de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Al margen de que se compartan o no estas dudas, la disparidad de criterios entre juzgados es una realidad a la que no se está haciendo frente desde el poder legislativo. El resultado de esta fragmentación judicial es la inseguridad jurídica, la confusión social y la discordia política. Mientras la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea abogan por políticas homogéneas contra el virus, en España, entre la dejadez del Gobierno central y la inacción del Parlamento, los responsables autonómicos deshojan la margarita cada vez que piden la ratificación judicial de sus medidas. Entre tanto, un ciudadano español que recorra España tendrá que preguntar en cada Comunidad Autónoma qué puede hacer y qué no.
También es cierto que algunas resoluciones judiciales introducen exigencias que no parecen responder a la legalidad vigente, sino al rigorismo jurídico del juez, pero la independencia judicial tiene estos costes y para eso están, por un lado, los recursos ante tribunales superiores y, por otro, la capacidad del Gobierno central para impulsar reformas legales y la del Parlamento, para aprobarlas.