El Consejo de Ministros aprueba este viernes la polémica «ley Celaá» que entierra el castellano.
Según han confirmado fuentes del Ministerio de Educación este viernes aterriza en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley educativa que elimina la Lomce, más conocida como «ley Wert»
Josefina G. Stegmann.
MADRID.
Actualizado:
14/02/2019 15:39h.
El Consejo de Ministros aprobará este viernes el polémico anteproyecto de ley educativa con el que se modifica la LOE aprobada por los socialistas en 2006 y se elimina la Lomce, más conocida como «Ley Wert».
Así lo han confirmado a ABC fuentes del Ministerio de Educación que aseguraron que hay un «cien por cien» de posibilidades de que el texto del Gobierno aterrice en el Consejo de Ministros este viernes, precisamente, cuando Sánchez anunciará si convoca o no elecciones.
Una vez pasado este trámite, el anteproyecto se convierte en Proyecto de Ley y, así, será enviado a las Cortes para su aprobación. El Gobierno ha seguido adelante con sus planes, pese a las críticas de la comunidad educativa y tampoco ha tenido en cuenta al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno.
Por el Consejo de Estado debería haber pasado el texto antes de llegar al Consejo de Ministros aunque el argumento del Gobierno es que el informe del Consejo de Estado «no es preceptivo».
«No hay por qué esperar al informe del Consejo de Estado», defendió la ministra de Educación, Isabel Celaá. «No es obligatorio», la acompañó Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y FP al ser preguntados por este periódico por esta cuestión el pasado mes de enero.
«Es una absoluta vergüenza que lleven a escondidas, sin haber pasado el borrador con las enmiendas del Consejo Escolar del Estado, sin el informe preceptivo del Consejo de Estado una reforma educativa que nos va a lastrar durante años», ha criticado la portavoz de Educación de Cs en el Congreso, Marta Martín.
El anteproyecto remitido al Consejo Escolar del Estado tratado en su Pleno el pasado 8 de enero, y el único al que se ha podido acceder públicamente, margina el castellano al darle vía libre a la Generalitat para que decida cuántas asignaturas imparte en castellano y cuántas en catalán. Además, ataca a la concertada e impide a las autoridades religiosas decidir sobre el currículo y los libros de texto en la asignatura de Religión.
El texto elimina en el artículo 109.2 la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. El sector de la concertada ha entendido esta eliminación como un ataque.
Concejales
Otro ataque a la concertada se produce en el artículo 109.3, que establece que las administraciones «planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes». Este apartado no menciona que la oferta educativa está asegurada también con plazas de centros financiados con fondos públicos. Ni siquiera la LOE, que es el texto del Gobierno socialista aprobado en 2006 en el que se inspira el presente anteproyecto alude a «públicas», solo se refiere a «plazas».
Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona, entre otros, a un «concejal o representante del Ayuntamiento», que la Lomce suprimió y se vuelve a incluir. «Esto significa poner a un comisario político. Un concertado recibe fondos públicos y debe dar cuenta de cómo los usa, pero eso no significa que tenga que nombrar un representante en el consejo escolar porque es de entidad privada», critica José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.
El papel de los padres
En cuanto a la Religión, la ley hace dos cosas. En primer lugar, la deja fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero). Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas.
Por otro lado, el documento pretendía eliminar el reconocimiento de la importancia de los padres en la educación de los hijos. «No enunciar este principio parece pretender anular este papel fundamental», sentencia el informe final del Pleno del Consejo Escolar. Sin embargo, esto sí se consiguió modificar a través de una enmienda aprobada para el texto de Celaá.
El Consejo Escolar, en su Pleno del 8 de enero, también exigió al Gobierno que el anteproyecto se acompañe de una memoria económica que incluya un compromiso «explícito de incremento del gasto público en educación». Concretamente, piden un inversión de, al menos, el 5,5% del PIB.
Reclamaron, también, una asignatura de Filosofía (en consonancia con una PNL aprobada por unanimidad en el Congreso y que el Gobierno dijo que incluiría pero al final no lo hizo), y otra de Historia del Mundo Contemporáneo en todas las modalidades de Bachillerato. Por último, piden que se garantice la coeducación y se impida la segregación por sexos.
