Aplicación del artículo 155.
Los funcionarios hostiles podrán ser sancionados sin sueldo.
MARISOL HERNÁNDEZ. Madrid.
22 OCT. 2017 02:52.
El Gobierno se ha preparado ante las vicisitudes de gestionar una Administración hostil con el control organizativo y sancionador de los funcionarios y el personal laboral de la Generalitat, que les permitiría encarar un posible boicot de los trabajadores o de los cargos que permanezcan en activo [lea en PDF el acuerdo adoptado por el Gobierno para aplicar el artículo 155]. El cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros del Govern conllevará también la destitución de centenares de cargos de confianza y de libre designación. Sin embargo, se mantendrá todo el segundo escalón de la Administración autonómica -secretarios de las consejerías (asimilables a los secretarios de Estado de los ministerios) y directores generales-, cuyo destino se determinará en función del ejercicio diario de su tarea.
Aplicación del artículo 155
Los funcionarios hostiles podrán ser sancionados sin sueldo
MARISOL HERNÁNDEZ Madrid
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22 OCT. 2017 02:52
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, durante la manifestación...
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, durante la manifestación celebrada ayer en Barcelona. Josep LagoAFP
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Cesará el personal de confianza y se sustituirá a todos los altos cargos que no cumplan
Rajoy aplica el 155 en Cataluña: cese de Puigdemont y de todos los consejeros y convocatoria de elecciones en seis meses
Consulta íntegro el acuerdo del Gobierno (PDF)
Las principales medidas aprobadas por el Gobierno para aplicar el artículo 155
El Gobierno se ha preparado ante las vicisitudes de gestionar una Administración hostil con el control organizativo y sancionador de los funcionarios y el personal laboral de la Generalitat, que les permitiría encarar un posible boicot de los trabajadores o de los cargos que permanezcan en activo [lea en PDF el acuerdo adoptado por el Gobierno para aplicar el artículo 155]. El cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros del Govern conllevará también la destitución de centenares de cargos de confianza y de libre designación. Sin embargo, se mantendrá todo el segundo escalón de la Administración autonómica -secretarios de las consejerías (asimilables a los secretarios de Estado de los ministerios) y directores generales-, cuyo destino se determinará en función del ejercicio diario de su tarea.
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En principio continúan, pero el Gobierno se reserva la opción de destituirles en cualquier momento. Fuentes populares apuntaban ayer que muchos de ellos podrían optar por dimitir en los próximos días, en cuanto el Senado valide el desarrollo del artículo 155. Pero, para no dejar nada al azar, el plan del Ejecutivo es muy exhaustivo en todo lo relacionado con los empleados de la Generalitat. El Gobierno podrá dictar y adoptar las disposiciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de las competencias asumidas. Y todo ello será «de obligado cumplimiento» para el personal de la Administración autonómica, sean funcionarios o personal laboral de la misma Generalitat o de su entramado de organismos públicos.
Se prevé que haya dimisiones entre los secretarios y directores generales
En caso de «incumplimiento» se adoptarán sanciones. Si se desoyen las instrucciones y actos dictados por el Gobierno, se aplicará la normativa estatal y autonómica pertinente por «responsabilidad disciplinaria» sin perjuicio, apunta el texto aprobado por el Consejo de Ministros, «de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar». Fuentes populares explicaron ayer que esta prerrogativa permitirá al Gobierno suspender «el sueldo» a todos los trabajadores que no colaboren en la organización administrativa diaria. La sensación, según las fuentes consultadas, es que la salida del personal de confianza de cada consejería y las previsibles dimisiones en el segundo escalón de la Administración, además de la amenaza de régimen disciplinario, contribuirán a que los empleados públicos desarrollen fielmente su trabajo. En todo caso, como medida transversal, de aplicación general, se advierte que el incumplimiento de las medidas del Ejecutivo «se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto». Para garantizar la máxima colaboración, el Gobierno plantea también decisiones destinadas a evitar la voluntariedad de los actos de los funcionarios. El Ejecutivo -o los órganos o autoridades creados o designados por él- someterá a la Administración a un «régimen de comunicación o autorización previa». Serán «nulas» las actuaciones y resoluciones que se adopten «sin este requisito». Además, aun cuando sean comunicados, el Gobierno se reserva la posibilidad de oponerse «con carácter vinculante» a estos actos. En cualquier momento el Estado podrá acordar el «nombramiento, cese o sustitución temporal de las funciones» de «cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat» y de sus «organismos, entes o entidades y empresas públicas». Entre los objetivos del Gobierno, a la hora de ejecutar su plan, figura aplicar todas las medidas «de forma gradual», atendiendo de manera «proporcional y progresiva». Sí se ha puesto un interés especial en tener previstas las reacciones -también la de los Mossos d'Esquadra- ante la nueva autoridad política con la voluntad de administrar las respuestas o utilizar o no las medidas propuestas en función del cumplimiento de sus órdenes. Como ejemplo de esta dinámica, fuentes del partido apuntaban ayer a la dirección de TV3, el segundo escalón de la Generalitat o los cargos ejecutivos de las empresas públicas.
