TITULARES DEL DÍA:
Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 16 de febrero.
ABC. es.
Actualizado:
16/02/2018 07:26h.
1. El Gobierno estudia recurrir al 155 para proteger el castellano en los colegios catalanes. Hacer cumplir la ley, ni más ni menos. El Gobierno anunció ayer jueves su disposición a incluir en la hoja de preinscripción para el próximo curso en las escuelas catalanasla casilla obligatoria con la que los padres tendrían que poder escoger de manera fácil la lengua de la primera enseñanza de sus hijos. Aunque la inclusión de la casilla es obligatoria desde la aprobación de la Lomce, la Generalitat de Cataluña ha incumplido la ley de manera sistemática desde 2005, desoyendo también la catarata de sentencias judiciales -al menos una docena de fallos del TSJC y del Tribunal Supremo- que le instan a ello. No obstante, la insumisión histórica de la Generalitat en materia lingüística se produce ahora en un contexto político totalmente distinto tras la intervención de la administración autonómica con el artículo 155. «Somos sensibles con el problema y estamos en ello. Pronto lo anunciaremos, pero quedan todavía unas semanas para abrir el periodo de matriculación», anunció ayer en los pasillos del Congreso el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, que aclaró que se estudia también si la vía del 155 lo permite. En medios políticos también se interpretó el anuncio como una sutil manera, o nada sutil según se mire, de presionar a los partidos independentistas par formar ya gobierno dentro de la ley si no quieren que el 155 comience a traducirse en cambios reales en Cataluña.
2. La Guardia Civil atribuye a Rovira la logística del referéndum ilegal de Cataluña. Un informe ampliatorio de la Guardia Civil que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya tiene sobre la mesa atribuye a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, un papel clave en la preparación del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La Policía Judicial asegura que, junto con Junqueras, Rovira controló personalmente la logística del 1-O, lo que apuntala los indicios contra ella de cara a la declaración que la líder independentista tiene que prestar ante el magistrado el próximo lunes. De los análisis de la conversaciones intervenidas se desprende que el número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, actuó bajo las órdenes del exvicepresidente de la Generalitat y de la secretaria general de Esquerra y que ninguno de los líderes independentistas ocultó su preocupación por no contar con la colaboración de todos los ayuntamientos en el plan secesionista. De las grabaciones se concluye que Jové y Antoni Comín -exconsejero huido- daban cuenta de su actividad y recibían instrucciones de la cúpula de ERC, «especialmente de Marta Rovira, de Oriol Junqueras y de Jordi Turull», exconsejero de la Generalitat hoy en libertad bajo fianza.
3. Montoro ofrece a las comunidades que el Estado les perdone los intereses de deuda. El Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa la posibilidad de perdonar los intereses de deuda que pagan las comunidades por los mecanismos de financiación desplegados por el Estado desde 2012. Desde el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se estudia una reestructuración de la deuda contraída por las comunidades con el Estado dentro del nuevo modelo de financiación. En principio hay tres opciones, o que el Estado asuma parte del principal del pasivo, o un alargamiento de los plazos de vencimiento o la reducción de los intereses. Ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se inclinó por esta última opción como guiño a las comunidades de cara al futuro modelo. «No tiene sentido que cuando hablamos de nuevos recursos para las comunidades en Educación, Sanidad o protección social lo que planteemos en paralelo es que el Estado se financie con intereses por la deuda contraídas con el mismo Estado. O hacemos una cosa o hacemos la otra pero las dos, no», sentenció ayer el ministro a la entrada de la Asamblea General de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE). Los mecanismos de financiación se pusieron en marcha en 2012, en un momento en el que las comunidades tenían los mercados cerrados, ya que pedían intereses disparados ante la crisis del euro. El Estado ponía a su disposición liquidez a un interés similar al que pagaba por financiarse el Tesoro. Lo que en su momento era una medida extraordinaria, desde entonces se ha convertido en permanente.
4. El Valle de los Caídos cuesta 1,8 millones al año, y se invirtieron en él otros 1,8 extras desde 2012. Mantener cada año el Valle de los Caídos supone un gasto al Estado de 1,8 millones de euros, según la respuesta que ha dado el Gobierno Central al senador de Compromis Carles Mulet. Además, desde el año 2012 a 2017 se invirtieron otros 1,8 millones de euros «extra» en distintas mejoras. El senador considera una cantidad demasiado alta, y propone exhumar todos los cuerpos que se encuentran allíy demoler el conjunto. El Valle de los Caídos es visitado anualmente por unas 254.000 personas, y la cantidad va subiendo. El monumento, propiedad de Patrimonio Nacional, le proporciona al Estado unosingresos anuales de 2 millones de euros. A la pregunta del senador Mulet sobre los costes generados por este conjunto monumental, el Gobierno de España señala en su salida que los gastos de explotación«sufragados con cargo al presupuesto del consejo de Administración del Patrimonio Nacional» son de 1,8 millones de euros al año. Esto incluye algo más de un millón de euros para gastos de personal, 327.700 euros en gastos corrientes en bienes y servicios; 340.000 euros en la subvención que se le da a la Abadía benedictina, beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y 123.600 euros en diversas inversiones. Estos fueron los datos del año 2016.
