Hablemos del gobierno


OFERTA DE EMPLEO RÉCORD ANTES DE LAS ELECCIONES.

El Gobierno aprobará el viernes un aluvión de oposiciones.

Administración General del Estado, policía, guardia civil, entes públicos, hospitales militares... el Ejecutivo quiere rebasar las 30.000 plazas públicas.

Javier Tahiri.

MADRID.

Actualizado:

27/03/2019 20:55h.

El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo malabarismos para aprobar mañana una oferta de empleo público histórica, que supere a la del año pasado, todo ello a un mes de las elecciones. Para ello incluirá hasta siete anexos dentro del mismo decreto con las ofertas respectivas de Administración General del Estado (AGE), pero también fuerzas y cuerpos de seguridad, Sanidad y Enseñanza de Ceuta y Melilla, hospitales militares, Justicia no transferida así como todo tipo de entes públicos empresariales. En fin, la voluntad es rondar el listón de 30.844 plazas del año pasado y así colgarse una medalla electoral de gran calibre a semanas de las urnas. De esta forma, Función Pública ha arrancado esta tarde las negociaciones con sindicatos y ha ofrecido 15.108 plazas en Administración General del Estado, que suponen 436 más que en 2018. La senda ya está dibujada.

Función Pública no ha convocado para mañana la Mesa General de las Administraciones Pública, pero la Comisión Técnica de Empleo puede rubricar el acuerdo mañana si hay pacto con las centrales, ya que sindicatos y Gobierno se volverán a reunir mañana por la mañana para afinar las cifras. Y si bien el Ejecutivo está sujeto al corsé de la prórroga presupuestaria -difícilmente puede aprobar más gasto en este aspecto que el año pasado-, fuentes sindicales apuntan que se jugará con el 5% de plantilla adicional en determinados departamentos prioritarios que permiten aprobar los Presupuestos de 2018.

De forma provisional, se han anunciado inicialmente 8.495 plazas de ingreso libre -200 menos que en 2018- y 6.613 de promoción interna -636 más que el año pasado-. Como indicador, entre los entes públicos con los que puede jugar el Ejecutivo para tratar de incrementar la oferta se encuentran desde Puertos del Estado, Autoridades Portuarias, Enaire, Fábrica de la Moneda o Sasemar. Además de las miles de plazas de policía, guardia civil y demás.

Dentro de estas cifras provisionales que miran al Consejo de Ministros del viernes está incluida la oferta extraordinaria para hacer frente al Brexit de 383 plazas, que aprobó hace semanas. Hoy seguirán negociando sindicatos y Gobierno: las tres centrales reunidas, UGT, CSIF y CC. OO, reclamaron elevar la creación de empleo neto, aumentarlo más en sectores prioritarios -las cuentas marcan una tasa de reposición del 75% y de más del 100% en ciertos servicios, que los sindicatos quieren que se amplíen- y hoy ambas partes volverán a hacer números.

Críticas sindicales
«Estos datos no mantienen la creación de empleo público. Perdemos casi 500 efectivos en la Administración General del Estado. Ante el grave envejecimiento de las plantillas exigimos más empleo público», asevera el responsable de Empleo de CC. OO. en la Administración General del Estado, Javier Martínez. Fuentes de CSIF lamentan el «uso electoralista» de la oferta de empleo público y recuerdan que «un total de 31.801 empleados públicos de esta administración tienen más de 60 años (3.494 tienen más de 64)». UGT reclamó más certidumbre en el plan plurianual que elabora Función Pública. El Gobierno está diseñando este plan a varios años para detectar las necesidades de la Administración y así sentar las bases para futuras ofertas de empleo. Función Pública está recabando información de todos los ministerios para así realizar este estudio.

El departamento de Meritxell Batet apunta que las cifras serán «similares» a las del año pasado. Las convocatorias no llegarían hasta dentro de año y medio pero el mensaje político antes de las elecciones será contundente.
Gobierno Pedro Sánchez Sánchez se va y Franco sigue: el Gobierno no logra exhumar al dictador antes de convocar elecciones.

María Jamardo. 15/02/2019.06:50.

Sánchez abandona La Moncloa antes de haber conseguido que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos. La exhumación del dictador fue su primera promesa estrella como presidente del Gobierno y un empeño personal que, ocho meses y un 'decretazo' después, no ha conseguido ver consumado.
Sánchez se va sin conseguir que la exhumación ... (ver texto completo)
Parece que la exhumacion de Franco, ya no interesa. Pobrecillo.
La Moncloa rechaza aclarar el origen del informe que falseó para proteger a Sánchez.

