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La jueza imputa los sobornos más graves del caso Mediador al general que el Gobierno de Rajoy envió al Sahel
Francisco Javier Espinosa, el único imputado que ha entrado en prisión tras descubrirse 60.000 euros en metálico en su casa, fue encomendado a esa misión por el anterior Gobierno del PP, que ahora intenta sacarlo del foco mientras pronostica que el escándalo hará caer a Pedro Sánchez
— Robos con palanca y tarjetas de crédito falsas: el historial delictivo del 'Mediador'
— El general del caso Mediador registraba una contabilidad B y guardaba 61.100 euros en cajas de zapatos, un bolso y ropa
6 de marzo de 2023 22:08h
Actualizado el 07/03/2023 05:30h
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El general de División Francisco Javier Espinosa Navas tejió una red de poderosos contactos durante sus cuatro años al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, entre 2008 y 2012. Y presumía de ese potencial. “ ¿Estáis preparados para contratar a un Ferrari?”, preguntó en diciembre de 2020 a Marco Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador que da nombre a la presunta trama de corrupción por la que el ex mando militar permanece encarcelado desde el pasado 16 de febrero. “No hemos contratado un Ferrari, el mejor coche que hay en el mercado es un (Bugatti) Veyron y usted no es un Veyron, usted es el híbrido entre Ferrari, Porsche, Veyron y todas esas cosas…”, le responde su interlocutor, de amplio historial delictivo.
A Espinosa Navas le faltaba entonces poco más de un mes para cumplir la edad reglamentaria de jubilación y abandonar la dirección del proyecto GARSI Sahel para la formación de gendarmes en esta zona de África, un programa de cooperación financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien lo nombró en 2017 para este cargo, en el que finalmente se mantuvo hasta junio de 2021.
En su declaración como investigado ante la jueza instructora, el exgeneral dijo que el Mediador le había ofrecido, para cuando se jubilara, ser director de relaciones institucionales en una empresa que pretendía montar junto a otro de los imputados, el empresario Antonio Bautista, alias El curita, dedicado al sector de las energías renovables. Cobraría por ello 5.000 euros mensuales y tendría a su disposición una tarjeta de gastos. Una retribución alejada de los 14.000 euros al que percibía como director del proyecto en el Sahel como emisario del Gobierno de Rajoy, pero superior a los 2.500 euros de su pensión de jubilación.
“No quería irme a mi casa jubilado y me agarro a esa primera circunstancia. Luego no se materializó en absolutamente nada”, manifestó en sede judicial respecto a esa oferta. Espinosa Navas no se quedó en casa. En marzo de 2022, meses después de abandonar el Sahel, el general retirado comenzó a trabajar para Inversión en Fondos Bancarios PK SL. Se trata de un fondo de inversión especializado en la compraventa de inmuebles de entidades financieras que han sido ocupados. Opera con la marca comercial Okuant. El auto que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza ya recogía esta nueva actividad laboral del cabecilla de la rama ‘militar’ del caso Mediador.
El Partido Popular ha iniciado una batería de iniciativas en el Congreso dirigida hacia el ya ex diputado del PSOE Juan Bernando Fuentes, que habría percibido tres pagos de 5.000 euros a través del club de fútbol que presidía, pero mantiene un perfil bajo sobre el único imputado que ha ingresado en prisión, el general retirado Espinosa Navas, que es quien acumula los indicios incriminatorios más graves por la presunta comisión de cuatro delitos: cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. El Mediador aseguró en su declaración que entregaba al general sobres con entre 1.500 y 3.000 euros en metálico y que uno de los empresarios le habría pagado hasta 20.000 euros y le habría ofrecido una comisión del 10% por su gestión para conseguir un contrato para la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por 35 millones de euros.
