Este plan de incentivación a los nuevos contratos tiene otro efecto perverso. También segmenta a los propios desempleados, favoreciendo la contratación de los que reciben prestaciones de desempleo (y cuanta más alta y más tiempo mayores beneficios para el empresario al que revertiría el 50% de su prestación). Tiene la lógica de reducir el gasto público en prestaciones de desempleo en el 25% (el nuevo contratado seguiría recibiendo el 25% como incentivo para la búsqueda de empleo). La cara principal es que condena a unos cuatro millones de desempleados y a los jóvenes sin empleo previo de entonces a un paro prolongado y sin apenas protección social.
En definitiva, esta reforma laboral no tiene ningún plan de creación global de empleo neto y facilita una reestructuración de plantillas hacia un mercado de trabajo más barato y dócil. Empleos más estables disminuyen su protección para sustituirlos por nuevos contratos más precarios. Se somete a la gente joven y desempleada a una vida laboral estancada, de paro y precariedad. Por tanto, frente a los discursos oficiales, no crea empleo, sino que pretende sustituir unos contratos, hasta ahora con mayores derechos de protección, por otros precarios. Tampoco frena la dualidad del mercado de trabajo, sino que empeora las condiciones de los distintos segmentos e incrementa la inseguridad y la desprotección de los nuevos empleos, particularmente, los destinados a jóvenes. Su apuesta es consolidar la capacidad empresarial de control social y productivo, mediante la coacción y reglas autoritarias para garantizar la subordinación e impotencia de la población trabajadora.
No crea empleo, prolonga la crisis y perjudica a la mayoría
Su justificación oficial es la creación de empleo, aunque se diluye en el tiempo y aparece condicionado. Así, sin mucha convicción y acompañado por otras reformas estructurales (financiera y presupuestos restrictivos), se considera un medio imprescindible para generar un nuevo periodo de expansión económica, la condición necesaria para salir de la crisis económica. Cuando menos, ese pronóstico era dudoso, y la realidad al cabo de más de un año de aplicación lo confirma. Probablemente, va a contribuir a la prolongación de la crisis, la contracción económica y, sobre todo, el empeoramiento de las condiciones de empleo, laborales y de vida de la mayoría de la sociedad. Estos efectos son claros a corto plazo.
Pero, no hay que descartar la persistencia de esta situación a medio plazo con estancamiento del empleo y menor protección social: continuidad de un paro masivo, ampliación de las capas trabajadoras precarias y baratas con mayor incertidumbre socioeconómica, mantenimiento de una estructura productiva frágil y de baja cualificación, recortes del Estado de bienestar, probabilidad de un fuerte descontento popular y dificultades para la cohesión social. A partir del año 2015 comenzó una etapa de relativo crecimiento económico y creación de empleo, pero debido a diversas variables macroeconómicas en el marco europeo y mundial y, desde luego, no derivado del carácter restrictivo de la actividad económica que produjo esa reforma laboral.
Estos ‘sacrificios’, esta contrarreforma laboral del PP, tendrían todavía menos legitimación ya que se diluiría la credibilidad que todavía pueden contar en una parte conservadora de la sociedad española. Su apoyo electoral e institucional actual no le avala ahora, y menos indefinidamente, para continuar con esta vía antisocial. El desacuerdo popular a recortes sociales fundamentales, como el abaratamiento del despido, es mayoritario. La oposición social y sindical frente a estos retrocesos laborales era ya muy amplia en aquellos momentos (según la encuesta de Metroscopia –El País 12-2-2012- realizada antes de saber el fuerte impacto ‘agresivo’ de la reforma laboral, el 46% de la población -67% de los votantes del PSOE- estaba de acuerdo con la convocatoria de una huelga general contra ella que se materializó el 29 de marzo de 2012).
En aquel contexto ya aparecían públicamente sus intereses: incrementar los privilegios de los poderosos a costa de la mayoría de la ciudadanía. Ni interés general, ni bien común. Retroceso colectivo, perjuicio para la mayoría y, particularmente, bloqueo para las expectativas ascendentes de la gente joven.
Ante esa dinámica de desvertebración social y/o indignación ciudadana, la opción conservadora que se dibujaba era reforzar la autoridad y los mecanismos de coacción de la jerarquía empresarial, someter a la población a una fuerte socialización en la precariedad laboral, debilitar los mecanismos sociales de defensa sindical y representación colectiva, neutralizar la expresión colectiva del descontento ciudadano, marginar las opciones progresistas y de izquierda.