El Consejo de Transparencia confirmó esta semana que nunca existió un informe antiplagio en el Gobierno.

Víctor Ruiz de Almirón.

Madrid.

Actualizado:

14/03/2019 08:28h.

La Moncloa sigue sin aclarar cómo se realizó y con qué medios, incluso si existen, los informes antiplagio a los que en un comunicado hacía referencia el pasado septiembre cuando decidió hacer pública la tesis doctoral del presidente del Gobierno tras las informaciones de ABC denunciando el plagio de la misma.

Este periódico publicó ayer que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) confirmó esta semana que en La Moncloa nunca existió un informe antiplagio. El CTBG respondió esta semana a una petición de información de EsDiario y aseguró que «no ha habido actuación pública en el proceso de verificación de la autenticidad de la tesis del presidente del Gobierno», así como que La Moncloa nunca encargó un informe antiplagio.

La ausencia de explicaciones solo deja lugar a dos caminos: o tal informe no existe o no se quiere dar a conocer. Es la segunda ocasión que el Gobierno, a través de la Vicesecretaría General de la Presidencia, reconoce que ese informe no se realizó de forma oficial: «Ni la Secretaría de Estado de Comunicación ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado el análisis, ni emitido informes o documentos en relación con el uso de las herramientas Turnitin y PlagSca». Ayer, fuentes de la Secretaría de Estado de Comunicación insistían en este punto, en que ese departamento redactó un comunicado el pasado 14 de septiembre que incorporaba los siguientes datos: «Tras el análisis de la tesis doctoral presentada por el presidente Pedro Sánchez en el año 2012, la evaluación de las herramientas Turnitin y PlagScan, determinan el contenido original de la tesis, superando ampliamente los estudios de coincidencias. En el caso del Turnitin ha obtenido un 13%. En PlagScan ha cifrado un 0,96%, cada uno con su metodología». Hay que recordar que una de estas compañías, PlagScan, ya realizó un análisis propio de las tesis de Sánchez y sus resultados disparaban hasta el 21 por ciento el porcentaje de coincidencias.

Desde La Moncloa ayer se insistía en la misma estrategia de no facilitar más información que despejase incógnitas. Y por supuesto ningún dato que pretendiese matizar la inapelable conclusión del CTBG: «El software utilizado no se ha costeado con dinero público y las comprobaciones de la autenticidad de su tesis no habían sido realizadas por la Secretaría de Estado de Comunicación ni por órgano alguno de la Presidencia». Aunque sí da pie a interpretar que la herramienta sí se utilizó de forma privada por parte de Sánchez. Nadie en Moncloa alcanzaba ayer a confirmar ese extremo. Nadie es capaz de explicar en el Gobierno cómo se emitió esa comunicación amparándose en unos informes de los que el Gobierno no se hace responsable.

Moncloa se parapeta así en la respuesta, más completa, que ya dio el pasado mes de diciembre la vicesecretaria general de la Presidencia del Gobierno, Hilda Jiménez Núñez, que en una respuesta a una solicitud de EsDiario en el Portal de Transparencia aseguró que «el análisis de la tesis doctoral de D. Pedro Sánchez Pérez Castejón, fue efectuada dentro de su ámbito privado y particular, por lo que, ni la Secretaría de Estado de Comunicación, ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado análisis, ni emitido informes o documentos en relación el uso de las herramientas Turnitin y PlagScan».
La Moncloa publicó un comunicado falso para salvar la tesis de Pedro Sánchez.

El Consejo de Transparencia asegura que nunca existió un informe antiplagio.

Gregoria Caro.

Madrid.

Actualizado:

13/03/2019 09:23h.

El escándalo de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa creciendo entre irregularidades y mentiras. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), órgano encargado de promover la transparencia en la actividad pública, ha confirmado esta semana que en La Moncloa nunca existió un informe antiplagio. Es más, nadie parece haber visto nunca el resultado del test. El 14 de septiembre, sin embargo, se emitió un comunicado por los canales del Gobierno defendiendo lo contrario para proteger a Sánchez. Suma y sigue.

A la lista de plagios de la tesis del presidente del Gobierno, revelados por ABC, y que estaban siendo analizados en una comisión de investigación del Senado que ha finalizado por el adelanto electoral, hay que añadirle ahora la instrumentalización de La Moncloa para difundir un informe que nunca vieron. Un montaje elaborado de cara a la opinión pública para intentar frenar el daño del escándalo.

