Sánchez compra votos.
El presidente paga legalmente cada viernes con dinero público y ofrece entregar, además, nuestra soberanía.
Isabel San Sebastián.
Actualizado:
01/04/2019 00:12h.
Pocos presidentes del Gobierno han escapado a la tentación de utilizar el dinero del contribuyente para afianzarse en la poltrona, aunque ninguno con tanto descaro como su actual ocupante, a menos que incluyamos en el cómputo a los del turnismo decimonónico. Pedro Sánchez no envía a sus agentes a los colegios electorales con la misión de remunerar en monedas o billetes cada papeleta del PSOE introducida en la urna, pero recurre a los «viernes sociales» para lograr el mismo propósito de manera no solo legal, sino jaleada por una fanfarria mediática destinada a multiplicar su rentabilidad electoral. Los fondos con los que se sufraga la fiesta proceden de nuestros bolsillos, por supuesto. De lo que ya se nos ha esquilmado y de la deuda astronómica que habrán de afrontar nuestros nietos. El beneficio, por el contrario, tiene nombre y apellidos: Partido Socialista, antes obrero español, hoy «independe-sanchista». Porque esta práctica obscena de comprar legalmente votos no parece bastar a quienes usan y abusan de ella. Por si no resultase suficientemente inmoral en sí misma, el sanchismo gobernante ofrece pagar, además, con nuestra soberanía; la que la Constitución atribuye de forma exclusiva e indivisible al conjunto del pueblo español, por mucho que Iceta y él se ofrezcan a trocearla con el propósito de ganarse el favor del separatismo.
No hay Consejo de Ministros sin regalito incluido ni dádiva que no se cuente en cifras de más de seis ceros. La penúltima, una lluvia de empleo público de 11.300 nuevas plazas, más 8.000 de promoción interna, a ver si el colectivo de funcionarios, determinante por su amplitud, se decanta en las generales por la candidatura del puño y la rosa. El gasto de las distintas administraciones en dicho concepto alcanza ya máximos históricos, próximos a los 130.000 millones de euros, pero mientras haya crédito, no hay límite al despilfarro. Al fin y al cabo, según la doctrina sentada por la actual vicepresidenta, Carmen Calvo, en mayo de 2004, «estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie». A fe que ella y sus colegas honran, cada semana, esta íntima convicción tan ventajosa para ellos como desastrosa para los demás. Y suma y sigue. Nuevos e incrementados subsidios a los parados de larga duración (un inequívoco desincentivo a la búsqueda de un trabajo), atractivos programas de viajes del Imserso, ampliación del permiso de paternidad… una catarata de obsequios que en conjunto nos costarán más de tres mil millones, cargados al socorrido déficit. Pólvora del rey que recaerá inefablemente sobre nuestras espaldas, vía impuestos, para que don Pedro «el guapo» pueda seguir disfrutando del despacho que tanto le gusta. Ya se vislumbran en el horizonte nuevos gravámenes infligidos a los sufridos autónomos, cuya capacidad de defensa es limitada o nula. Seremos los primeros en pagar, pero acabaremos pagando a escote, no les quepa duda.
Con todo, lo más grave es, de lejos, lo otro. Esa disposición a vender la indisoluble unidad de la Nación española, en un plazo de diez o quince años, anunciada sin rubor por Iceta al reconocer la intención de convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña cuando así lo demande una mayoría cualificada de los catalanes. Un proyecto traidor, claudicante ante el secesionismo, que deja chico el apaciguamiento ensayado hasta ahora por los sucesivos presidentes, para ceder de lleno a las exigencias de los (presuntos) golpistas sentados en el banquillo. Una confesión abierta, matizada después en vano, tremendamente reveladora de cuál es la hoja de ruta. Que nadie se llame a engaño cuando sea demasiado tarde.
Isabel San Sebastián.
Articulista de Opinión.
El presidente paga legalmente cada viernes con dinero público y ofrece entregar, además, nuestra soberanía.
Isabel San Sebastián.
Actualizado:
01/04/2019 00:12h.
Pocos presidentes del Gobierno han escapado a la tentación de utilizar el dinero del contribuyente para afianzarse en la poltrona, aunque ninguno con tanto descaro como su actual ocupante, a menos que incluyamos en el cómputo a los del turnismo decimonónico. Pedro Sánchez no envía a sus agentes a los colegios electorales con la misión de remunerar en monedas o billetes cada papeleta del PSOE introducida en la urna, pero recurre a los «viernes sociales» para lograr el mismo propósito de manera no solo legal, sino jaleada por una fanfarria mediática destinada a multiplicar su rentabilidad electoral. Los fondos con los que se sufraga la fiesta proceden de nuestros bolsillos, por supuesto. De lo que ya se nos ha esquilmado y de la deuda astronómica que habrán de afrontar nuestros nietos. El beneficio, por el contrario, tiene nombre y apellidos: Partido Socialista, antes obrero español, hoy «independe-sanchista». Porque esta práctica obscena de comprar legalmente votos no parece bastar a quienes usan y abusan de ella. Por si no resultase suficientemente inmoral en sí misma, el sanchismo gobernante ofrece pagar, además, con nuestra soberanía; la que la Constitución atribuye de forma exclusiva e indivisible al conjunto del pueblo español, por mucho que Iceta y él se ofrezcan a trocearla con el propósito de ganarse el favor del separatismo.
No hay Consejo de Ministros sin regalito incluido ni dádiva que no se cuente en cifras de más de seis ceros. La penúltima, una lluvia de empleo público de 11.300 nuevas plazas, más 8.000 de promoción interna, a ver si el colectivo de funcionarios, determinante por su amplitud, se decanta en las generales por la candidatura del puño y la rosa. El gasto de las distintas administraciones en dicho concepto alcanza ya máximos históricos, próximos a los 130.000 millones de euros, pero mientras haya crédito, no hay límite al despilfarro. Al fin y al cabo, según la doctrina sentada por la actual vicepresidenta, Carmen Calvo, en mayo de 2004, «estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie». A fe que ella y sus colegas honran, cada semana, esta íntima convicción tan ventajosa para ellos como desastrosa para los demás. Y suma y sigue. Nuevos e incrementados subsidios a los parados de larga duración (un inequívoco desincentivo a la búsqueda de un trabajo), atractivos programas de viajes del Imserso, ampliación del permiso de paternidad… una catarata de obsequios que en conjunto nos costarán más de tres mil millones, cargados al socorrido déficit. Pólvora del rey que recaerá inefablemente sobre nuestras espaldas, vía impuestos, para que don Pedro «el guapo» pueda seguir disfrutando del despacho que tanto le gusta. Ya se vislumbran en el horizonte nuevos gravámenes infligidos a los sufridos autónomos, cuya capacidad de defensa es limitada o nula. Seremos los primeros en pagar, pero acabaremos pagando a escote, no les quepa duda.
Con todo, lo más grave es, de lejos, lo otro. Esa disposición a vender la indisoluble unidad de la Nación española, en un plazo de diez o quince años, anunciada sin rubor por Iceta al reconocer la intención de convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña cuando así lo demande una mayoría cualificada de los catalanes. Un proyecto traidor, claudicante ante el secesionismo, que deja chico el apaciguamiento ensayado hasta ahora por los sucesivos presidentes, para ceder de lleno a las exigencias de los (presuntos) golpistas sentados en el banquillo. Una confesión abierta, matizada después en vano, tremendamente reveladora de cuál es la hoja de ruta. Que nadie se llame a engaño cuando sea demasiado tarde.
Isabel San Sebastián.
Articulista de Opinión.