El empeño en jugar con los muertos.
La prioridad era retener el poder. Para ello, una buena idea es jugar a ser el bombero pirómano, el que apaga los fuegos que él mismo prende.
Ramón Pérez-Maura.
Actualizado:
05/06/2019 00:27h.
Doctor Sánchez llegó al Gobierno empeñado en agitar la propaganda. La prioridad no era gobernar, lo que quiere decir resolver los problemas de la ciudadanía y facilitar su vida. La prioridad era retener el poder. Para ello, una buena idea es jugar a ser el bombero pirómano, el que apaga los fuegos que él mismo prende. Y eso es exactamente lo que hizo el presidente en su primera entrevista en TVE tras la moción de censura de hace un año. Decretó que el problema era un hombre que llevaba cuarenta y tres años muerto y que era prioridad en su Gobierno solventar ese problema del que nadie hablaba en España. Prendamos el fuego y después seremos los héroes que lo extinguieron.
Ha pasado un año y el bombero pirómano no ha conseguido cumplir con la palabra dada. Ya ha dado dos fechas y en ninguna de ellas se ha llevado a cabo la exhumación de los restos mortales del general Franco. Lo de ayer fue especialmente humillante para el Gobierno de Pedro Sánchez. Antes de la celebración de las elecciones generales del 28 de abril, con los comicios ya en camino, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunció la fecha del 10 de junio para el traslado de los despojos de Franco. Era algo que anunciaba sin acuerdo con la familia, lo que hubiera equivalido a una profanación de la tumba. Pero en la prepotencia propia de quien se cree con un mandato sólido para gobernar con sólo 123 escaños sobre 350, jugaron a ser maquiavelos monclovitas: si ganaban las elecciones, podrían ejecutar el traslado en plena negociación de pactos poselectorales con la fuerza que ellos creían que ese movimiento les daría. Y si el ganador de las elecciones era otro, le dejaban un problema que resolver: porque hubiera tenido que empezar por no cumplir la orden legal del Gobierno de España sobre el traslado. Era lo que los anglosajones llaman un win/win situation.
La familia Martínez-Bordiú, la comunidad benedictina, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la fundación que lleva el nombre del difunto optaron por recurrir a la Justicia porque algunos todavía tenemos razones para creer que en este país no hay derecho, pero sí hay Justicia. Y la fecha del 10 de junio, la foto de Sánchez ante la tumba vacía de Franco, no va a ser posible. El recurso de los cuatro actores ha sido atendido por unanimidad. Por supuesto, eso no quiere decir que el Supremo vaya a dar la razón a los recurrentes cuando se dicte la sentencia final sobre el procedimiento. Pero sí ha quedado muy claro que el empeño en mantener la fecha del 10 de junio implicaba una clara voluntad de Sánchez y los suyos de violar los derechos fundamentales de una familia: el muerto y sus nietos que son ciudadanos con los mismos derechos que Sánchez, su mujer, sus hijos y su suegro.
España sigue siendo un país donde algunos hacen de su capa un sayo. Pero es difícil saltarse al Tribunal Supremo como bien están viendo en estas horas los autores del golpe de Estado de octubre de 2017. Sánchez se quedó ayer sin argumentos en el caso de Franco porque no se puede permitir la más mínima crítica a la sentencia unánime del Supremo. Porque eso permitiría cuestionar la futura sentencia de ese tribunal en el caso de la rebelión en Cataluña. Y creo que ni siquiera Sánchez, que está dispuesto a casi todo a cambio de mantener el poder en España, se atrevería a poner en riesgo la condena a los procesados golpistas. O, bien pensado, tal vez se atreva incluso a eso.
Ramón Pérez-Maura.
Articulista de Opinión.
La prioridad era retener el poder. Para ello, una buena idea es jugar a ser el bombero pirómano, el que apaga los fuegos que él mismo prende.
Ramón Pérez-Maura.
Actualizado:
05/06/2019 00:27h.
Doctor Sánchez llegó al Gobierno empeñado en agitar la propaganda. La prioridad no era gobernar, lo que quiere decir resolver los problemas de la ciudadanía y facilitar su vida. La prioridad era retener el poder. Para ello, una buena idea es jugar a ser el bombero pirómano, el que apaga los fuegos que él mismo prende. Y eso es exactamente lo que hizo el presidente en su primera entrevista en TVE tras la moción de censura de hace un año. Decretó que el problema era un hombre que llevaba cuarenta y tres años muerto y que era prioridad en su Gobierno solventar ese problema del que nadie hablaba en España. Prendamos el fuego y después seremos los héroes que lo extinguieron.
Ha pasado un año y el bombero pirómano no ha conseguido cumplir con la palabra dada. Ya ha dado dos fechas y en ninguna de ellas se ha llevado a cabo la exhumación de los restos mortales del general Franco. Lo de ayer fue especialmente humillante para el Gobierno de Pedro Sánchez. Antes de la celebración de las elecciones generales del 28 de abril, con los comicios ya en camino, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunció la fecha del 10 de junio para el traslado de los despojos de Franco. Era algo que anunciaba sin acuerdo con la familia, lo que hubiera equivalido a una profanación de la tumba. Pero en la prepotencia propia de quien se cree con un mandato sólido para gobernar con sólo 123 escaños sobre 350, jugaron a ser maquiavelos monclovitas: si ganaban las elecciones, podrían ejecutar el traslado en plena negociación de pactos poselectorales con la fuerza que ellos creían que ese movimiento les daría. Y si el ganador de las elecciones era otro, le dejaban un problema que resolver: porque hubiera tenido que empezar por no cumplir la orden legal del Gobierno de España sobre el traslado. Era lo que los anglosajones llaman un win/win situation.
La familia Martínez-Bordiú, la comunidad benedictina, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la fundación que lleva el nombre del difunto optaron por recurrir a la Justicia porque algunos todavía tenemos razones para creer que en este país no hay derecho, pero sí hay Justicia. Y la fecha del 10 de junio, la foto de Sánchez ante la tumba vacía de Franco, no va a ser posible. El recurso de los cuatro actores ha sido atendido por unanimidad. Por supuesto, eso no quiere decir que el Supremo vaya a dar la razón a los recurrentes cuando se dicte la sentencia final sobre el procedimiento. Pero sí ha quedado muy claro que el empeño en mantener la fecha del 10 de junio implicaba una clara voluntad de Sánchez y los suyos de violar los derechos fundamentales de una familia: el muerto y sus nietos que son ciudadanos con los mismos derechos que Sánchez, su mujer, sus hijos y su suegro.
España sigue siendo un país donde algunos hacen de su capa un sayo. Pero es difícil saltarse al Tribunal Supremo como bien están viendo en estas horas los autores del golpe de Estado de octubre de 2017. Sánchez se quedó ayer sin argumentos en el caso de Franco porque no se puede permitir la más mínima crítica a la sentencia unánime del Supremo. Porque eso permitiría cuestionar la futura sentencia de ese tribunal en el caso de la rebelión en Cataluña. Y creo que ni siquiera Sánchez, que está dispuesto a casi todo a cambio de mantener el poder en España, se atrevería a poner en riesgo la condena a los procesados golpistas. O, bien pensado, tal vez se atreva incluso a eso.
Ramón Pérez-Maura.
Articulista de Opinión.