«Esgrimen un informe no oficial, que no se sabe si existe, ni con qué dinero se pagó ni si se pagó»
El CTBG respondió esta semana a una petición de información de EsDiario y aseguró que «no ha habido actuación pública en el proceso de verificación de la autenticidad de la tesis del presidente del Gobierno», así como que La Moncloa nunca encargó ningún un informe antiplagio. No obstante, en la nota publicada por la web oficial se aseguraba que «la tesis del presidente supera ampliamente los softwares de coincidencias» y que el trabajo había sido analizado por los programas Turnitin y PlagScan. Pero no era cierto.

Según explica el Consejo de Transparencia en su respuesta, a la que ha tenido acceso ABC, «el software utilizado no se ha costeado con dinero público y las comprobaciones de la autenticidad de su tesis no habían sido realizadas por la Secretaria de Estado de Comunicación ni por órgano alguno de la Presidencia». Es decir, Sánchez esgrimió un informe no oficial, que aún no está probado que exista, ni con qué dinero se pagó la licencia ni si realmente se pagó. La respuesta del CTBG se suma además a otra fuente oficial con la que se desmonta la coartada de Sánchez.

Dos pruebas oficiales
La vicesecretaria general de la presidencia del Gobierno, Hilda Jiménez Núñez, según publicó EsDiario en diciembre, también respondió a un informe realizado por dicho medio y reconoció que La Moncloa no encargó el informe antiplagio y que nadie lo había supervisado ni visto como se difundió en la nota institucional.

Jiménez Núñez esgrimió el carácter privado del asunto para excusarse: «El análisis de la tesis doctoral de D. Pedro Sánchez Pérez Castejón, fue efectuada dentro de su ámbito privado y particular, por lo que, ni la Secretaria de Estado de Comunicación, ni ningún otro órgano de la Presidencia del Gobierno han realizado análisis, ni emitido informes o documentos en relación el uso de las herramientas Turnitin y PlagScan».

El Gobierno intentó abordar el informe antiplagio como un asunto personal para no publicarlo. Pero luego, en una segunda petición de información por parte de EsDiario, la Secretaría General de la Presidencia se vio obligada a reconocer, al igual que admitió el CTBG, que nadie había visto el supuesto test. Preguntados sobre cómo había presentado Pedro Sánchez los resultados, la Secretaría General de la Presidencia respondió lacónica: «No hay otra información adicional a la ya solicitada». Quizá porque no se hizo nunca o quizá porque es mejor no enseñarlo.
ARRANCA EL PERIODO ELECTORAL Y HASTA EL 27M ESTARÁN PROHIBIDAS LAS CAMPAÑAS OFICIALES DE PROPAGANDA.

OKDIARIO.

La publicación este martes del decreto de convocatoria de elecciones generales del 28 de abril conlleva que durante casi tres meses, desde ese día y hasta el próximo 27 de mayo, tras los comicios autonómicos, municipales y europeos, estarán prohibidos los actos de inauguración y las campañas institucionales de propagada.
Gobierno Pedro Sánchez Sánchez se va y Franco sigue: el Gobierno no logra exhumar al dictador antes de convocar elecciones.

María Jamardo. 15/02/2019.06:50.

Sánchez abandona La Moncloa antes de haber conseguido que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos. La exhumación del dictador fue su primera promesa estrella como presidente del Gobierno y un empeño personal que, ocho meses y un 'decretazo' después, no ha conseguido ver consumado.
Sánchez se va sin conseguir que la exhumación de Franco, una de sus promesas estrella de gobierno, se haya visto consumada. Tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar este viernes, a partir de las 09.00 horas, Pedro Sánchez comparecerá en rueda de prensa para confirmar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria oficial de elecciones generales. Lo hará el mismo día en el que el Ejecutivo pondrá fecha a la salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

La llegada de los socialistas al Gobierno, vía moción de censura planteada a Mariano Rajoy el pasado mes de junio, se produjo con un polémico anuncio, retirar los restos del dictador de su mausoleo durante los últimos 40 años. El propósito de Sánchez se concretó en un ‘decretazo’ estival de su Ejecutivo que modificó “puntualmente” la Ley de Memoria Histórica para garantizar una cobertura legal máxima y “evitar que las demandas judiciales” paralizasen la medida.

