Sánchez quiere indemnizar a los republicanos afectados por sentencias e incautaciones franquistas.
Carlos Cuesta 04/05/2019.06:45.
Mientras la economía no deja de desacelerarse, Pedro Sánchez ha decidido retomar una vieja idea: la de indemnizar a los perjudicados por las sentencias o las incautaciones franquistas que tengan un marcado tinte político. No se trata de una idea nueva. Pero sí de una concreción más ambiciosa que nunca y cuyo coste es de más que difícil evaluación. Porque el compromiso ha sido puesto encima de la mesa por los socialistas y se pretende revestir de una reforma legal, la de la propia Ley de Memoria Histórica.
Sánchez quiere abrir de nuevo el melón franquista a la vista de que, según su equipo, le está dando réditos electorales. Y para ello, el presidente pretende realizar “las modificaciones legislativas oportunas para declarar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales de excepción franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana y lucharon por la democracia”.
Entre esas sentencias existen casos de inhabilitación profesional, de incautación, de prisión, etc. Pero todas ellas tienen un factor común: abren el camino a la responsabilidad patrimonial del Estado, porque a efectos de los particulares, el sujeto responsable es el Estado. Y ese Estado no se disuelve ni cesa en su responsabilidad por mucho que cambien sus máximos responsables.
La reforma legal, además, pretende incluir un punto patrimonial expreso: “Reconocer a las personas que sufrieron las incautaciones de bienes y las sentencias de la Ley de Responsabilidades Políticas”. Y, por si hubiese problemas para evaluar los daños o para investigar el proceso de los recursos incautados, la ley quiere también “garantizar el derecho de acceso a archivos, a través de la protección, integridad y catalogación de los fondos de archivos con información sobre la represión franquista; asegurar que se razone debidamente en derecho la clasificación y secreto de los documentos y respaldar las investigaciones que profundicen en la recuperación de la Memoria Histórica”.
En resumen: toda una vía abierta a la reclamación masiva de daños económicos a los que habría que hacer frente en el momento del reconocimiento.
Hay que recordar que esta exigencia ya sobrevoló el panorama político, aunque nunca llegó a plasmarse oficialmente con esta profundidad. De hecho, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) llegó a registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con el objetivo de modificar la Ley de Memoria Histórica de 52/2007 para que se diera este paso e, incluso, entre otras medidas, se incluyera un “reconocimiento a la labor de las organizaciones armadas antifranquistas en contra de la dictadura y a favor de la restauración de la legalidad democrática” como los ‘maquis’ o el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
La iniciativa fue presentada por los republicanos a modo de enmienda a la reforma de la Ley de Memoria Histórica —aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero— que ahora tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez.
En concreto, la proposición de los independentistas, planteó introducir un artículo 10 bis titulado “Reconocimiento de la lucha armada antifranquista”. En este nuevo precepto, además de ello, plantean que “se establezca reglamentariamente un procedimiento para que se reconozca jurídica y moralmente a todas las personas que formaron parte de las distintas organizaciones armadas antifranquistas”.
Y para todos ellos se planteaba ya el reconocimiento de indemnizaciones. ERC, de hecho, exigió además al Gobierno socialista que recurriera a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para otorgar “la indemnización económica y los beneficios sociales que les correspondan de acuerdo con las cuantías y compatibilidades establecidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 3/2005, de 18 de marzo”.
Esas indemnizaciones son unas prestaciones económicas similares a las aprobadas ya en el Ejecutivo de Zapatero para aquellos “ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil”. De esta manera, más de 500 ‘niños de la guerra’ pasaron de recibir 1.400 euros asistenciales al año a una pensión de 6.090 euros.
En la actualidad, más de 31.000 españoles perciben ya algún tipo de prestación derivada de la Guerra Civil, pero en ningún caso por haber pertenecido a “organizaciones armadas antifranquistas” como el FRAP, o por la declaración de la nulidad de las decisiones judiciales adoptadas.
