La mejora de la ayuda a los parados de mayor edad cuesta 200 millones.
El Gobierno pretende rebajar a 52 años la edad a que los parados más mayores puedan acceder al subsidio indefinido de desempleo.
Madrid 9 AGO 2018 - 09:29.
MANUEL V. GÓMEZ.
El Ministerio de Trabajo ya sabe cuánto cuesta ampliar la cobertura frente al desempleo entre los parados de mayor edad: 200 millones en 2019. Esta cantidad crecerá cada ejercicio. En septiembre, el Gobierno pretende tener lista una reforma de las ayudas de último recurso para desempleados sin ingresos y también para los de más edad. Entre las medidas que quiere tomar para este último colectivo está volver a situar la edad mínima de acceso al subsidio a los 52 años y ampliar su base de cotización. En 2012, con los recortes se aumentó hasta los 55. La medida afectará a decenas de miles de parados.
A la vuelta de vacaciones, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a presentar a los agentes sociales y a las comunidades autónomas una reestructuración de los subsidios para desempleados, especialmente de las ayudas no contributivas —las que se cobran cuando ya se han agotado las que se generan cuando se trabaja— para los parados en peor situación: los de larga duración, los que no tienen ingresos y/o los más mayores, que suelen tener más problemas para volver a encontrar un trabajo.
Para este último colectivo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya ha anunciado que pretende volver a la situación anterior a los recortes. En 2012 se elevó la edad mínima para acceder a este subsidio a los 55 años y se redujo la base por la que cotiza el Servicio Público de Empleo (SEPE) por estos desempleados del 125% del salario mínimo interprofesional al 100%. Un año después se endurecieron más los requisitos para acceder a la ayuda. Se pasó a tener en cuenta los ingresos de toda la familia y no solo los del parado. Esta exigencia fue tumbada en julio por el Tribunal Constitucional y debe repararse.
En su departamento ya han calculado qué supone dar este paso: unos 200 millones en 2019. Esta cantidad crecerá cada ejercicio hasta llegar a unos 700 millones unos años después. Estas fueron las cifras que dio Trabajo a sindicatos y patronales en una reunión, que han confirmado a EL PAÍS fuentes oficiales de Trabajo. En este departamento advierten de que esos números son una estimación inicial y que se afinará en septiembre en el diálogo con los agentes sociales.
Dinero sobrante
Todo el Gobierno se encuentra en este momento calculando el dinero que va a necesitar para llevar sus planes adelante el próximo año y negociando con el Ministerio de Hacienda cuánto dispondrá finalmente. En las conversaciones, Trabajo podrá argumentar que hay margen para ampliar la protección a parados, ya que se recauda más por el seguro de desempleo de lo que se gasta.
Cuando estalló la crisis, esta partida del presupuesto se disparó, no en vano es el principal estabilizador socioeconómico y automático del Estado de bienestar. Pronto entró en números rojos: lo que pagaban empresas y trabajadores para el desempleo no fue suficiente para afrontar todo el gasto. Pero esta situación ha cambiado desde 2016. Ese año ya hubo un ligero superávit de 164 millones. En aumento a algo más de 2.000 millones, según la liquidación de 2017 del SEPE. Este año es probable que la cifra crezca, ya que hasta junio los ingresos superan en 1.200 millones a los gastos.
Facilitar la ayuda desde los 52 años va algo más allá de lo que se había comprometido el Gobierno anterior. El departamento de Fátima Báñez había prometido reordenar todas las ayudas de último recurso para los parados en peor situación. Esa reestructuración tenía que estar lista a finales de abril, cuando finalizaban los programas extraordinarios para desempleados de larga duración que se habían aprobado durante la crisis (PAE y Prepara). El desacuerdo con comunidades y agentes sociales llevó al Ministerio de Empleo, así se llamaba con el Ejecutivo del PP, a retrasar sus planes. Entre tanto introdujo una ayuda provisional en los presupuestos de 2018 para que el colectivo tuviera algún apoyo.
El éxito de la moción de censura y la llegada del nuevo equipo a Trabajo ha cambiado el escenario parcialmente. La previsión ahora es tener en septiembre lista la reestructuración revirtiendo parte de los recortes. Y no podrá demorarse mucho, porque la existencia de esa ayuda provisional está condicionada a que la tasa de desempleo esté por encima del 15%. Es muy probable que España bajará de esa cota en octubre, cuando se conozca el resultado de la EPA del tercer trimestre, y si no hay lista una alternativa para entonces muchos miles de parados se quedarán si ayudas.