Sánchez empeñó su palabra y concentró recursos para que todo se produjese “lo antes posible” pero muchos han sido los escollos que el Gobierno se ha ideo encontrando en los últimos meses para perpetrar su objetivo.

El primero y fundamental, la abierta oposición de la familia Franco que, desde un primer momento, advirtió que daría la batalla “con todos los mecanismos legales a su alcance” para evitarlo. De poco sirvieron, entonces, los esfuerzos de la vicepresidenta Carmen Calvo para mediar a través de amigos personales de los nietos del dictador.

El decreto aprobado por el Gobierno daba un plazo máximo de 12 meses para la exhumación. Sánchez no lo ha durado en Moncloa.

No en vano, varios han sido los recursos al expediente administrativo diseñado ad hoc por el Gobierno para recabar todos los apoyos institucionales necesarios para el trámite. Desde la recusación de la instructora de dicho expediente, la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, pasando por las denuncias de irregularidades en el nombramiento de altos cargos de Patrimonio Nacional, encargados de emitir firmas vinculantes, hasta la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo solicitando, como medida cautelar, paralizar la exhumación.

El alto tribunal rechazó entonces adoptar dicha prevención pero no sin antes advertir al Gobierno que no podría materializar ninguna acción concreta sin dar antes a la familia la posibilidad de agotar todas las vías de oposición. Dejaba con ello la puerta abierta a un futuro nuevo recurso que los herederos del dictador presentarán una vez se haga público el contenido del acuerdo adoptado por el Ejecutivo de Sánchez, este viernes.

El segundo, y no menos complejo, el puzzle de la Iglesia en la exhumación. La familia Franco ha apelado en varias ocasiones al Concordato con el Vaticano como fuente del ordenamiento -por encima de cualquier ley nacional- pero pese a las presiones iniciales del Gobierno y los ingentes esfuerzos diplomáticos, después -incluida la visita institucional de la vicepresidenta Calvo a Roma y su entrevista con el secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolín- la Santa Sede siempre ha preferido mantenerse al margen y manifestado que la Basílica de Cuelgamuros donde está enterrado el dictador es un lugar de culto y, por lo tanto, queda protegida por ese acuerdo internacional.

La inhumación

El último y no menos importante episodio de la exhumación llegaba como resultado de la elección de un nuevo emplazamiento para los restos de Franco. También ahí la Iglesia se reafirmó. Y marcó distancias con la intención del Gobierno de impedir que los restos del dictador pudiesen ser trasladados al centro de Madrid, a la cripta de la Catedral de La Almudena, donde la familia posee varios nichos en propiedad.

Alegó entonces el Gobierno de Sánchez, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, motivos de seguridad para impedirlo. Extremo que también han sido rebatidos, frontalmente, por la familia Franco, mediante un informe pericial de parte en el que expertos policiales independientes desmontaban tal afirmación.

Insisten los Franco en que, de persistir el empeño del ya saliente Gobierno por retirar al dictador de su ubicación actual, elegirá la madrileña catedral como alternativa. Y en este punto se encuentran las aspiraciones de Pedro Sánchez en su pulso para exhumar a Franco. Con independencia de lo que suceda en las próximas semanas, la realidad es que saldrá antes Pedro Sánchez del Palacio de La Moncloa de lo que lo hará el dictador Francisco Franco de su sepultura en el Valle de los Caídos.

PD: ¡ADIOS PEDRO ADIOS, QUE TE VAYA BONITO Y CON UN POCO DE SUERTE NO TE VEAMOS MAS POR MONCLOA, ¡BASTANTE LA HAS LIADO!
El Consejo de Ministros aprueba este viernes la polémica «ley Celaá» que entierra el castellano.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Educación este viernes aterriza en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley educativa que elimina la Lomce, más conocida como «ley Wert»

Josefina G. Stegmann.

MADRID.

Actualizado:

14/02/2019 15:39h.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el polémico anteproyecto de ley educativa con el que se modifica la LOE aprobada por los socialistas en 2006 y se elimina la Lomce, más conocida como «Ley Wert».

Así lo han confirmado a ABC fuentes del Ministerio de Educación que aseguraron que hay un «cien por cien» de posibilidades de que el texto del Gobierno aterrice en el Consejo de Ministros este viernes, precisamente, cuando Sánchez anunciará si convoca o no elecciones.

