El Gobierno de Carmena fue el que ordenó el archivo del caso del chat de los policías.
El 12 de marzo, el director del Cuerpo acordó devolver sus armas y accesos a los agentes expedientados.
Carlos Hidalgo.
MADRID.
Actualizado:
09/08/2019 00:42h.
De «cinismo más absoluto» califican en medios policiales y políticos la actitud del exconcejal de Seguridad, Javier Barbero, y la exportavoz del Gobierno de Manuela Carmena, Rita Maestre, tras conocerse el archivo del expediente contra tres agentes por el conocido como caso del chat policial. La razón es que fue la anterior Corporación, de Ahora Madrid, la que se encargó de dejar sin efecto las medidas cautelares contra los investigados, y no la actual, la que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP).
Pero dejó dormir la firma de la resolución casi cinco meses; hasta el punto de acabar el mandato y no rubricarla. El nuevo director de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, se encontró con el asunto nada más tomar posesión, y ha dado el visto bueno a su archivo. A propuesta, por cierto, del jefe de Gestión Disciplinaria, Rafael Cañada de Fez, un cargo de confianza del exdelegado Barbero.
ABC ha tenido acceso a la resolución del expediente disciplinario. El 22 de noviembre de 2017, se procedió a incoar los expedientes a los tres funcionarios, acordándose como medidas cautelares la retirada temporal de sus armas, la prohibición de acceso a cualquier base de datos policial y a las del Ayuntamiento y la entrada sin autorización a las dependencias del Cuerpo. «Todo ello, al parecer, por realizar amenazas, manifestaciones de odio, así como expresiones de índole o sesgo racista», añade el documento. Uno de los afectados estuvo reclamando semana por semana que le dieran su arma, imprescindible para su trabajo.
Paralelamente, había una causa judicial por los mismos hechos y tras la denuncia de un policía de CC. OO., que fue sobreseída de manera provisional el 22 de noviembre de 2018 y confirmado el archivo el 11 de febrero de 2019 por la Audiencia Provincial. Entonces, el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, acordó el 12 de marzo pasado «levantar las medidas cautelares acordadas en los expedientes disciplinarios». Luego, se llamó a declarar en instancias policiales a los tres agentes, que se negaron a contestar a cuestiones concretas, pero que recordaron que las manifestaciones en el canal de WhatsApp «10 años y turno de noche» se correspondían a su «ámbito privado»: los comentarios tuvieron como únicos receptores a los miembros del chat. Finalmente, Gestión Disciplinaria considera que lo ocurrido no es «reprochable».
Ahora, Rita Maestre critica un archivo que su propio Gobierno pidió: «PP y Cs deben ser firmes contra la xenofobia y el racismo», dijo el miércoles. Barbero se mostró «preocupado por el mensaje de fondo enviado» desde el Ayuntamiento: «Suena a que todo vale».
El 12 de marzo, el director del Cuerpo acordó devolver sus armas y accesos a los agentes expedientados.
Carlos Hidalgo.
MADRID.
Actualizado:
09/08/2019 00:42h.
De «cinismo más absoluto» califican en medios policiales y políticos la actitud del exconcejal de Seguridad, Javier Barbero, y la exportavoz del Gobierno de Manuela Carmena, Rita Maestre, tras conocerse el archivo del expediente contra tres agentes por el conocido como caso del chat policial. La razón es que fue la anterior Corporación, de Ahora Madrid, la que se encargó de dejar sin efecto las medidas cautelares contra los investigados, y no la actual, la que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP).
Pero dejó dormir la firma de la resolución casi cinco meses; hasta el punto de acabar el mandato y no rubricarla. El nuevo director de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, se encontró con el asunto nada más tomar posesión, y ha dado el visto bueno a su archivo. A propuesta, por cierto, del jefe de Gestión Disciplinaria, Rafael Cañada de Fez, un cargo de confianza del exdelegado Barbero.
ABC ha tenido acceso a la resolución del expediente disciplinario. El 22 de noviembre de 2017, se procedió a incoar los expedientes a los tres funcionarios, acordándose como medidas cautelares la retirada temporal de sus armas, la prohibición de acceso a cualquier base de datos policial y a las del Ayuntamiento y la entrada sin autorización a las dependencias del Cuerpo. «Todo ello, al parecer, por realizar amenazas, manifestaciones de odio, así como expresiones de índole o sesgo racista», añade el documento. Uno de los afectados estuvo reclamando semana por semana que le dieran su arma, imprescindible para su trabajo.
Paralelamente, había una causa judicial por los mismos hechos y tras la denuncia de un policía de CC. OO., que fue sobreseída de manera provisional el 22 de noviembre de 2018 y confirmado el archivo el 11 de febrero de 2019 por la Audiencia Provincial. Entonces, el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, acordó el 12 de marzo pasado «levantar las medidas cautelares acordadas en los expedientes disciplinarios». Luego, se llamó a declarar en instancias policiales a los tres agentes, que se negaron a contestar a cuestiones concretas, pero que recordaron que las manifestaciones en el canal de WhatsApp «10 años y turno de noche» se correspondían a su «ámbito privado»: los comentarios tuvieron como únicos receptores a los miembros del chat. Finalmente, Gestión Disciplinaria considera que lo ocurrido no es «reprochable».
Ahora, Rita Maestre critica un archivo que su propio Gobierno pidió: «PP y Cs deben ser firmes contra la xenofobia y el racismo», dijo el miércoles. Barbero se mostró «preocupado por el mensaje de fondo enviado» desde el Ayuntamiento: «Suena a que todo vale».