Tras el discurso de Su Majestad D. Juan Carlos I en Nochebuena diciendo que "todos somos iguales ante la Ley", salvo por la nimia excepción de sí mismo y su inviolabilidad, ayer durante la entrega de despachos a una nueva promoción de jueces, manifestó que "La Constitución otorga a los jueces y magistrados en exclusiva la atribución de juzgar y ejecutar lo juzgado". Lo que se le olvidó a S. M. fue que también tienen otras atribuciones y entre otras es la de poder ser instructores o investigadores de causas con la ayuda de la policía judicial y de la Fiscalía, teniendo la facultad de imputar y tomar medidas restrictivas de la libertad de los imputados. Y la verdad, la experiencia nos demuestra que no se cumple que todos seamos iguales ante la Ley. A igualdad de delito, trato diferencial dependiendo de quien sea el investigado o imputado.
Es curiosa la coincidencia en el tiempo de este acto al que acude S. M., su discurso y la inminente comparecencia de su yerno el Duque de Palma que va a declarar el próximo sábado en los juzgados por un pequeño asunto de evasión de capitales, apropiación indebida y otros delitos que no parecen ser actuaciones ejemplares, tal y como sugirió la propia casa Real. También no deja de ser curioso que su esposa, la Infanta Dª Cristina no sea llamada a declarar, siendo como es propietaria de alguna de las empresas presuntamente implicadas en esos delitos. Pero eso sí, los jueces están para juzgar, pero también para imputar, y aquí es donde se abre un abismo en el tema de la igualdad ante la Ley.
Por supuesto que dada la notoriedad de los imputados y su relación familiar con S. M., no se trata de un caso más de los muchos de prevaricación, evasión de capitales y enriquecimiento ilícito. La verdad es que no puede evitarse el que siendo los personajes que son, este asunto merezca un seguimiento especial, tanto por los medios de comunicación como por los ciudadanos. Porque no es lo mismo que Fernández y Fernández constituyan una ONG y se sirvan de ella como tapadera para obtener beneficios personales, que esas actuaciones sean presuntamente realizadas por un yerno del Rey. En este caso, los jueces no pueden evitar tampoco abstraerse de esa situación, ni hacer oídos sordos a las declaraciones de S. M., por muy obvias que sean.
Ante todo la incógnita es si el Sr. Urdangarín tras sus declaraciones será oficialmente imputado y las pruebas que le incriminan son lo suficientemente sólidas para ello. Igualmente sería deseable que se aclarase la posible implicación de su esposa, o que no se pueda llegar a demostrar su conocimiento de las actividades mercantiles de las empresas en las que era copropietaria. Otra incógnita es si el juez se decide a imputar a quienes fueron colaboradores necesarios, y eso incluye a todos aquellos que concedieron los fondos ya sean de empresas privadas o de la Administración pública del Estado o Autonomías.
Esta es una ocasión que la Justicia no debe dejar pasar por alto para demostrar si realmente goza de independencia y de aplicar lo de la igualdad ante la Ley. Esperemos que la Fiscalía no se deje influenciar como en otros casos y ni siquiera vea indicios de delito y se erija en defensor del imputado sin haber realizado un mínimo de investigación. El caso Bono es lógico que venga a nuestra memoria.
Es curiosa la coincidencia en el tiempo de este acto al que acude S. M., su discurso y la inminente comparecencia de su yerno el Duque de Palma que va a declarar el próximo sábado en los juzgados por un pequeño asunto de evasión de capitales, apropiación indebida y otros delitos que no parecen ser actuaciones ejemplares, tal y como sugirió la propia casa Real. También no deja de ser curioso que su esposa, la Infanta Dª Cristina no sea llamada a declarar, siendo como es propietaria de alguna de las empresas presuntamente implicadas en esos delitos. Pero eso sí, los jueces están para juzgar, pero también para imputar, y aquí es donde se abre un abismo en el tema de la igualdad ante la Ley.
Por supuesto que dada la notoriedad de los imputados y su relación familiar con S. M., no se trata de un caso más de los muchos de prevaricación, evasión de capitales y enriquecimiento ilícito. La verdad es que no puede evitarse el que siendo los personajes que son, este asunto merezca un seguimiento especial, tanto por los medios de comunicación como por los ciudadanos. Porque no es lo mismo que Fernández y Fernández constituyan una ONG y se sirvan de ella como tapadera para obtener beneficios personales, que esas actuaciones sean presuntamente realizadas por un yerno del Rey. En este caso, los jueces no pueden evitar tampoco abstraerse de esa situación, ni hacer oídos sordos a las declaraciones de S. M., por muy obvias que sean.
Ante todo la incógnita es si el Sr. Urdangarín tras sus declaraciones será oficialmente imputado y las pruebas que le incriminan son lo suficientemente sólidas para ello. Igualmente sería deseable que se aclarase la posible implicación de su esposa, o que no se pueda llegar a demostrar su conocimiento de las actividades mercantiles de las empresas en las que era copropietaria. Otra incógnita es si el juez se decide a imputar a quienes fueron colaboradores necesarios, y eso incluye a todos aquellos que concedieron los fondos ya sean de empresas privadas o de la Administración pública del Estado o Autonomías.
Esta es una ocasión que la Justicia no debe dejar pasar por alto para demostrar si realmente goza de independencia y de aplicar lo de la igualdad ante la Ley. Esperemos que la Fiscalía no se deje influenciar como en otros casos y ni siquiera vea indicios de delito y se erija en defensor del imputado sin haber realizado un mínimo de investigación. El caso Bono es lógico que venga a nuestra memoria.