DOMINIO PÚBLICO...

Sánchez ordena a sus bases acosar al Constitucional por declarar ilegal el estado de alarma.
Esto me suena a dictadura...

El Tribunal Constitucional también declarará ilegal el segundo estado de alarma de Sánchez.
El Alto Tribunal acogerá dos de los tres principales argumentos expuestos por Vox en su recurso:

Segundo estado de alarma: la ponencia del TC ve infundada la prórroga de seis meses.
El Sánchez y el PSOE se saltan la ley y la Constitución contunuamente, motivo más que suficiente para ilegalizar el PSOE:

Rosa Díez: "Tenemos un Gobierno fuera de la ley porque lo dice el TC"

DOMINIO PÚBLICO
La justicia como problema para la democracia
BEATRIZ GIMENO

29/10/2021

La justicia española se ha convertido en un problema para la democracia. Según las encuestas esta institución figura entre las más desprestigiadas del Estado, y no ha tocado fondo. Es de temer que seguirá cayendo en el descrédito mientras gobierne la izquierda cosa que, afortunadamente, puede ir para largo. Pero cuando la mayoría social de un país percibe que la justicia no es justa, que no es igual para todos, que es arbitraria o que es, simplemente, el brazo de un determinado sector ideológico y político, entonces la democracia se tambalea. Podríamos llegar a ver un "no nos representan" destinado a la justicia, porque lo cierto es que se percibe que tenemos a una parte importante de uno de los poderes del estado levantado contra la democracia.

La independencia que reivindican constantemente tanto desde el CGPJ como desde la justicia en su conjunto no significa en modo alguno posibilidad de independizarse de la democracia, que es lo que está ocurriendo. La independencia judicial no significa que quepa la posibilidad de corregir lo decidido en las urnas. Los jueces son independientes sí, pero su independencia consiste en aplicar las leyes aprobadas por el parlamento sin atender a presiones externas.

Su independencia se garantiza para que puedan defender la ley (es decir, la democracia) frente a los diversos poderes que pueden pretender situarse al margen o por encima de aquella. Lo que vemos en muchas ocasiones es lo contrario. Sentencias que pretenden proteger a los poderes de la democracia; sentencias cada vez más desligadas de las leyes aprobadas, sentencias que tratan de imponer un determinado modelo de sociedad, un modelo reaccionario, sentencias que retuercen la realidad lo que haga falta, sentencias sin pruebas, sentencias que claramente son tendenciosas desde el punto de visto político.

La élite económica y social de este país, representada por la derecha, sigue pensando que el país es suyo, y en parte lo creen con razón, ya que nunca les fue arrebatado. A la muerte de Franco aceptaron que era inevitable aprobar nuevas reglas, sí, pero se encargaron de que dichas nuevas reglas no supusieran una completa ruptura con el pasado. Así que nadie detuvo a los torturadores, nadie obligo a los ladrones a devolver lo robado, nadie expulsó de la carrera judicial a los jueces franquistas, nadie desposeyó de nada a las grandes fortunas que se hicieron sobre la rapiña de la guerra y la posguerra; las reglas cambiaron mansamente para ellos y aunque llegó la democracia, la derecha quiso que eso no implicara pérdida de privilegios ni de poder.

No voy a entrar en si se pudo o no se pudo hacer de otra manera, esa es otra cuestión. Se hizo así y así estamos. Desde entonces, la derecha gobierna cuando puede y, cuando no puede porque así lo decide la ciudadanía, la única política que sabe hacer consiste en deslegitimar a quienes han sido elegidos como representantes legítimos. No conocen otra manera de hacer política en la oposición que esa. Y eso incluye a un Poder Judicial que, cada vez más, está defendiendo los intereses ideológicos y políticos de la derecha más dura y si para ello tienen que torcer la democracia y deslegitimar a la justicia en su conjunto, ya han demostrado que no les importa hacerlo.

Pero cuando se rompió el bipartidismo y el PSOE tuvo que pactar por primera vez una coalición de gobierno con un partido que está a su izquierda y que pretende hacer políticas socialdemócratas (no tiene otro nombre), la derecha se echó al monte viendo que, además, tiene difícil gobernar próximamente. Por una parte el PP ha arrasado a sus posibles aliados de la derecha nacionalista y si decide volver a la senda moderada para tratar de pactar con esa derecha, entonces con quien no contará será con Vox, así que sus opciones son cada vez más limitadas. Ante esta situación, el Partido Popular se ha lanzado a hacer un uso descarado del poder judicial para tratar de achicar desde ahí el espacio de las políticas que se pueden hacer desde el gobierno y para tratar de condicionar la política sea cual sea el resultado de las elecciones. Es lo que se conoce como lawfare y lo que está haciendo la derecha cuando comprueba que no llega al poder por las urnas, un golpe de estado "blando" que usa la justicia en lugar de las armas.

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El CGPJ es un órgano político en estado de insumisión. Sus integrantes han decidido no dimitir y ocuparlo hasta que el PP quiera, y si este partido decide no renovarlo nunca pueden estar ahí siempre. La propuesta del partido popular de que "los jueces elijan a los jueces" es inimaginable desde el punto de vista democrático. Recordemos que el CCGPJ es un órgano político, no jurisdiccional, por lo que es normal que en una democracia este órgano político sea elegido por el parlamento.
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