EDITORIAL ABC.
España pende de un preso.
Lamentablemente para el constitucionalismo, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ya ha tomado su decisión, y está basada en una claudicación a lo que exija un sedicioso.
ABC.
Actualizado: 21/12/2019 08:30h.
Tras una intensa semana de negociaciones opacas para la conformación de una investidura, no es fácil definir si el panorama se ha enredado o aclarado para Pedro Sánchez tras la decisión del Tribunal de Justicia de la UE favorable a los intereses «inmunitarios» de Junqueras y Puigdemont. Es cierto que la ronda de contactos de Sánchez con partidos y presidentes autonómicos ha sido una pantomima. Incluso lo son también los contactos «públicos» con ERC, porque lo relevante es lo que Sánchez y Oriol Junqueras siguen escondiendo a la opinión pública: las condiciones reales de una alianza-chantaje que tienen prácticamente cerrada. Las negociaciones con ERC no se estancan o se aceleran por lo que sus representantes dan a conocer. El supuesto intercambio de papeles y pareceres es irrevelante. Lo relevante es la decisión final de Junqueras, basada únicamente en intereses tácticos y estratégicos para ERC, y en su ansiedad por gobernar en Cataluña para iniciar otro proceso de proclamación de la «república» catalana. Junqueras lo volvió a repetir ayer, y la gobernabilidad de España es únicamente un instrumento para que el separatismo venza con Pedro Sánchez como cooperador necesario. El dato objetivo es que el futuro de España, la presidencia del Gobierno, y la gestión política de la nación dependen exclusivamente de un condenado en firme por sedición que tiene que tomar su decisión desde una cárcel. Todo lo demás, incluida la resolución dictada desde Luxemburgo, puede contribuir a modular más o menos la negociación. Pero España depende de la decisión que adopte un recluso, cuyo reconocimiento de inmunidad parlamentaria no afecta a su condena penal. Lamentablemente para el constitucionalismo, Sánchez ya ha tomado su decisión, y está basada en una claudicación a lo que exija un sedicioso. Y en ese sentido, el papel de una Abogacía del Estado sumisa al Gobierno socialista es crucial en la justificación de una mentira flagrante, como es la falsa identificación que hace el separatismo del fallo de Luxemburgo con la excarcelación de los condenados por sedición.
La realidad es que Junqueras y Sánchez están decididos a colaborar, aunque considerar fiable al independentismo es un riesgo que el PSOE jamás debería asumir. Lo único que puede condicionar realmente a Junqueras y a la dirección de ERC es que sus bases se opongan a renunciar a la vía unilateral como método para proclamar la independencia. Es decir, que haya una resistencia activa entre el separatismo de base a investir a Sánchez. Por lo demás, ni siquiera Puigdemont sería necesario para Sánchez, pero es cierto que sigue teniendo la llave de la convocatoria de elecciones en Cataluña, y eso sí podría modificar el parecer de ERC favorable a Sánchez. Todo es confuso. Todo menos la evidencia de que España pende de un condenado entre rejas.
España pende de un preso.
Lamentablemente para el constitucionalismo, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ya ha tomado su decisión, y está basada en una claudicación a lo que exija un sedicioso.
ABC.
Actualizado: 21/12/2019 08:30h.
Tras una intensa semana de negociaciones opacas para la conformación de una investidura, no es fácil definir si el panorama se ha enredado o aclarado para Pedro Sánchez tras la decisión del Tribunal de Justicia de la UE favorable a los intereses «inmunitarios» de Junqueras y Puigdemont. Es cierto que la ronda de contactos de Sánchez con partidos y presidentes autonómicos ha sido una pantomima. Incluso lo son también los contactos «públicos» con ERC, porque lo relevante es lo que Sánchez y Oriol Junqueras siguen escondiendo a la opinión pública: las condiciones reales de una alianza-chantaje que tienen prácticamente cerrada. Las negociaciones con ERC no se estancan o se aceleran por lo que sus representantes dan a conocer. El supuesto intercambio de papeles y pareceres es irrevelante. Lo relevante es la decisión final de Junqueras, basada únicamente en intereses tácticos y estratégicos para ERC, y en su ansiedad por gobernar en Cataluña para iniciar otro proceso de proclamación de la «república» catalana. Junqueras lo volvió a repetir ayer, y la gobernabilidad de España es únicamente un instrumento para que el separatismo venza con Pedro Sánchez como cooperador necesario. El dato objetivo es que el futuro de España, la presidencia del Gobierno, y la gestión política de la nación dependen exclusivamente de un condenado en firme por sedición que tiene que tomar su decisión desde una cárcel. Todo lo demás, incluida la resolución dictada desde Luxemburgo, puede contribuir a modular más o menos la negociación. Pero España depende de la decisión que adopte un recluso, cuyo reconocimiento de inmunidad parlamentaria no afecta a su condena penal. Lamentablemente para el constitucionalismo, Sánchez ya ha tomado su decisión, y está basada en una claudicación a lo que exija un sedicioso. Y en ese sentido, el papel de una Abogacía del Estado sumisa al Gobierno socialista es crucial en la justificación de una mentira flagrante, como es la falsa identificación que hace el separatismo del fallo de Luxemburgo con la excarcelación de los condenados por sedición.
La realidad es que Junqueras y Sánchez están decididos a colaborar, aunque considerar fiable al independentismo es un riesgo que el PSOE jamás debería asumir. Lo único que puede condicionar realmente a Junqueras y a la dirección de ERC es que sus bases se opongan a renunciar a la vía unilateral como método para proclamar la independencia. Es decir, que haya una resistencia activa entre el separatismo de base a investir a Sánchez. Por lo demás, ni siquiera Puigdemont sería necesario para Sánchez, pero es cierto que sigue teniendo la llave de la convocatoria de elecciones en Cataluña, y eso sí podría modificar el parecer de ERC favorable a Sánchez. Todo es confuso. Todo menos la evidencia de que España pende de un condenado entre rejas.