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POR SU INTERES LO INSERTAMOS EN ESTE TEMA: II

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AGENCIAS "La Gaceta"

El Gobierno ha aprobado la Ley de Propiedad Intelectual. El próximo 1 de enero entrará en vigor la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que fue aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados únicamente gracias a los votos populares. La polémica ley ha salido adelante por 172 votos a favor, con 144 en contra y 3 abstenciones, y establece en su texto un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral. Pero sus primeros pasos ya cuentan con el rechazo de las entidades de gestión, de la Coalición de Creadores y hasta de Google.
Y es que, después de 565 días de tramitación, múltiples consultas a todos los órganos, 169 enmiendas en el Congreso y 209 en el Senado, el resultado final apenas ha sufrido modificaciones respecto al texto inicial que propuso el grupo popular. Sus impulsores están contentos con el resultado, porque declaran que cumple los fines previstos: la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas. Pero hay muchas voces en contra, entre ellas la de la oposición, por haber seguido adelante sin el consenso prometido.
Medidas de la nueva norma
Veamos primero cuáles son las nuevas medidas. La ley establece el derecho de las empresas editoras de noticias a ser compensadas económicamente por los agregadores de contenidos o buscadores de internet por la utilización de sus contenidos, una remuneración que a partir dde ahora será irrenunciable. Esta extensión de la cita o reseña implica que empresas como Google deberán pagar a sus autores por la cita o reseña, algo que no ha sentado bien al gigante de internet, que afirma que Google News ya ayuda a los editores a llevar tráfico a sus sitios web, por lo que a raíz de esta norma "valorarán sus opciones" en España.
La norma también mantiene el pago de la compensación por copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una medida transitoria hasta que legisle al respecto la Unión Europea. En este sentido, permanecen amparadas por el límite de copia privada las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores. Asimismo, establece multas de hasta 600.000 euros para las web que tengan como principal actividad facilitar de manera masiva la localización de contenidos piratas e incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos declarados infractores.
El refuerzo de la llamada Ley Sinde implica que casi la totalidad de los usuarios activos de Internet son posibles infractores, ya que cualquier ciudadano que disponga de un sitio web y facilite enlaces a contenidos ilegales estaría infringiendo la ley. Podría incumplirla incluso si el enlace aparece en los comentarios de sus lectores, por lo que se verá obligado a vigilarlos constantemente. El problema de este apartado es que se ha eliminado el requisito de "daños significativos". Además, la ley establece que basta con enviar un correo electrónico avisando al infractor del hecho para darle por avisado y poder arrancar el proceso administrativo, aunque el denunciado no conteste al aviso.
Aunque previamente se dijo que el Gobierno no actuaría contra los usuarios de Internet, esta reforma abre la posibilidad de identificarlos por la via civil y reclamar una indemnización, aunque éste no haya cometido un hecho ilítico grave. Además, será considerado pirata tanto el que se niegue a retirar los contenidos ilícitos como el que acceda a ello, porque estará reconociendo el hecho. Asimismo, la ley perseguirá también a los sitios web que faciliten la descripción o la localización de obras y prestaciones que se ofrezcan sin autorización.
En cuanto a las entidades de gestión de derechos de autor, la nueva LPI regula un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago por parte de los usuarios de derechos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, amplía el plazo de protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas de 50 a 70 años. Y en el sector de la enseñanza e investigación, se permite la utilización gratuita de pequeños fragmentos de obras u obras aisladas de carácter plástico o fotográfico.
Rechazo a la ley
Gran parte del sector perjudicado por esta norma rechaza las nuevas medidas. Así lo declara la Coalición de Creadores, un grupo formado por EGEDA, Promusicae, SGAE, FAP, ADIVAN y ADICAN, que se creó en 2008 precisamente para promover el endurecimiento de esta ley. Protestan porque esta reforma no resuelve la piratería digital y no ha sido aprobada con un consenso político. Para ellos, la ley "nace muerta", ya que "no resolverá el gravísimo problema de piratería digital que sufre nuestro país, ya que sus mejoras son claramente insuficientes".
Y es que, después de casi dos años intentando mejorar la reforma y llegar a un acuerdo, lamentan que los populares la aprueben sin falta de unidad, después de "los esfuerzos hechos por toda la oposición para alcanzarlo, y sin atender a las demandas de empresas, profesionales y otros titulares de derechos". Una queja que comparten también los grupos de la oposición y el mundo de la cultura, grandes afectados por una ley que se supone que debería cuidar sus derechos, pero que no satisface a la gran mayoría.

o sea R.