Las iniciativas presentadas por el PP tratan de vincular a otros diputados del Congreso en la supuesta corrupción, a través de supuestas cenas y contactos con el parlamentario canario, mientras obvian el pasado del general encarcelado y sus ascensos con el Gobierno de Rajoy. Dirigentes del PP pronostican mientras tanto que el caso hará caer a Pedro Sánchez, pese a que los indicios más evidentes del sumario Mediador apuntan al militar. Las sospechas sobre él se acrecentaron con el registro a su domicilio en Madrid. En la vivienda se hallaron 61.110 euros en metálico. El exgeneral guardaba esa cantidad de dinero en fajos de 5.000 euros repartidos en distintas estancias de la casa: en una caja de zapatos y un bolso dentro del armario de su dormitorio y envuelto entre rollos de ropa en otra habitación.
Durante su declaración, trató de justificar el origen de esos fondos. Defendió que, antes de llegar a la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, ganaba unos 14.000 euros al mes en la Embajada de España en Francia y que fue entonces cuando decidió junto a su esposa hacer acopio de efectivo en su casa, en cantidades que cifró entre 15.000 y 20.000 euros. “He ganado mucho dinero en mi vida profesional”, dijo. Además, se refirió a una herencia familiar, un piso vendido tras la muerte de su padre por el que habría recibido en torno a 12.000 euros en metálico, o a un reloj de marca Rolex que habría comprado por 14.700 euros a un amigo en una joyería de Madrid y que este le habría devuelto en efectivo con un extra de 3.000 euros. Apuntó también que cuando irrumpió la pandemia de covid decidió sacar de sus cuentas unos 10.000 o 12.000 euros. “Parecía que se iba a acabar el mundo”, afirmó ante la instructora.
Espinosa Navas no convenció al fiscal ni a la jueza. El hallazgo de los fajos de billetes en su domicilio agravó su situación procesal. Eso y que en unos documentos registrara lo que, a ojos de la magistrada, parece corresponderse con una contabilidad B en la que recogía no solo el saldo de la cuenta corriente con la que operaba, sino también una columna a la que denominaba “cash” y que habría engordado durante la época de los hechos enjuiciados al tiempo que disminuía las retiradas en efectivo de la entidad financiera.
La decisión de enviar a prisión a Espinosa Navas se adoptó por el riesgo de fuga dada su capacidad de influencia en determinados círculos de poder y por el de destrucción o ocultación de las fuentes de prueba. Por un lado, en lo que concierne a su patrimonio. Hay una investigación internacional en curso para determinar la posible existencia de una cuenta en Bélgica. El exgeneral dio un número de cuenta de este país europeo al Mediador, aunque después le pidió que no hiciera transferencia. Ese mismo número estaba manuscrito en una tarjeta que portaba Espinosa el día de su detención. También se investiga si atesora bienes en los países de África en los que ejerció.
Por otro lado, la jueza advirtió de la posibilidad de que, dado ese potencial de contactos, pudiera incidir en las testificales que se pudieran practicar en la causa, declaraciones “directamente relacionadas con las gestiones ilícitas realizadas por el general de los empresarios de los que recibía dádivas que han quedado indiciariamente acreditadas”.
Cuatro episodios
Antes de su detención y de la posterior entrada y registro a su domicilio, un informe del servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ya recogía cuatro episodios con indicios incriminatorios contra Espinosa Navas. Y en uno de ellos existe una sospecha que atañe a contratos públicos, una circunstancia que no concurre, al menos hasta el momento en que se levanta el secreto, en el resto del sumario, que en su mayoría refleja presuntos sobornos en metálico o en especie a cambio de promesas incumplidas.
Ese episodio se refiere al vínculo del general con el empresario valenciano José Santiago Suárez Estévez, dedicado al asesoramiento y venta para profesionales de sistemas para la detección de drones y antidrones y al que conocía antes que al Mediador. El informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil tilda de indicios “de especial relevancia” que una de las sociedades vinculadas a este empresario se llevara entre 2020 y 2021 cuatro contratos públicos por un importe total de más de 230.000 euros de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, entre ellos tres relacionados con el proyecto GARSI Sahel, del que Espinosa Navas era director, y que alguna de esas licitaciones coincidiera en el tiempo con conversaciones que el empresario mantuvo con Navarro Tacoronte.
