El País
El Defensor del Pueblo, sobre Madrid Central: “La nueva regulación supone un retroceso medioambiental”
Francisco Fernández Marugán contesta a más de 500 personas sobre la nueva ordenanza de Almeida y explica que está esperando una respuesta del Consistorio y de la Comunidad de Madrid
Los logotipos de Madrid Central, en el centro de la capital.
Los logotipos de Madrid Central, en el centro de la capital.ÁLVARO GARCÍA
BERTA FERRERO
Madrid - 31 AGO 2021 - 20:35 CEST
Fernando García, miembro de la asociación Pedalibre, recibió este martes la respuesta del Defensor Pueblo, Francisco Fernández Marugán que llevaba esperando dos años. Le había pedido amparo en 2019, cuando nada más ganar José Luis Martínez-Almeida las elecciones municipales anunció que se eliminarían las multas y que acabaría, de facto, con Madrid Central. No pudo hacerlo entonces, pero el Tribunal Superior le dio la puntilla a la zona de bajas emisiones el pasado mayo cuando dio por buenos los argumentos del Grupo Municipal Popular de 2018 de que existía un error de forma en la ordenanza. García insistió de nuevo, ante la nueva normativa que los populares quieren sacar adelante. Y este martes le llegó la respuesta: “Sin necesidad de entrar en un análisis exhaustivo de la regulación de estas zonas, se advierte desde el principio que la aprobación de esta regulación supone un retroceso en la protección medioambiental respecto de la aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2018”. Como García, más de 500 personas recibieron este martes el mismo escrito de Fernández Marugán, que empezó a correr como la pólvora en Twitter.
En definitiva, el Defensor del Pueblo se posiciona claramente y asegura que la normativa que Almeida quiere sacar adelante en el pleno del próximo día 10 de septiembre es peor que la de su predecesora, Manuela Carmena. Aún así, Fernández Marugán explica que antes de emitir una resolución definitiva, ha pedido tanto al Consistorio madrileño como a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y las consejerías competentes en la materia que expongan ante su escrito lo que determinen oportuno. Todavía no ha recibido respuesta, puesto que se les remitió el escrito a la vez que a los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo basa su argumento principalmente en dos razones. “La equiparación entre residentes y comerciantes a la hora de establecer las excepciones a la limitación de circulación y estacionamientos de vehículos” y la excepción relativa a los vehículos que entren en la zona de bajas emisiones para dejar o recoger a alumnos de educación infantil y primaria, “así como a los de secundaria cuyas necesidades lo exijan”. “Respecto a este último grupo, sin perjuicio de la ambigüedad de esta regulación (ya que se desconoce a qué hipotéticas necesidades se refiere) lo cierto es que se trata de una justificación de difícil justificación (...)”, explica el Defensor del Pueblo.
Fernández Marugán incide también en que “no existe ninguna relación entre el proyecto de Ordenanza de Movilidad y la reciente ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad del Ayuntamiento”, cuando, en su opinión, “tienen una relación intrínseca”.
Un portavoz del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento respondió que es “sorprendente” la petición del Defensor del Pueblo al ser una ordenanza que no está todavía aprobada. “Llama también la atención que en 2018 esta institución no solicitara ninguna información adicional sobre la Ordenanza de Movilidad Sostenible a pesar de que se había producido más controversia con la puesta en marcha de Madrid Central”, añade. El Consistorio “anima” a Fernández Muragán “a leerse por completo el texto de la ordenanza, más allá de dos artículos, pues contiene 245″ y de esa manera “podrá comprobar que en absoluto es regresivo, ya que contempla dos zonas de bajas emisiones de especial protección, en Centro y en Plaza Elíptica, donde nunca antes se había diseñado un plan para luchar contra la contaminación”.
El Defensor del Pueblo, sobre Madrid Central: “La nueva regulación supone un retroceso medioambiental”
Francisco Fernández Marugán contesta a más de 500 personas sobre la nueva ordenanza de Almeida y explica que está esperando una respuesta del Consistorio y de la Comunidad de Madrid
Los logotipos de Madrid Central, en el centro de la capital.
Los logotipos de Madrid Central, en el centro de la capital.ÁLVARO GARCÍA
BERTA FERRERO
Madrid - 31 AGO 2021 - 20:35 CEST
Fernando García, miembro de la asociación Pedalibre, recibió este martes la respuesta del Defensor Pueblo, Francisco Fernández Marugán que llevaba esperando dos años. Le había pedido amparo en 2019, cuando nada más ganar José Luis Martínez-Almeida las elecciones municipales anunció que se eliminarían las multas y que acabaría, de facto, con Madrid Central. No pudo hacerlo entonces, pero el Tribunal Superior le dio la puntilla a la zona de bajas emisiones el pasado mayo cuando dio por buenos los argumentos del Grupo Municipal Popular de 2018 de que existía un error de forma en la ordenanza. García insistió de nuevo, ante la nueva normativa que los populares quieren sacar adelante. Y este martes le llegó la respuesta: “Sin necesidad de entrar en un análisis exhaustivo de la regulación de estas zonas, se advierte desde el principio que la aprobación de esta regulación supone un retroceso en la protección medioambiental respecto de la aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2018”. Como García, más de 500 personas recibieron este martes el mismo escrito de Fernández Marugán, que empezó a correr como la pólvora en Twitter.
En definitiva, el Defensor del Pueblo se posiciona claramente y asegura que la normativa que Almeida quiere sacar adelante en el pleno del próximo día 10 de septiembre es peor que la de su predecesora, Manuela Carmena. Aún así, Fernández Marugán explica que antes de emitir una resolución definitiva, ha pedido tanto al Consistorio madrileño como a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y las consejerías competentes en la materia que expongan ante su escrito lo que determinen oportuno. Todavía no ha recibido respuesta, puesto que se les remitió el escrito a la vez que a los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo basa su argumento principalmente en dos razones. “La equiparación entre residentes y comerciantes a la hora de establecer las excepciones a la limitación de circulación y estacionamientos de vehículos” y la excepción relativa a los vehículos que entren en la zona de bajas emisiones para dejar o recoger a alumnos de educación infantil y primaria, “así como a los de secundaria cuyas necesidades lo exijan”. “Respecto a este último grupo, sin perjuicio de la ambigüedad de esta regulación (ya que se desconoce a qué hipotéticas necesidades se refiere) lo cierto es que se trata de una justificación de difícil justificación (...)”, explica el Defensor del Pueblo.
Fernández Marugán incide también en que “no existe ninguna relación entre el proyecto de Ordenanza de Movilidad y la reciente ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad del Ayuntamiento”, cuando, en su opinión, “tienen una relación intrínseca”.
Un portavoz del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento respondió que es “sorprendente” la petición del Defensor del Pueblo al ser una ordenanza que no está todavía aprobada. “Llama también la atención que en 2018 esta institución no solicitara ninguna información adicional sobre la Ordenanza de Movilidad Sostenible a pesar de que se había producido más controversia con la puesta en marcha de Madrid Central”, añade. El Consistorio “anima” a Fernández Muragán “a leerse por completo el texto de la ordenanza, más allá de dos artículos, pues contiene 245″ y de esa manera “podrá comprobar que en absoluto es regresivo, ya que contempla dos zonas de bajas emisiones de especial protección, en Centro y en Plaza Elíptica, donde nunca antes se había diseñado un plan para luchar contra la contaminación”.
Dedícate al séptimo arte y deja la CAM. Funciona mejor que con Manuela.