Los funcionarios hostiles podrán ser sancionados sin sueldo.
MARISOL HERNÁNDEZ. Madrid.
22 OCT. 2017 02:52.
El Gobierno se ha preparado ante las vicisitudes de gestionar una Administración hostil con el control organizativo y sancionador de los funcionarios y el personal laboral de la Generalitat, que les permitiría encarar un posible boicot de los trabajadores o de los cargos que permanezcan en activo [lea en PDF el acuerdo adoptado por el Gobierno para aplicar el artículo 155]. El cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros del Govern conllevará también la destitución de centenares de cargos de confianza y de libre designación. Sin embargo, se mantendrá todo el segundo escalón de la Administración autonómica -secretarios de las consejerías (asimilables a los secretarios de Estado de los ministerios) y directores generales-, cuyo destino se determinará en función del ejercicio diario de su tarea.
Aplicación del artículo 155
Los funcionarios hostiles podrán ser sancionados sin sueldo
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Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, durante la manifestación...
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, durante la manifestación celebrada ayer en Barcelona. Josep LagoAFP
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Cesará el personal de confianza y se sustituirá a todos los altos cargos que no cumplan
Rajoy aplica el 155 en Cataluña: cese de Puigdemont y de todos los consejeros y convocatoria de elecciones en seis meses
Consulta íntegro el acuerdo del Gobierno (PDF)
Las principales medidas aprobadas por el Gobierno para aplicar el artículo 155
El Gobierno se ha preparado ante las vicisitudes de gestionar una Administración hostil con el control organizativo y sancionador de los funcionarios y el personal laboral de la Generalitat, que les permitiría encarar un posible boicot de los trabajadores o de los cargos que permanezcan en activo [lea en PDF el acuerdo adoptado por el Gobierno para aplicar el artículo 155]. El cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y los consejeros del Govern conllevará también la destitución de centenares de cargos de confianza y de libre designación. Sin embargo, se mantendrá todo el segundo escalón de la Administración autonómica -secretarios de las consejerías (asimilables a los secretarios de Estado de los ministerios) y directores generales-, cuyo destino se determinará en función del ejercicio diario de su tarea.
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En principio continúan, pero el Gobierno se reserva la opción de destituirles en cualquier momento. Fuentes populares apuntaban ayer que muchos de ellos podrían optar por dimitir en los próximos días, en cuanto el Senado valide el desarrollo del artículo 155. Pero, para no dejar nada al azar, el plan del Ejecutivo es muy exhaustivo en todo lo relacionado con los empleados de la Generalitat. El Gobierno podrá dictar y adoptar las disposiciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de las competencias asumidas. Y todo ello será «de obligado cumplimiento» para el personal de la Administración autonómica, sean funcionarios o personal laboral de la misma Generalitat o de su entramado de organismos públicos.
Se prevé que haya dimisiones entre los secretarios y directores generales
En caso de «incumplimiento» se adoptarán sanciones. Si se desoyen las instrucciones y actos dictados por el Gobierno, se aplicará la normativa estatal y autonómica pertinente por «responsabilidad disciplinaria» sin perjuicio, apunta el texto aprobado por el Consejo de Ministros, «de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar». Fuentes populares explicaron ayer que esta prerrogativa permitirá al Gobierno suspender «el sueldo» a todos los trabajadores que no colaboren en la organización administrativa diaria. La sensación, según las fuentes consultadas, es que la salida del personal de confianza de cada consejería y las previsibles dimisiones en el segundo escalón de la Administración, además de la amenaza de régimen disciplinario, contribuirán a que los empleados públicos desarrollen fielmente su trabajo. En todo caso, como medida transversal, de aplicación general, se advierte que el incumplimiento de las medidas del Ejecutivo «se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto». Para garantizar la máxima colaboración, el Gobierno plantea también decisiones destinadas a evitar la voluntariedad de los actos de los funcionarios. El Ejecutivo -o los órganos o autoridades creados o designados por él- someterá a la Administración a un «régimen de comunicación o autorización previa». Serán «nulas» las actuaciones y resoluciones que se adopten «sin este requisito». Además, aun cuando sean comunicados, el Gobierno se reserva la posibilidad de oponerse «con carácter vinculante» a estos actos. En cualquier momento el Estado podrá acordar el «nombramiento, cese o sustitución temporal de las funciones» de «cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat» y de sus «organismos, entes o entidades y empresas públicas». Entre los objetivos del Gobierno, a la hora de ejecutar su plan, figura aplicar todas las medidas «de forma gradual», atendiendo de manera «proporcional y progresiva». Sí se ha puesto un interés especial en tener previstas las reacciones -también la de los Mossos d'Esquadra- ante la nueva autoridad política con la voluntad de administrar las respuestas o utilizar o no las medidas propuestas en función del cumplimiento de sus órdenes. Como ejemplo de esta dinámica, fuentes del partido apuntaban ayer a la dirección de TV3, el segundo escalón de la Generalitat o los cargos ejecutivos de las empresas públicas.