La jueza imputa los sobornos más graves del caso Mediador al general que el Gobierno de Rajoy envió al Sahel
Francisco Javier Espinosa, el único imputado que ha entrado en prisión tras descubrirse 60.000 euros en metálico en su casa, fue encomendado a esa misión por el anterior Gobierno del PP, que ahora intenta sacarlo del foco mientras pronostica que el escándalo hará caer a Pedro Sánchez
— Robos con palanca y tarjetas de crédito falsas: el historial delictivo del 'Mediador'
— El general del caso Mediador registraba una contabilidad B y guardaba 61.100 euros en cajas de zapatos, un bolso y ropa
6 de marzo de 2023 22:08h
Actualizado el 07/03/2023 05:30h
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El general de División Francisco Javier Espinosa Navas tejió una red de poderosos contactos durante sus cuatro años al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, entre 2008 y 2012. Y presumía de ese potencial. “ ¿Estáis preparados para contratar a un Ferrari?”, preguntó en diciembre de 2020 a Marco Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador que da nombre a la presunta trama de corrupción por la que el ex mando militar permanece encarcelado desde el pasado 16 de febrero. “No hemos contratado un Ferrari, el mejor coche que hay en el mercado es un (Bugatti) Veyron y usted no es un Veyron, usted es el híbrido entre Ferrari, Porsche, Veyron y todas esas cosas…”, le responde su interlocutor, de amplio historial delictivo.
A Espinosa Navas le faltaba entonces poco más de un mes para cumplir la edad reglamentaria de jubilación y abandonar la dirección del proyecto GARSI Sahel para la formación de gendarmes en esta zona de África, un programa de cooperación financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien lo nombró en 2017 para este cargo, en el que finalmente se mantuvo hasta junio de 2021.
En su declaración como investigado ante la jueza instructora, el exgeneral dijo que el Mediador le había ofrecido, para cuando se jubilara, ser director de relaciones institucionales en una empresa que pretendía montar junto a otro de los imputados, el empresario Antonio Bautista, alias El curita, dedicado al sector de las energías renovables. Cobraría por ello 5.000 euros mensuales y tendría a su disposición una tarjeta de gastos. Una retribución alejada de los 14.000 euros al que percibía como director del proyecto en el Sahel como emisario del Gobierno de Rajoy, pero superior a los 2.500 euros de su pensión de jubilación.
“No quería irme a mi casa jubilado y me agarro a esa primera circunstancia. Luego no se materializó en absolutamente nada”, manifestó en sede judicial respecto a esa oferta. Espinosa Navas no se quedó en casa. En marzo de 2022, meses después de abandonar el Sahel, el general retirado comenzó a trabajar para Inversión en Fondos Bancarios PK SL. Se trata de un fondo de inversión especializado en la compraventa de inmuebles de entidades financieras que han sido ocupados. Opera con la marca comercial Okuant. El auto que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza ya recogía esta nueva actividad laboral del cabecilla de la rama ‘militar’ del caso Mediador.
El Partido Popular ha iniciado una batería de iniciativas en el Congreso dirigida hacia el ya ex diputado del PSOE Juan Bernando Fuentes, que habría percibido tres pagos de 5.000 euros a través del club de fútbol que presidía, pero mantiene un perfil bajo sobre el único imputado que ha ingresado en prisión, el general retirado Espinosa Navas, que es quien acumula los indicios incriminatorios más graves por la presunta comisión de cuatro delitos: cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. El Mediador aseguró en su declaración que entregaba al general sobres con entre 1.500 y 3.000 euros en metálico y que uno de los empresarios le habría pagado hasta 20.000 euros y le habría ofrecido una comisión del 10% por su gestión para conseguir un contrato para la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por 35 millones de euros.