El Gobierno pretende rebajar a 52 años la edad a que los parados más mayores puedan acceder al subsidio indefinido de desempleo.
Madrid 9 AGO 2018 - 09:29.
MANUEL V. GÓMEZ.
El Ministerio de Trabajo ya sabe cuánto cuesta ampliar la cobertura frente al desempleo entre los parados de mayor edad: 200 millones en 2019. Esta cantidad crecerá cada ejercicio. En septiembre, el Gobierno pretende tener lista una reforma de las ayudas de último recurso para desempleados sin ingresos y también para los de más edad. Entre las medidas que quiere tomar para este último colectivo está volver a situar la edad mínima de acceso al subsidio a los 52 años y ampliar su base de cotización. En 2012, con los recortes se aumentó hasta los 55. La medida afectará a decenas de miles de parados.
A la vuelta de vacaciones, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a presentar a los agentes sociales y a las comunidades autónomas una reestructuración de los subsidios para desempleados, especialmente de las ayudas no contributivas —las que se cobran cuando ya se han agotado las que se generan cuando se trabaja— para los parados en peor situación: los de larga duración, los que no tienen ingresos y/o los más mayores, que suelen tener más problemas para volver a encontrar un trabajo.
Para este último colectivo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya ha anunciado que pretende volver a la situación anterior a los recortes. En 2012 se elevó la edad mínima para acceder a este subsidio a los 55 años y se redujo la base por la que cotiza el Servicio Público de Empleo (SEPE) por estos desempleados del 125% del salario mínimo interprofesional al 100%. Un año después se endurecieron más los requisitos para acceder a la ayuda. Se pasó a tener en cuenta los ingresos de toda la familia y no solo los del parado. Esta exigencia fue tumbada en julio por el Tribunal Constitucional y debe repararse.
En su departamento ya han calculado qué supone dar este paso: unos 200 millones en 2019. Esta cantidad crecerá cada ejercicio hasta llegar a unos 700 millones unos años después. Estas fueron las cifras que dio Trabajo a sindicatos y patronales en una reunión, que han confirmado a EL PAÍS fuentes oficiales de Trabajo. En este departamento advierten de que esos números son una estimación inicial y que se afinará en septiembre en el diálogo con los agentes sociales.
Dinero sobrante
Todo el Gobierno se encuentra en este momento calculando el dinero que va a necesitar para llevar sus planes adelante el próximo año y negociando con el Ministerio de Hacienda cuánto dispondrá finalmente. En las conversaciones, Trabajo podrá argumentar que hay margen para ampliar la protección a parados, ya que se recauda más por el seguro de desempleo de lo que se gasta.
Cuando estalló la crisis, esta partida del presupuesto se disparó, no en vano es el principal estabilizador socioeconómico y automático del Estado de bienestar. Pronto entró en números rojos: lo que pagaban empresas y trabajadores para el desempleo no fue suficiente para afrontar todo el gasto. Pero esta situación ha cambiado desde 2016. Ese año ya hubo un ligero superávit de 164 millones. En aumento a algo más de 2.000 millones, según la liquidación de 2017 del SEPE. Este año es probable que la cifra crezca, ya que hasta junio los ingresos superan en 1.200 millones a los gastos.
Facilitar la ayuda desde los 52 años va algo más allá de lo que se había comprometido el Gobierno anterior. El departamento de Fátima Báñez había prometido reordenar todas las ayudas de último recurso para los parados en peor situación. Esa reestructuración tenía que estar lista a finales de abril, cuando finalizaban los programas extraordinarios para desempleados de larga duración que se habían aprobado durante la crisis (PAE y Prepara). El desacuerdo con comunidades y agentes sociales llevó al Ministerio de Empleo, así se llamaba con el Ejecutivo del PP, a retrasar sus planes. Entre tanto introdujo una ayuda provisional en los presupuestos de 2018 para que el colectivo tuviera algún apoyo.
El éxito de la moción de censura y la llegada del nuevo equipo a Trabajo ha cambiado el escenario parcialmente. La previsión ahora es tener en septiembre lista la reestructuración revirtiendo parte de los recortes. Y no podrá demorarse mucho, porque la existencia de esa ayuda provisional está condicionada a que la tasa de desempleo esté por encima del 15%. Es muy probable que España bajará de esa cota en octubre, cuando se conozca el resultado de la EPA del tercer trimestre, y si no hay lista una alternativa para entonces muchos miles de parados se quedarán si ayudas.