El Consejo General del Poder Judicial vivió en 1996, coincidiendo con la llegada de José María Aznar al poder, una situación relativamente similar a la actual, aunque mucho menos duradera. El retraso en la renovación del órgano de gobierno de los jueces duró ocho meses, y no casi tres años como ahora. Pero se halló una solución drástica. Pascual Sala, que presidía entonces la cúpula judicial, lo describe con una afirmación categórica: “El retraso lo solucionamos con una dimisión colectiva, que desactivó el Consejo. Así conseguimos la renovación”.
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Fueron seis los vocales de la institución que presentaron su dimisión, que ya tenía otros tres puestos vacantes anteriores por otros motivos. Se trataba de un número calculado de antemano, porque con esas renuncias el Consejo se quedaba con 11 miembros, y por tanto sin quórum, sobre todo para efectuar nombramientos. Fue mano de santo, y los partidos reaccionaron de inmediato.
“Una vez pasado el período electoral”, recuerda Pascual Sala, “me fui a ver a Aznar para decirle que ese asunto había que arreglarlo rápidamente. Aznar me dijo que él no se ocupaba de esas cosas, que en todo caso se iban a negociar en el Parlamento”. El siguiente paso, por tanto, consistió en llamar a la puerta de las Cámaras. “Fui a ver a Federico Trillo (PP), que acababa de ser elegido presidente del Congreso, y le advertí de la situación. Y luego hice lo mismo con José Ignacio Barrero (PP), que también empezaba mandato en la presidencia del Senado. Trillo me dijo enseguida que se ocuparía del asunto. No sé qué hicieron concretamente él y Barrero, pero se consiguió que los partidos se movieran, y hubo acuerdo”.
Lo que le contó Pascual Sala a los presidentes de ambas Cámaras era que de inmediato iba a admitir las dimisiones de seis vocales del Consejo del Poder Judicial —cuatro de ellos elegidos a propuesta del PSOE (Juan Antonio Xiol, Ignacio Sierra, Soledad Mestre y Ana Pérez Tórtola), uno del PP (Javier Gómez de Liaño) y otro de IU (Rafael Sarazá)—. Y que con ello el Consejo iba a quedar “inoperante”.
El mandato de Sala había terminado en noviembre de 1995. Las elecciones fueron el 3 de marzo siguiente, y Aznar tomó posesión el 5 de mayo de 1996. Las gestiones de Pascual Sala para lograr la renovación se desarrollaron entre finales de marzo y principios de julio, una vez constituidas las Cortes salidas de las elecciones, en las que el PP obtuvo 156 diputados, y el PSOE 141, con una diferencia de 290.328 votos entre ambos partidos. La dimisión de seis vocales del Consejo para forzar la renovación se produjo el 27 de marzo. Pascual Sala, a su vez, fue relevado al frente del Consejo y del Supremo por Javier Delgado el 25 de julio del mismo año.
Aquella renovación del Consejo se produjo en un momento en que al partido entrante en el poder, el PP, le interesaba una nueva cúpula judicial en sintonía con los nuevos equilibrios parlamentarios. Ahora, en cambio, la situación es distinta. El PP está en la oposición, y la falta de acuerdos para renovar las instituciones permite que en la práctica permanezcan mayorías conservadoras tanto en el Consejo del Poder Judicial como en el Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
Al margen de las circunstancias de cada etapa, para Pascual Sala lo que está muy claro es que “España cuenta con una justicia independiente, completamente independiente”. “Sin embargo”, añade, “la imagen que estamos dando en Europa es que nuestra justicia se encuentra en una situación equivalente a las de Polonia y Hungría, y resulta lamentable”.
INCUMPLIMIENTO FLAGRANTE DE LA CONSTITUCIÓN
Pascual Sala considera que la situación actual del Consejo supone “un incumplimiento flagrante de la Constitución”. Añade que “si pasara lo mismo en otros órganos del Estado, la democracia en España no existiría, porque este bloqueo durante más de 1.000 días resulta incomprensible e injustificable”.
El expresidente del Consejo fue luego magistrado del Constitucional en otra etapa complicada, la de la sentencia del Estatut, donde también hubo retrasos en la renovación, y donde sucedió en la presidencia a María Emilia Casas. Con el bagaje de esa experiencia acumulada, advierte: “Yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer, y por tanto lo que cuento no es porque busque dar consejos”. A su juicio, “cada cual tiene sus motivos para actuar como crea conveniente, y decisiones así dependen de la libre voluntad de cada persona”.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en La Moncloa.
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