Las iniciativas presentadas por el PP tratan de vincular a otros diputados del Congreso en la supuesta corrupción, a través de supuestas cenas y contactos con el parlamentario canario, mientras obvian el pasado del general encarcelado y sus ascensos con el Gobierno de Rajoy. Dirigentes del PP pronostican mientras tanto que el caso hará caer a Pedro Sánchez, pese a que los indicios más evidentes del sumario Mediador apuntan al militar. Las sospechas sobre él se acrecentaron con el registro a su domicilio en Madrid. En la vivienda se hallaron 61.110 euros en metálico. El exgeneral guardaba esa cantidad de dinero en fajos de 5.000 euros repartidos en distintas estancias de la casa: en una caja de zapatos y un bolso dentro del armario de su dormitorio y envuelto entre rollos de ropa en otra habitación.
Durante su declaración, trató de justificar el origen de esos fondos. Defendió que, antes de llegar a la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, ganaba unos 14.000 euros al mes en la Embajada de España en Francia y que fue entonces cuando decidió junto a su esposa hacer acopio de efectivo en su casa, en cantidades que cifró entre 15.000 y 20.000 euros. “He ganado mucho dinero en mi vida profesional”, dijo. Además, se refirió a una herencia familiar, un piso vendido tras la muerte de su padre por el que habría recibido en torno a 12.000 euros en metálico, o a un reloj de marca Rolex que habría comprado por 14.700 euros a un amigo en una joyería de Madrid y que este le habría devuelto en efectivo con un extra de 3.000 euros. Apuntó también que cuando irrumpió la pandemia de covid decidió sacar de sus cuentas unos 10.000 o 12.000 euros. “Parecía que se iba a acabar el mundo”, afirmó ante la instructora.
Espinosa Navas no convenció al fiscal ni a la jueza. El hallazgo de los fajos de billetes en su domicilio agravó su situación procesal. Eso y que en unos documentos registrara lo que, a ojos de la magistrada, parece corresponderse con una contabilidad B en la que recogía no solo el saldo de la cuenta corriente con la que operaba, sino también una columna a la que denominaba “cash” y que habría engordado durante la época de los hechos enjuiciados al tiempo que disminuía las retiradas en efectivo de la entidad financiera.
La decisión de enviar a prisión a Espinosa Navas se adoptó por el riesgo de fuga dada su capacidad de influencia en determinados círculos de poder y por el de destrucción o ocultación de las fuentes de prueba. Por un lado, en lo que concierne a su patrimonio. Hay una investigación internacional en curso para determinar la posible existencia de una cuenta en Bélgica. El exgeneral dio un número de cuenta de este país europeo al Mediador, aunque después le pidió que no hiciera transferencia. Ese mismo número estaba manuscrito en una tarjeta que portaba Espinosa el día de su detención. También se investiga si atesora bienes en los países de África en los que ejerció.
Por otro lado, la jueza advirtió de la posibilidad de que, dado ese potencial de contactos, pudiera incidir en las testificales que se pudieran practicar en la causa, declaraciones “directamente relacionadas con las gestiones ilícitas realizadas por el general de los empresarios de los que recibía dádivas que han quedado indiciariamente acreditadas”.
Cuatro episodios
Antes de su detención y de la posterior entrada y registro a su domicilio, un informe del servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ya recogía cuatro episodios con indicios incriminatorios contra Espinosa Navas. Y en uno de ellos existe una sospecha que atañe a contratos públicos, una circunstancia que no concurre, al menos hasta el momento en que se levanta el secreto, en el resto del sumario, que en su mayoría refleja presuntos sobornos en metálico o en especie a cambio de promesas incumplidas.
Ese episodio se refiere al vínculo del general con el empresario valenciano José Santiago Suárez Estévez, dedicado al asesoramiento y venta para profesionales de sistemas para la detección de drones y antidrones y al que conocía antes que al Mediador. El informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil tilda de indicios “de especial relevancia” que una de las sociedades vinculadas a este empresario se llevara entre 2020 y 2021 cuatro contratos públicos por un importe total de más de 230.000 euros de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, entre ellos tres relacionados con el proyecto GARSI Sahel, del que Espinosa Navas era director, y que alguna de esas licitaciones coincidiera en el tiempo con conversaciones que el empresario mantuvo con Navarro Tacoronte.