El PP, con Casado ya en su dirección, desvió dinero público para impedir que se investigase su caja B
La Policía señala que Rajoy conocía la operación. El número dos del ministro Fernández Díaz, a quien la Fiscalía pide imputar, dirigió la trama ilegal
El Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una operación pagada con dinero público para impedir que se investigase la corrupción del PP. En concreto, a través del Ministerio del Interior, ejecutó un plan para robarle al extesorero del partido, Luis Bárcenas, las pruebas sobre la caja B y el pago de sobresueldos en la formación, que serían determinantes en los juicios del caso Gürtel. La operación, bautizada como Kitchen por el excomisario Villarejo, era conocida por Mariano Rajoy según informes policiales que obran en el sumario, y siguió desarrollándose tras la entrada en la ejecutiva de Pablo Casado, actual líder del partido.
La investigación realizada permite establecer que, al menos entre 2013 y 2015, según la Fiscalía Anticorrupción, Interior activó una trama para lograr la colaboración del chofer de la mujer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, una persona de la máxima confianza del matrimonio. El objetivo era que éste revelase dónde guardaba el extesorero el material comprometedor para el PP y sus dirigentes o, lo que es lo mismo, las pruebas clave de la investigación de los llamados “papeles de Bárcenas”. El PP temía que, tras despedir a Bárcenas, éste tirase de la manta y revelase las claves de décadas de corrupción en el seno del partido.
A cambio de su colaboración, Ríos recibió 2.000 euros al mes –pagados con fondos reservados del Ministerio del Interior– y se le facilitó el acceso al Cuerpo Nacional de Policía. Según los investigadores, más de 53.000 euros de esos fondos reservados fueron a parar a la operación Kitchen. El Ministerio del Interior, entonces pilotado por Jorge Fernández Díaz, no escatimó en esfuerzos para dinamitar las investigaciones judiciales que cercaban al PP. Anular las pruebas contra el partido “es el asunto más importante que tenemos entre manos”, fue la instrucción que Fernández Díaz le habría dado a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de acuerdo con una anotación hallada en el teléfono móvil de este último.
Por estos hechos, la Fiscalía pide imputar al exministro Fernández Díaz, a María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro. Además, varias grabaciones que constan en la causa apuntan a que la operación de espionaje a Bárcenas para sabotear las investigaciones que acorralaban al PP era conocida por “el asturiano”, apodo de Mariano Rajoy. Y el sumario también aporta indicios de la participación del CNI en el espionaje a Bárcenas, pues entre la abundante documentación figuran mensajes entre el ministro Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, en los que hacen referencia a contactos en el servicio de inteligencia. En aquella época, el CNI dependía de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Los mensajes incautados a Martínez también señalan la conexión de este caso con la actual cúpula del PP. Cuando el espionaje ilegal a Bárcenas comenzó a destaparse, el que fuera secretario de Estado de Seguridad contactó con Teodoro García Egea, actual secretario general del PP, para reiterarle su “lealtad”. “Soy comprensivo, leal y comprometido”, le dijo Martínez a García Egea, al que le afeó haberle excluido de las listas al Congreso en 2019: “Quedarme tirado me hace un daño irreparable (…). Hay opciones de las que podíamos haber hablado”, le escribió a la mano derecha de Pablo Casado. Meses después, Martínez fue imputado.
Por ahora, el PP guarda silencio sobre esta investigación, la enésima que demuestra lo que el Congreso acreditó ya en 2017: que durante el Gobierno de Rajoy y bajo el mando de Fernández Díaz, se creó una estructura policial para “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP”. Esta mal llamada “policía patriótica” fue la misma que fabricó pruebas falsas contra Podemos y el independentismo catalán, entre otros adversarios políticos. El juicio sobre el caso de los papeles de Bárcenas, la caja B del partido y el pago de sobresueldos, por su parte, está previsto a partir del 8 de febrero de 2021.
La Policía señala que Rajoy conocía la operación. El número dos del ministro Fernández Díaz, a quien la Fiscalía pide imputar, dirigió la trama ilegal
El Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una operación pagada con dinero público para impedir que se investigase la corrupción del PP. En concreto, a través del Ministerio del Interior, ejecutó un plan para robarle al extesorero del partido, Luis Bárcenas, las pruebas sobre la caja B y el pago de sobresueldos en la formación, que serían determinantes en los juicios del caso Gürtel. La operación, bautizada como Kitchen por el excomisario Villarejo, era conocida por Mariano Rajoy según informes policiales que obran en el sumario, y siguió desarrollándose tras la entrada en la ejecutiva de Pablo Casado, actual líder del partido.
La investigación realizada permite establecer que, al menos entre 2013 y 2015, según la Fiscalía Anticorrupción, Interior activó una trama para lograr la colaboración del chofer de la mujer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, una persona de la máxima confianza del matrimonio. El objetivo era que éste revelase dónde guardaba el extesorero el material comprometedor para el PP y sus dirigentes o, lo que es lo mismo, las pruebas clave de la investigación de los llamados “papeles de Bárcenas”. El PP temía que, tras despedir a Bárcenas, éste tirase de la manta y revelase las claves de décadas de corrupción en el seno del partido.
A cambio de su colaboración, Ríos recibió 2.000 euros al mes –pagados con fondos reservados del Ministerio del Interior– y se le facilitó el acceso al Cuerpo Nacional de Policía. Según los investigadores, más de 53.000 euros de esos fondos reservados fueron a parar a la operación Kitchen. El Ministerio del Interior, entonces pilotado por Jorge Fernández Díaz, no escatimó en esfuerzos para dinamitar las investigaciones judiciales que cercaban al PP. Anular las pruebas contra el partido “es el asunto más importante que tenemos entre manos”, fue la instrucción que Fernández Díaz le habría dado a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de acuerdo con una anotación hallada en el teléfono móvil de este último.
Por estos hechos, la Fiscalía pide imputar al exministro Fernández Díaz, a María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro. Además, varias grabaciones que constan en la causa apuntan a que la operación de espionaje a Bárcenas para sabotear las investigaciones que acorralaban al PP era conocida por “el asturiano”, apodo de Mariano Rajoy. Y el sumario también aporta indicios de la participación del CNI en el espionaje a Bárcenas, pues entre la abundante documentación figuran mensajes entre el ministro Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, en los que hacen referencia a contactos en el servicio de inteligencia. En aquella época, el CNI dependía de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Los mensajes incautados a Martínez también señalan la conexión de este caso con la actual cúpula del PP. Cuando el espionaje ilegal a Bárcenas comenzó a destaparse, el que fuera secretario de Estado de Seguridad contactó con Teodoro García Egea, actual secretario general del PP, para reiterarle su “lealtad”. “Soy comprensivo, leal y comprometido”, le dijo Martínez a García Egea, al que le afeó haberle excluido de las listas al Congreso en 2019: “Quedarme tirado me hace un daño irreparable (…). Hay opciones de las que podíamos haber hablado”, le escribió a la mano derecha de Pablo Casado. Meses después, Martínez fue imputado.
Por ahora, el PP guarda silencio sobre esta investigación, la enésima que demuestra lo que el Congreso acreditó ya en 2017: que durante el Gobierno de Rajoy y bajo el mando de Fernández Díaz, se creó una estructura policial para “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP”. Esta mal llamada “policía patriótica” fue la misma que fabricó pruebas falsas contra Podemos y el independentismo catalán, entre otros adversarios políticos. El juicio sobre el caso de los papeles de Bárcenas, la caja B del partido y el pago de sobresueldos, por su parte, está previsto a partir del 8 de febrero de 2021.