Una vez pasado este trámite, el anteproyecto se convierte en Proyecto de Ley y, así, será enviado a las Cortes para su aprobación. El Gobierno ha seguido adelante con sus planes, pese a las críticas de la comunidad educativa y tampoco ha tenido en cuenta al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno.

Por el Consejo de Estado debería haber pasado el texto antes de llegar al Consejo de Ministros aunque el argumento del Gobierno es que el informe del Consejo de Estado «no es preceptivo».

«No hay por qué esperar al informe del Consejo de Estado», defendió la ministra de Educación, Isabel Celaá. «No es obligatorio», la acompañó Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y FP al ser preguntados por este periódico por esta cuestión el pasado mes de enero.

«Es una absoluta vergüenza que lleven a escondidas, sin haber pasado el borrador con las enmiendas del Consejo Escolar del Estado, sin el informe preceptivo del Consejo de Estado una reforma educativa que nos va a lastrar durante años», ha criticado la portavoz de Educación de Cs en el Congreso, Marta Martín.

El anteproyecto remitido al Consejo Escolar del Estado tratado en su Pleno el pasado 8 de enero, y el único al que se ha podido acceder públicamente, margina el castellano al darle vía libre a la Generalitat para que decida cuántas asignaturas imparte en castellano y cuántas en catalán. Además, ataca a la concertada e impide a las autoridades religiosas decidir sobre el currículo y los libros de texto en la asignatura de Religión.

El texto elimina en el artículo 109.2 la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. El sector de la concertada ha entendido esta eliminación como un ataque.

Concejales
Otro ataque a la concertada se produce en el artículo 109.3, que establece que las administraciones «planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes». Este apartado no menciona que la oferta educativa está asegurada también con plazas de centros financiados con fondos públicos. Ni siquiera la LOE, que es el texto del Gobierno socialista aprobado en 2006 en el que se inspira el presente anteproyecto alude a «públicas», solo se refiere a «plazas».

Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona, entre otros, a un «concejal o representante del Ayuntamiento», que la Lomce suprimió y se vuelve a incluir. «Esto significa poner a un comisario político. Un concertado recibe fondos públicos y debe dar cuenta de cómo los usa, pero eso no significa que tenga que nombrar un representante en el consejo escolar porque es de entidad privada», critica José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.

El papel de los padres
En cuanto a la Religión, la ley hace dos cosas. En primer lugar, la deja fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero). Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas.

Por otro lado, el documento pretendía eliminar el reconocimiento de la importancia de los padres en la educación de los hijos. «No enunciar este principio parece pretender anular este papel fundamental», sentencia el informe final del Pleno del Consejo Escolar. Sin embargo, esto sí se consiguió modificar a través de una enmienda aprobada para el texto de Celaá.

El Consejo Escolar, en su Pleno del 8 de enero, también exigió al Gobierno que el anteproyecto se acompañe de una memoria económica que incluya un compromiso «explícito de incremento del gasto público en educación». Concretamente, piden un inversión de, al menos, el 5,5% del PIB.

Reclamaron, también, una asignatura de Filosofía (en consonancia con una PNL aprobada por unanimidad en el Congreso y que el Gobierno dijo que incluiría pero al final no lo hizo), y otra de Historia del Mundo Contemporáneo en todas las modalidades de Bachillerato. Por último, piden que se garantice la coeducación y se impida la segregación por sexos.
Irene Lozano compara el 1-O con una violación: «El sexo no está prohibido, igual que votar, pero no lo puedes hacer a la fuerza»

La secretaria de Estado de la España Global dice que la votación se celebró a pesar de que las autoridades catalanes no tenían «permiso» para convocarla.

EFE.

Madrid.

Actualizado:

14/02/2019 10:58h.

La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha comparado la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña con «una violación» porque la votación se celebró a pesar de que las autoridades catalanes no tenían «permiso» para convocarla.

«La cosa es que ellos querían hacer el referéndum pero no tenían el permiso. Yo normalmente uso esta metáfora del sexo. Quiero decir, el sexo no está prohibido, igual que votar no está prohibido, pero no lo puedes hacer a la fuerza. Si no, sería una violación. Es lo mismo con la democracia. No solo es un tema de decir: ok, nosotros siempre podemos votar, la democracia consiste en votar. No funciona así», ha afirmado Lozano, en una entrevista concedida el miércoles por la noche a la cadena de televisión británica Sky News.

Tras señalar que «la democracia es un régimen complejo», basado en «aplicar» y «obedecer» la ley, Lozano ha asegurado que las autoridades catalanas eran «especialmente responsables» y que tenían que cumplir la ley «y no lo hicieron».