Según han confirmado fuentes del Ministerio de Educación este viernes aterriza en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley educativa que elimina la Lomce, más conocida como «ley Wert»
Josefina G. Stegmann.
MADRID.
Actualizado:
14/02/2019 15:39h.
El Consejo de Ministros aprobará este viernes el polémico anteproyecto de ley educativa con el que se modifica la LOE aprobada por los socialistas en 2006 y se elimina la Lomce, más conocida como «Ley Wert».
Así lo han confirmado a ABC fuentes del Ministerio de Educación que aseguraron que hay un «cien por cien» de posibilidades de que el texto del Gobierno aterrice en el Consejo de Ministros este viernes, precisamente, cuando Sánchez anunciará si convoca o no elecciones.
Una vez pasado este trámite, el anteproyecto se convierte en Proyecto de Ley y, así, será enviado a las Cortes para su aprobación. El Gobierno ha seguido adelante con sus planes, pese a las críticas de la comunidad educativa y tampoco ha tenido en cuenta al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno.
Por el Consejo de Estado debería haber pasado el texto antes de llegar al Consejo de Ministros aunque el argumento del Gobierno es que el informe del Consejo de Estado «no es preceptivo».
«No hay por qué esperar al informe del Consejo de Estado», defendió la ministra de Educación, Isabel Celaá. «No es obligatorio», la acompañó Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y FP al ser preguntados por este periódico por esta cuestión el pasado mes de enero.
«Es una absoluta vergüenza que lleven a escondidas, sin haber pasado el borrador con las enmiendas del Consejo Escolar del Estado, sin el informe preceptivo del Consejo de Estado una reforma educativa que nos va a lastrar durante años», ha criticado la portavoz de Educación de Cs en el Congreso, Marta Martín.
El anteproyecto remitido al Consejo Escolar del Estado tratado en su Pleno el pasado 8 de enero, y el único al que se ha podido acceder públicamente, margina el castellano al darle vía libre a la Generalitat para que decida cuántas asignaturas imparte en castellano y cuántas en catalán. Además, ataca a la concertada e impide a las autoridades religiosas decidir sobre el currículo y los libros de texto en la asignatura de Religión.
El texto elimina en el artículo 109.2 la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. El sector de la concertada ha entendido esta eliminación como un ataque.
Concejales
Otro ataque a la concertada se produce en el artículo 109.3, que establece que las administraciones «planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes». Este apartado no menciona que la oferta educativa está asegurada también con plazas de centros financiados con fondos públicos. Ni siquiera la LOE, que es el texto del Gobierno socialista aprobado en 2006 en el que se inspira el presente anteproyecto alude a «públicas», solo se refiere a «plazas».
Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona, entre otros, a un «concejal o representante del Ayuntamiento», que la Lomce suprimió y se vuelve a incluir. «Esto significa poner a un comisario político. Un concertado recibe fondos públicos y debe dar cuenta de cómo los usa, pero eso no significa que tenga que nombrar un representante en el consejo escolar porque es de entidad privada», critica José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.
El papel de los padres
En cuanto a la Religión, la ley hace dos cosas. En primer lugar, la deja fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero). Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas.
Por otro lado, el documento pretendía eliminar el reconocimiento de la importancia de los padres en la educación de los hijos. «No enunciar este principio parece pretender anular este papel fundamental», sentencia el informe final del Pleno del Consejo Escolar. Sin embargo, esto sí se consiguió modificar a través de una enmienda aprobada para el texto de Celaá.
El Consejo Escolar, en su Pleno del 8 de enero, también exigió al Gobierno que el anteproyecto se acompañe de una memoria económica que incluya un compromiso «explícito de incremento del gasto público en educación». Concretamente, piden un inversión de, al menos, el 5,5% del PIB.
Reclamaron, también, una asignatura de Filosofía (en consonancia con una PNL aprobada por unanimidad en el Congreso y que el Gobierno dijo que incluiría pero al final no lo hizo), y otra de Historia del Mundo Contemporáneo en todas las modalidades de Bachillerato. Por último, piden que se garantice la coeducación y se impida la segregación por sexos.