EDITORIAL.
Batet solo puede perder.
El pulso del sanchismo al Supremo para que el diputado de Podemos no pierda el escaño no es jurídico. Es político. El PSOE quiere anular a los jueces para no comprometer la coalición.
Editorial ABC.
Actualizado: 22/10/2021 07:29h.
El Congreso vivió ayer una secuencia surrealista por el empecinamiento de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, de dar largas al Tribunal Supremo y no ejecutar por ahora la sentencia que inhabilita al diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Por tanto, Batet mantenía ayer abierto el desafío a la Sala Penal del alto tribunal sin cumplir el fallo judicial y sin expulsarlo de la Cámara. Aunque Batet es plenamente consciente de que antes o después tendrá que ejecutar la sentencia y privar a Rodríguez del escaño, ayer dio una ‘patada a seguir’ al proceso sin siquiera implicarse formalmente. Primero, convocó una reunión de la Mesa y forzó una votación, en la que la mayoría compuesta por PSOE y Podemos planteó exigir una aclaración al Supremo para ganar tiempo y mantener activo el pulso institucional. Después, Batet envió su escrito al Supremo pidiendo aclaraciones, lo cual es absurdo porque tanto la sentencia como el escrito remitido por el tribunal al Congreso, reclamando saber en qué fecha se ha ejecutado, son nítidos al respecto. Más aún, es igualmente absurdo porque la Mesa no tiene competencia alguna para pedir aclaraciones de ningún tipo a los jueces. Es Batet la única competente para ello. Y para protegerse jurídicamente ante cualquier eventual acusación de obstaculización de la justicia o de desobediencia, ni siquiera votó. Lo lógico es que en las próximas horas se resuelva este innecesario conflicto entre poderes del Estado que está provocando un profundo desgaste institucional. Batet sabe de sobra que no hay nada que aclarar, y Rodríguez debería abandonar el escaño en las próximas horas, sin más dilación.
La cuestión de fondo, en cualquier caso, no es jurídica, sino política. Ni Batet, ni los grupos parlamentarios, ni los letrados del Congreso, ni ningún catedrático son autoridad para reinterpretar una sentencia del Supremo. Sí es legítimo que los letrados, como cualquier otro jurista, crean que la sentencia es interpretable. Pero para eso está el derecho de Rodríguez a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional y solicitar de modo cautelar y extraordinario la suspensión de la ejecución de la sentencia para mantener su escaño. Esa decisión sería de otro Tribunal, nunca de Batet, por muy disconforme que esté con el fallo de Rodríguez. Por tanto, no es lo más inteligente ni lo más leal entre poderes que la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, discuta al Supremo sus decisiones, se enfrente a él y trate de dilatar sus resoluciones solo para no irritar a Podemos o poner en riesgo la coalición. Batet tiene una obligación legal, e incumplirla supone desobedecer. Y el riesgo de declararse insumisa, como en su día hicieron Forcadell, Torrent o Atutxa para proteger al independentismo catalán o al partido heredero de Batasuna, también situaría a Batet ante un proceso judicial probablemente inhabilitante.
Además, su reinterpretación de la sentencia tiene una intención más política e ideológica que jurídica: la de imponer una pretendida superioridad moral del sanchismo para dar un golpe de autoridad sobre cualquier otra institución, más allá de la separación de poderes. Sin embargo, y aunque lo crea, Pedro Sánchez no es el máximo intérprete de la ley. Más sencillo aún: reta al Supremo para no dejar caer a un icono de Podemos a las puertas de la aprobación de los presupuestos. Pero tiene todos los visos de perderlo. Rodríguez, auténtico símbolo de la llegada de un partido antisistema al Congreso, debe marcharse con deshonor. Por delincuente. Por ser un agresor de policías. Y más humillante aún, por ser alguien que se quiere apropiar del escaño, retratándose como un jefe de la misma casta que dice combatir.
Batet solo puede perder.
El pulso del sanchismo al Supremo para que el diputado de Podemos no pierda el escaño no es jurídico. Es político. El PSOE quiere anular a los jueces para no comprometer la coalición.
Editorial ABC.
Actualizado: 22/10/2021 07:29h.
El Congreso vivió ayer una secuencia surrealista por el empecinamiento de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, de dar largas al Tribunal Supremo y no ejecutar por ahora la sentencia que inhabilita al diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Por tanto, Batet mantenía ayer abierto el desafío a la Sala Penal del alto tribunal sin cumplir el fallo judicial y sin expulsarlo de la Cámara. Aunque Batet es plenamente consciente de que antes o después tendrá que ejecutar la sentencia y privar a Rodríguez del escaño, ayer dio una ‘patada a seguir’ al proceso sin siquiera implicarse formalmente. Primero, convocó una reunión de la Mesa y forzó una votación, en la que la mayoría compuesta por PSOE y Podemos planteó exigir una aclaración al Supremo para ganar tiempo y mantener activo el pulso institucional. Después, Batet envió su escrito al Supremo pidiendo aclaraciones, lo cual es absurdo porque tanto la sentencia como el escrito remitido por el tribunal al Congreso, reclamando saber en qué fecha se ha ejecutado, son nítidos al respecto. Más aún, es igualmente absurdo porque la Mesa no tiene competencia alguna para pedir aclaraciones de ningún tipo a los jueces. Es Batet la única competente para ello. Y para protegerse jurídicamente ante cualquier eventual acusación de obstaculización de la justicia o de desobediencia, ni siquiera votó. Lo lógico es que en las próximas horas se resuelva este innecesario conflicto entre poderes del Estado que está provocando un profundo desgaste institucional. Batet sabe de sobra que no hay nada que aclarar, y Rodríguez debería abandonar el escaño en las próximas horas, sin más dilación.
La cuestión de fondo, en cualquier caso, no es jurídica, sino política. Ni Batet, ni los grupos parlamentarios, ni los letrados del Congreso, ni ningún catedrático son autoridad para reinterpretar una sentencia del Supremo. Sí es legítimo que los letrados, como cualquier otro jurista, crean que la sentencia es interpretable. Pero para eso está el derecho de Rodríguez a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional y solicitar de modo cautelar y extraordinario la suspensión de la ejecución de la sentencia para mantener su escaño. Esa decisión sería de otro Tribunal, nunca de Batet, por muy disconforme que esté con el fallo de Rodríguez. Por tanto, no es lo más inteligente ni lo más leal entre poderes que la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, discuta al Supremo sus decisiones, se enfrente a él y trate de dilatar sus resoluciones solo para no irritar a Podemos o poner en riesgo la coalición. Batet tiene una obligación legal, e incumplirla supone desobedecer. Y el riesgo de declararse insumisa, como en su día hicieron Forcadell, Torrent o Atutxa para proteger al independentismo catalán o al partido heredero de Batasuna, también situaría a Batet ante un proceso judicial probablemente inhabilitante.
Además, su reinterpretación de la sentencia tiene una intención más política e ideológica que jurídica: la de imponer una pretendida superioridad moral del sanchismo para dar un golpe de autoridad sobre cualquier otra institución, más allá de la separación de poderes. Sin embargo, y aunque lo crea, Pedro Sánchez no es el máximo intérprete de la ley. Más sencillo aún: reta al Supremo para no dejar caer a un icono de Podemos a las puertas de la aprobación de los presupuestos. Pero tiene todos los visos de perderlo. Rodríguez, auténtico símbolo de la llegada de un partido antisistema al Congreso, debe marcharse con deshonor. Por delincuente. Por ser un agresor de policías. Y más humillante aún, por ser alguien que se quiere apropiar del escaño, retratándose como un jefe de la misma casta que dice combatir.