«Usted dice, 25 años son excesivos. Es una cuestión de opinión pero no importa mi opinión o la opinión de usted. La cosa es que es el tribunal el que tiene tomar la decisión y decidir si el delito fue suficientemente grave para mandarlos 25 años a prisión», ha afirmado.

En ese momento, el periodista le ha preguntado a Lozano si estaba comparando el referéndum de Cataluña con una violación y si estaba manteniendo que tenían que ser condenados a 25 años de prisión por eso y la secretaria de Estado ha dicho que «no» y que podría haberse explicado mal.

«No. Quizá no me explicado adecuadamente. Lo que digo es que cualquier acto que tú hagas es distinto si lo haces porque tienes permiso o si no tienes permiso. Yo digo: el sexo está bien pero si no tienes permiso, entonces se convierte en una violación. Eso es lo que he dicho. Votar está bien pero si no tienes permiso, se convierte en un delito criminal en España», ha subrayado.

Ante la pregunta de si cree que los políticos independentistas que están siendo juzgados deberían pasar 25 años de prisión, Lozano ha evitado explicar su opinión. «No voy a decir mi opinión porque eso no importa en absoluto. Soy un alto cargo del Gobierno y podría entenderse mal. Quiero decir, mi opinión verdaderamente no importa», ha concluido.
España.

ÁBALOS ANUNCIA NOTICIAS "EN BREVE" SOBRE EL ADELANTO ELECTORAL.

OKDIARIO.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy a preguntas de los periodistas sobre un adelanto de las elecciones generales que "en breve" habrá "noticias".
El Gobierno teatraliza una ruptura con los separatistas pero mantiene su oferta intacta.

El Gobierno no sólo no recula sino que eleva su oferta a la Generalidad aceptando una mesa de partidos nacional.

Ketty Garat. 2019-02-08.

Las caras largas y el insólito y numeroso séquito de asesores y miembros del gabinete que irrumpieron en la sala de prensa una hora y media más tarde de lo habitual destilaba un aire de excepcionalidad que anticipaba algún anuncio. Y así fue. Atendiendo al carácter extraordinario, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en lugar de la portavoz, Isabel Celaá, protagonizaba una rueda de prensa con novedades: "Este Gobierno ha hecho una oferta de diálogo que no ha sido aceptada por el planteamiento independentista".

Un portazo a la cesión del Gobierno que se produce porque "los independentistas plantean un referéndum de autodeterminación que no es aceptable nunca. Nunca" y pese a que, en las últimas horas, el Ejecutivo había elevado la última oferta realizada en privado a los independentistas: una mesa de partidos nacional, en lugar de autonómica en Cataluña, que se incluía en el documento por escrito repartido en la sala de prensa de Moncloa: "Formarán partes de la Mesa dos representantes, con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales (estatal y catalán), de cada uno de los grupos políticos con representación en Cataluña y, en su caso, de las formaciones vinculadas a los mismos".

Oferta con la que el Gobierno no reculaba en ningún caso de la propuesta de un "relator" como fedatario de las conversaciones con el gobierno catalán. "Al frente de esta mesa de partidos se propondrá de común acuerdo una persona que será quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día" ayudando a "crear las condiciones óptimas para el diálogo y dará fe de los acuerdos lanzándose y determinará el seguimiento de su aplicación".

Figura para la que el documento incluso fija la fecha de su nombramiento: "antes de finalizar el presente mes de febrero, se definirá la fecha de constitución de la mesa de partidos, el programa y el calendario de trabajo. En ese mismo plazo se elegirá a la persona encargada para facilitar los trabajos de la mesa".

Es relevante que esta nueva y más generosa oferta del Ejecutivo se hiciera después de la implosión interna del PSOE, con varios presidentes autonómicos socialistas criticando las cesiones del Ejecutivo y el ex presidente del Gobierno, Felipe González, sentenciando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "degrada las instituciones". Un ex líder del PSOE de quien Calvo sólo dijo: "No voy a hablar de lo que hablan los demás pero si diré que en situaciones complicadas la ayuda sirve de mucho".