No vale una modificación superficial de esa reforma laboral y el modelo social que representa, ni admitir el veto empresarial para desmontarla. El revertir esa dinámica regresiva es una tarea fundamental de la agenda social del Gobierno de coalición, del sindicalismo y del conjunto de fuerzas progresistas.
En definitiva, esta reforma laboral no tiene ningún plan de creación global de empleo neto y facilita una reestructuración de plantillas hacia un mercado de trabajo más barato y dócil. Empleos más estables disminuyen su protección para sustituirlos por nuevos contratos más precarios. Se somete a la gente joven y desempleada a una vida laboral estancada, de paro y precariedad. Por tanto, frente a los discursos oficiales, no crea empleo, sino que pretende sustituir unos contratos, hasta ahora con mayores derechos de protección, por otros precarios. Tampoco frena la dualidad del mercado de trabajo, sino que empeora las condiciones de los distintos segmentos e incrementa la inseguridad y la desprotección de los nuevos empleos, particularmente, los destinados a jóvenes. Su apuesta es consolidar la capacidad empresarial de control social y productivo, mediante la coacción y reglas autoritarias para garantizar la subordinación e impotencia de la población trabajadora.
No crea empleo, prolonga la crisis y perjudica a la mayoría
Su justificación oficial es la creación de empleo, aunque se diluye en el tiempo y aparece condicionado. Así, sin mucha convicción y acompañado por otras reformas estructurales (financiera y presupuestos restrictivos), se considera un medio imprescindible para generar un nuevo periodo de expansión económica, la condición necesaria para salir de la crisis económica. Cuando menos, ese pronóstico era dudoso, y la realidad al cabo de más de un año de aplicación lo confirma. Probablemente, va a contribuir a la prolongación de la crisis, la contracción económica y, sobre todo, el empeoramiento de las condiciones de empleo, laborales y de vida de la mayoría de la sociedad. Estos efectos son claros a corto plazo.
Pero, no hay que descartar la persistencia de esta situación a medio plazo con estancamiento del empleo y menor protección social: continuidad de un paro masivo, ampliación de las capas trabajadoras precarias y baratas con mayor incertidumbre socioeconómica, mantenimiento de una estructura productiva frágil y de baja cualificación, recortes del Estado de bienestar, probabilidad de un fuerte descontento popular y dificultades para la cohesión social. A partir del año 2015 comenzó una etapa de relativo crecimiento económico y creación de empleo, pero debido a diversas variables macroeconómicas en el marco europeo y mundial y, desde luego, no derivado del carácter restrictivo de la actividad económica que produjo esa reforma laboral.
Estos ‘sacrificios’, esta contrarreforma laboral del PP, tendrían todavía menos legitimación ya que se diluiría la credibilidad que todavía pueden contar en una parte conservadora de la sociedad española. Su apoyo electoral e institucional actual no le avala ahora, y menos indefinidamente, para continuar con esta vía antisocial. El desacuerdo popular a recortes sociales fundamentales, como el abaratamiento del despido, es mayoritario. La oposición social y sindical frente a estos retrocesos laborales era ya muy amplia en aquellos momentos (según la encuesta de Metroscopia –El País 12-2-2012- realizada antes de saber el fuerte impacto ‘agresivo’ de la reforma laboral, el 46% de la población -67% de los votantes del PSOE- estaba de acuerdo con la convocatoria de una huelga general contra ella que se materializó el 29 de marzo de 2012).
En aquel contexto ya aparecían públicamente sus intereses: incrementar los privilegios de los poderosos a costa de la mayoría de la ciudadanía. Ni interés general, ni bien común. Retroceso colectivo, perjuicio para la mayoría y, particularmente, bloqueo para las expectativas ascendentes de la gente joven.
Ante esa dinámica de desvertebración social y/o indignación ciudadana, la opción conservadora que se dibujaba era reforzar la autoridad y los mecanismos de coacción de la jerarquía empresarial, someter a la población a una fuerte socialización en la precariedad laboral, debilitar los mecanismos sociales de defensa sindical y representación colectiva, neutralizar la expresión colectiva del descontento ciudadano, marginar las opciones progresistas y de izquierda.
No vale una modificación superficial de esa reforma laboral y el modelo social que representa, ni admitir el veto empresarial para desmontarla. El revertir esa dinámica regresiva es una tarea fundamental de la agenda social del Gobierno de coalición, del sindicalismo y del conjunto de fuerzas progresistas.