Carlos Cuesta 04/05/2019.06:45.
Mientras la economía no deja de desacelerarse, Pedro Sánchez ha decidido retomar una vieja idea: la de indemnizar a los perjudicados por las sentencias o las incautaciones franquistas que tengan un marcado tinte político. No se trata de una idea nueva. Pero sí de una concreción más ambiciosa que nunca y cuyo coste es de más que difícil evaluación. Porque el compromiso ha sido puesto encima de la mesa por los socialistas y se pretende revestir de una reforma legal, la de la propia Ley de Memoria Histórica.
Sánchez quiere abrir de nuevo el melón franquista a la vista de que, según su equipo, le está dando réditos electorales. Y para ello, el presidente pretende realizar “las modificaciones legislativas oportunas para declarar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales de excepción franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana y lucharon por la democracia”.
Entre esas sentencias existen casos de inhabilitación profesional, de incautación, de prisión, etc. Pero todas ellas tienen un factor común: abren el camino a la responsabilidad patrimonial del Estado, porque a efectos de los particulares, el sujeto responsable es el Estado. Y ese Estado no se disuelve ni cesa en su responsabilidad por mucho que cambien sus máximos responsables.
La reforma legal, además, pretende incluir un punto patrimonial expreso: “Reconocer a las personas que sufrieron las incautaciones de bienes y las sentencias de la Ley de Responsabilidades Políticas”. Y, por si hubiese problemas para evaluar los daños o para investigar el proceso de los recursos incautados, la ley quiere también “garantizar el derecho de acceso a archivos, a través de la protección, integridad y catalogación de los fondos de archivos con información sobre la represión franquista; asegurar que se razone debidamente en derecho la clasificación y secreto de los documentos y respaldar las investigaciones que profundicen en la recuperación de la Memoria Histórica”.
En resumen: toda una vía abierta a la reclamación masiva de daños económicos a los que habría que hacer frente en el momento del reconocimiento.
Hay que recordar que esta exigencia ya sobrevoló el panorama político, aunque nunca llegó a plasmarse oficialmente con esta profundidad. De hecho, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) llegó a registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con el objetivo de modificar la Ley de Memoria Histórica de 52/2007 para que se diera este paso e, incluso, entre otras medidas, se incluyera un “reconocimiento a la labor de las organizaciones armadas antifranquistas en contra de la dictadura y a favor de la restauración de la legalidad democrática” como los ‘maquis’ o el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
La iniciativa fue presentada por los republicanos a modo de enmienda a la reforma de la Ley de Memoria Histórica —aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero— que ahora tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez.
En concreto, la proposición de los independentistas, planteó introducir un artículo 10 bis titulado “Reconocimiento de la lucha armada antifranquista”. En este nuevo precepto, además de ello, plantean que “se establezca reglamentariamente un procedimiento para que se reconozca jurídica y moralmente a todas las personas que formaron parte de las distintas organizaciones armadas antifranquistas”.
Y para todos ellos se planteaba ya el reconocimiento de indemnizaciones. ERC, de hecho, exigió además al Gobierno socialista que recurriera a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para otorgar “la indemnización económica y los beneficios sociales que les correspondan de acuerdo con las cuantías y compatibilidades establecidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 3/2005, de 18 de marzo”.
Esas indemnizaciones son unas prestaciones económicas similares a las aprobadas ya en el Ejecutivo de Zapatero para aquellos “ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil”. De esta manera, más de 500 ‘niños de la guerra’ pasaron de recibir 1.400 euros asistenciales al año a una pensión de 6.090 euros.
En la actualidad, más de 31.000 españoles perciben ya algún tipo de prestación derivada de la Guerra Civil, pero en ningún caso por haber pertenecido a “organizaciones armadas antifranquistas” como el FRAP, o por la declaración de la nulidad de las decisiones judiciales adoptadas.