Nada hizo temblar el pulso de una vicepresidenta, Carmen Calvo, que ante ese terremoto interno subía la apuesta en lugar de bajarla en sus conversaciones en privado con la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, y el vicepresidente, Pere Aragonés. A preguntas de Libertad Digital, Calvo se negó a concretar cuándo se hizo la oferta, cuándo se ha producido el rechazo y si la decisión del Gobierno de paralizar las conversaciones se produjo esta misma mañana tras un debate intenso en el Consejo de Ministros, que ha retrasado más de una hora la rueda de prensa posterior, o en el mismo momento en que se constató la negativa del separatismo.

Preguntada por una ruptura de las negociaciones, la número dos del Gobierno negó la mayor: "Como gobierno no podemos romper nada" pero sí teatralizó un ‘hasta aquí’ que anticipa que no habrá más ofertas ni cesiones del Gobierno socialista: "ésa propuesta es el único documento que para nosotros es el destino final". Y añadió: "esta es la propuesta exacta y única que nosotros podemos hacer". A partir de ahí, "el Gobierno tiene la obligación de mantener el orden constitucional y lo va a seguir haciendo".

Esto no significa que el Gobierno "tire la toalla" sino simplemente que la pelota está en el tejado de los independentistas y son ellos quienes deben decidir. "No podemos dar muchas más vueltas sobre el referéndum de autodeterminación que para nosotros es inaceptable. Si de ahí no salimos, no podemos avanzar", dijo una vicepresidenta que desveló su cartas teatrales: "no tiene sentido que los ciudadanos no tengan las caves claras".

Y por eso el Gobierno comparece, teatraliza con pesar y publica con transparencia lo que nunca ha querido desvelar: hasta los documentos de unas negociaciones infructuosas y con las que entierra, por ahora la segunda ‘operación diálogo’ emprendida por un gobierno (primero, del PP; luego, del PSOE). Los Presupuestos Generales del Estado se votarán el próximo miércoles en el Congreso cosechando un previsible fracaso para Pedro Sánchez cuyo Ejecutivo reconoce que "la legislatura ahora se acorta". Los rumores de un ‘superdomingo electoral’ se intensifican aunque de aquí al miércoles en Moncloa guarden un atisbo de esperanza.
EDITORIAL.

Elecciones, una emergencia nacional.

El mero hecho de sentar las bases indiciarias para negociar una sola línea del chantaje expuesto por Torra debería ser susceptible de su dimisión inmediata e irrevocable como presidente del Gobierno, y la convocatoria inminente de elecciones.

Actualizado:

05/02/2019 21:07h.

El anuncio hecho por el Gobierno de que va a admitir la inclusión de la figura de un «relator», a modo de notario o mediador en las conversaciones que mantenga con el separatismo catalán, es mucho más que una cesión de Pedro Sánchez al independentismo. Es un insulto a la inteligencia de todos los españoles y una dejación de sus funciones como presidente del Gobierno que exige elecciones con urgencia. Incluir esa figura hace presuponer la existencia de un conflicto a nivel internacional entre dos entes o Estados de un mismo rango jurídico, cosa que en el caso de Cataluña y España no se produce en absoluto. Sánchez incurre en una superación de facto de la Constitución con el único objetivo de garantizarse el apoyo del separatismo a su proyecto de presupuestos del Estado, lo cual no deja de ser un humillante ejercicio de supervivencia y de aferramiento al poder. De algún modo, Sánchez vuelve a poner a España en almoneda y legitima una figura absolutamente innecesaria para dar satisfacción al secesionismo con una sumisión vergonzante. Apurando, lo más irrelevante de todo es la retórica del lenguaje o la nomenclatura. Matizar, como hizo ayer el Gobierno, si se trata de un relator, un mediador o un «coordinador» de las reuniones entre Sánchez y la Generalitat, es inocuo. Lo ofensivo y verdaderamente trascendente, incluso a efectos jurídicos, es el fondo. Dar categoría política a esta figura mediadora supone rasgar la Constitución, asumir una condición impuesta por Joaquim Torra que debería ser inaceptable, y colocar a la nación española en plano de inferioridad moral a la hora de reivindicarse como soberana frente quienes pretenden fracturarla.