5. El Gobierno de Rajoy lleva a los tribunales la subida salarial en Justicia que aprobó Cifuentes. El Gobierno de España ha recurrido un acuerdo de Cristina Cifuentes que suponía una mejora de sueldo de los trabajadores madrileños de Justicia. Basándose en un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda, de Cristóbal Montoro, la delegación del Gobierno de Madrid ha llevado al contencioso-administrativo la subida salarial a los trabajadores de la Administración de Justicia. Cifuentes no está dispuesta a dar la batalla por perdida, y ha anunciado que defenderá su acuerdo «hasta el final». Fue el portavoz socialista,Ángel Gabilondo, quien puso el dedo en la llaga, durante su pregunta a la presidenta en la sesión de control del pleno. Tras preguntar si los trabajadores públicos habían perdido derechos por las medidas estatales de control del déficit, como congelación de retribuciones o paralización de oposiciones, Gabilondo expresó su temor a que el Gobierno de España pueda impugnar «acuerdos como el de educación o el de la carrera profesional sanitaria», como«acaba de ocurrir con la mejora retributiva pactadaen el ámbito de los trabajadores de la Administración de Justicia».
6. Trump rehúye medidas de control de armas tras la matanza de Florida. Atrapada por un interminable bucle melancólico, la sociedad estadounidense vuelve a convivir con la emoción a flor de piel y con la constatación racional de un debate estéril. La matanza en un instituto de Parkland (Florida), donde el exalumno Nikolas Cruz sembró las aulas de 17 cadáverescon un rifle AR-15 que había adquirido con extrema facilidad, ha desgarrado a todo un condado y reabierto la confrontación ideológica nacional sobre el control de las armas de fuego que, de manera recurrente, se aviva con cada golpe letal. Pero, como antaño, nada nuevo bajo el sol. En su comparecencia presidencial para contrarrestar el impacto de la tragedia, Donald Trumpno sólo obvió posibles medidas para restringir el acceso, sino que no citó una sola vez la palabra «armas». Su discurso se limitó a volcar la carga de la prueba en el estado mental de los potenciales pistoleros y en la necesidad de «impedir que (las armas) caigan en poder de desequilibrados».
Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 16 de febrero.
ABC. es.
Actualizado:
16/02/2018 07:26h.
1. El Gobierno estudia recurrir al 155 para proteger el castellano en los colegios catalanes. Hacer cumplir la ley, ni más ni menos. El Gobierno anunció ayer jueves su disposición a incluir en la hoja de preinscripción para el próximo curso en las escuelas catalanasla casilla obligatoria con la que los padres tendrían que poder escoger de manera fácil la lengua de la primera enseñanza de sus hijos. Aunque la inclusión de la casilla es obligatoria desde la aprobación de la Lomce, la Generalitat de Cataluña ha incumplido la ley de manera sistemática desde 2005, desoyendo también la catarata de sentencias judiciales -al menos una docena de fallos del TSJC y del Tribunal Supremo- que le instan a ello. No obstante, la insumisión histórica de la Generalitat en materia lingüística se produce ahora en un contexto político totalmente distinto tras la intervención de la administración autonómica con el artículo 155. «Somos sensibles con el problema y estamos en ello. Pronto lo anunciaremos, pero quedan todavía unas semanas para abrir el periodo de matriculación», anunció ayer en los pasillos del Congreso el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, que aclaró que se estudia también si la vía del 155 lo permite. En medios políticos también se interpretó el anuncio como una sutil manera, o nada sutil según se mire, de presionar a los partidos independentistas par formar ya gobierno dentro de la ley si no quieren que el 155 comience a traducirse en cambios reales en Cataluña.
2. La Guardia Civil atribuye a Rovira la logística del referéndum ilegal de Cataluña. Un informe ampliatorio de la Guardia Civil que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya tiene sobre la mesa atribuye a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, un papel clave en la preparación del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La Policía Judicial asegura que, junto con Junqueras, Rovira controló personalmente la logística del 1-O, lo que apuntala los indicios contra ella de cara a la declaración que la líder independentista tiene que prestar ante el magistrado el próximo lunes. De los análisis de la conversaciones intervenidas se desprende que el número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, actuó bajo las órdenes del exvicepresidente de la Generalitat y de la secretaria general de Esquerra y que ninguno de los líderes independentistas ocultó su preocupación por no contar con la colaboración de todos los ayuntamientos en el plan secesionista. De las grabaciones se concluye que Jové y Antoni Comín -exconsejero huido- daban cuenta de su actividad y recibían instrucciones de la cúpula de ERC, «especialmente de Marta Rovira, de Oriol Junqueras y de Jordi Turull», exconsejero de la Generalitat hoy en libertad bajo fianza.
3. Montoro ofrece a las comunidades que el Estado les perdone los intereses de deuda. El Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa la posibilidad de perdonar los intereses de deuda que pagan las comunidades por los mecanismos de financiación desplegados por el Estado desde 2012. Desde el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se estudia una reestructuración de la deuda contraída por las comunidades con el Estado dentro del nuevo modelo de financiación. En principio hay tres opciones, o que el Estado asuma parte del principal del pasivo, o un alargamiento de los plazos de vencimiento o la reducción de los intereses. Ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se inclinó por esta última opción como guiño a las comunidades de cara al futuro modelo. «No tiene sentido que cuando hablamos de nuevos recursos para las comunidades en Educación, Sanidad o protección social lo que planteemos en paralelo es que el Estado se financie con intereses por la deuda contraídas con el mismo Estado. O hacemos una cosa o hacemos la otra pero las dos, no», sentenció ayer el ministro a la entrada de la Asamblea General de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE). Los mecanismos de financiación se pusieron en marcha en 2012, en un momento en el que las comunidades tenían los mercados cerrados, ya que pedían intereses disparados ante la crisis del euro. El Estado ponía a su disposición liquidez a un interés similar al que pagaba por financiarse el Tesoro. Lo que en su momento era una medida extraordinaria, desde entonces se ha convertido en permanente.
4. El Valle de los Caídos cuesta 1,8 millones al año, y se invirtieron en él otros 1,8 extras desde 2012. Mantener cada año el Valle de los Caídos supone un gasto al Estado de 1,8 millones de euros, según la respuesta que ha dado el Gobierno Central al senador de Compromis Carles Mulet. Además, desde el año 2012 a 2017 se invirtieron otros 1,8 millones de euros «extra» en distintas mejoras. El senador considera una cantidad demasiado alta, y propone exhumar todos los cuerpos que se encuentran allíy demoler el conjunto. El Valle de los Caídos es visitado anualmente por unas 254.000 personas, y la cantidad va subiendo. El monumento, propiedad de Patrimonio Nacional, le proporciona al Estado unosingresos anuales de 2 millones de euros. A la pregunta del senador Mulet sobre los costes generados por este conjunto monumental, el Gobierno de España señala en su salida que los gastos de explotación«sufragados con cargo al presupuesto del consejo de Administración del Patrimonio Nacional» son de 1,8 millones de euros al año. Esto incluye algo más de un millón de euros para gastos de personal, 327.700 euros en gastos corrientes en bienes y servicios; 340.000 euros en la subvención que se le da a la Abadía benedictina, beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y 123.600 euros en diversas inversiones. Estos fueron los datos del año 2016.
5. El Gobierno de Rajoy lleva a los tribunales la subida salarial en Justicia que aprobó Cifuentes. El Gobierno de España ha recurrido un acuerdo de Cristina Cifuentes que suponía una mejora de sueldo de los trabajadores madrileños de Justicia. Basándose en un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda, de Cristóbal Montoro, la delegación del Gobierno de Madrid ha llevado al contencioso-administrativo la subida salarial a los trabajadores de la Administración de Justicia. Cifuentes no está dispuesta a dar la batalla por perdida, y ha anunciado que defenderá su acuerdo «hasta el final». Fue el portavoz socialista,Ángel Gabilondo, quien puso el dedo en la llaga, durante su pregunta a la presidenta en la sesión de control del pleno. Tras preguntar si los trabajadores públicos habían perdido derechos por las medidas estatales de control del déficit, como congelación de retribuciones o paralización de oposiciones, Gabilondo expresó su temor a que el Gobierno de España pueda impugnar «acuerdos como el de educación o el de la carrera profesional sanitaria», como«acaba de ocurrir con la mejora retributiva pactadaen el ámbito de los trabajadores de la Administración de Justicia».
6. Trump rehúye medidas de control de armas tras la matanza de Florida. Atrapada por un interminable bucle melancólico, la sociedad estadounidense vuelve a convivir con la emoción a flor de piel y con la constatación racional de un debate estéril. La matanza en un instituto de Parkland (Florida), donde el exalumno Nikolas Cruz sembró las aulas de 17 cadáverescon un rifle AR-15 que había adquirido con extrema facilidad, ha desgarrado a todo un condado y reabierto la confrontación ideológica nacional sobre el control de las armas de fuego que, de manera recurrente, se aviva con cada golpe letal. Pero, como antaño, nada nuevo bajo el sol. En su comparecencia presidencial para contrarrestar el impacto de la tragedia, Donald Trumpno sólo obvió posibles medidas para restringir el acceso, sino que no citó una sola vez la palabra «armas». Su discurso se limitó a volcar la carga de la prueba en el estado mental de los potenciales pistoleros y en la necesidad de «impedir que (las armas) caigan en poder de desequilibrados».