Al Gobierno de los 84 escaños no le ha bastado con dejar abandonado a su suerte al magistrado instructor del golpe del 1-O; no le ha bastado con ridiculizar a la Abogacía del Estado para que retirase la acusación por rebelión; no le bastó con legitimar como interlocutor a un huido como Carles Puigdemont, o con cuestionar públicamente la medida de prisión provisional de los encausados. Tampoco le bastó con insinuar que tras una hipotética condena no tendrá reparo alguno en indultar a los golpistas, ni con denostar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ahora el Gobierno vuelve a perder una batalla crucial para la credibilidad internacional de España, en la medida en que un «relator» se identifica con un mediador entre dos partes iguales en conflicto. El de Cataluña es mucho más que un conflicto político, incluso para quienes pretenden reducirlo a eso. Hay una exigencia de cumplimiento de la legalidad que es insoslayable, y la vulneración flagrante del Código Penal tiene consecuencias. En España no hay presos políticos ni juicios a la libertad. Solo hay procesos a presuntos delincuentes, que por cierto disponen de muy costosas defensas, y que van a necesitar más penalistas que «mártires» de la libertad o «relatores» de un plan separatista que Sánchez negocia a oscuras.

Igualmente, resulta una auténtica afrenta jurídica a la unidad de España que Sánchez aceptase tomar en consideración el infame documento de exigencias que Joaquim Torra le entregó el pasado mes de diciembre, y que ayer filtró convenientemente para dejar en evidencia al Gobierno de la nación. Un documento que exige la «desfranquización» de una España que hace casi cincuenta años que dejó de ser franquista, que impone dialogar de algo ilegal como la autodeterminación de Cataluña, y que exige al poder ejecutivo anular al poder judicial, o la derogación de facto del Código Penal para los encausados por rebelión, solo debe tener un lugar en el despacho de Sánchez: la papelera. El mero hecho de sentar las bases indiciarias para negociar una sola línea del chantaje expuesto por Torra debería ser susceptible de su dimisión inmediata e irrevocable como presidente del Gobierno, y la convocatoria inminente de elecciones. Ese documento es un llamamiento a la aplicación inmediata del artículo 155 de la Carta Magna, y solo desde una perspectiva de cobardía ética y de un ejercicio pusilánime del poder es comprensible la conducta de Sánchez. Y también la de algunos de sus ministros muy significados en la lucha contra el independentismo, que miran hacia otro lado como si realmente todo esto fuese una negociación legítima y no la sumisión a un chantaje. No es posible que el Gobierno se dedique a blanquear a unos golpistas o minimice este secuestro de nuestra democracia con la excusa de permanecer unos meses más en el poder. En España es el independentismo quien ataca las libertades públicas, y no al revés. Por eso las elecciones se han convertido en una emergencia nacional.
TRIANA. Se compran y se venden ventanas abiertas para aprobar presupuestos.

Un saludo.
Buenos días Ángel, estos son capaces de comprar y vender hasta el mismísimo diablo para seguir en la brecha, o sea, a cualquier precio, es lo que estamos viendo todos los días, ¡este Pedro, ¡este Pedro..............
María Jesús Montero: «Si no hay presupuestos, habrá elecciones en 2019»

La ministra de Hacienda se muestra segura de que saldrán las cuentas adelante pero no descarta los comicios.

ABC | Agencias.

Actualizado:

29/01/2019 11:22h.
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TRIANA. Se compran y se venden ventanas abiertas para aprobar presupuestos.

Un saludo.
María Jesús Montero: «Si no hay presupuestos, habrá elecciones en 2019»

La ministra de Hacienda se muestra segura de que saldrán las cuentas adelante pero no descarta los comicios.

ABC | Agencias.

Actualizado:

29/01/2019 11:22h.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado, «habrá elecciones en 2019». Con todo, Montero se ha mostrado segura este martes de que podrán sacar adelante las cuentas, aunque no descarta que haya comicios en caso contrario.

La ministra ha explicado hoy que ya han recibido la carta de la Comisión Europea (CE) respecto a sus Presupuestos para 2019, en la que le dicen al Gobierno que «adelante» con ellos y con las nuevas figuras tributarias, según informa Efe.

«Estos Presupuestos son los que necesitan los ciudadanos para mejorar su condiciones de vida», ha defendido, asegurando que las cuentas se han elaborado «pensando en su ejecución».

En declaraciones a TVE, Montero ha dicho que Bruselas no solicita nuevas aclaraciones respecto a la senda de déficit, después de que los Presupuestos se hayan tenido que ajustar al objetivo vigente del 1,3% del PIB, dado que el Gobierno no ha conseguido sacar adelante su senda más flexible.

Por su parte, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha evitado vincular la aprobación de los Presupuestos a la convocatoria de elecciones y ha abogado por «seguir peleando» para sacar adelante «unas cuentas buenas para España».
Pasito a pasito se llega lejitos.
Hasta el precipicio.