Políticos con encanto

El ex consejero Forn pide poder ver a religiosos soberanistas en prisión.

JAVIER OMS.- Barcelona.
ESPAÑA.

PP, PSOE y Ciudadanos hacen suya la llamada a la «concordia» en Cataluña.

Los constitucionalistas secundan el mensaje de esperanza para Cataluña: «Una vez más el Rey se pone al frente de la Nación»

ITZIAR REYERO | ALEXIS ROMERO.
Inés Arrimadas: «Los partidos nacionalistas nunca más podrán hablar en nombre de toda Cataluña»

Ciudadanos ha conseguido más votos pero los independentistas han obtenido la mayoría absoluta en escaños.

ABC. es.

Actualizado:

22/12/2017 08:28h.

La líder de Ciudadanos en Cataluña y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha destacado que «por primera vez ha ganado las elecciones de Cataluña un partido constitucionalista». Arrimadas se ha convertido hoy en la primera mujer en ganar unas elecciones en Cataluña.

Arrimadas ha destacado que «los partidos nacionalistas nunca más podrán hablar en nombre de toda Cataluña», una comunidad «diversa y plural» y que a pesar del resultado «vamos a seguir luchando»

Ha relatado el camino que ha recorrido Ciudadanos desde que se creó hace once años, pasando de 3 diputados a 37. «Siempre que nos han dicho que era imposible, lo hemos terminado consiguiendo». De hecho, subida en el escenario junto al resto del equipo de su partido, han celebrado que han obtenido el escaño 37, arrebatándoselo al PP. La ganadora de las elecciones se ha referido a sus victorias en grandes localidades como Barcelona, Hospitalet, Cornellá, Lleida que «ya son naranjas».

También ha querido lanzar «un mensaje al mundo» haciendo referencia a que «la mayoría social se siente catalana, española y europea. Porque hemos apostado por la unión de los catalanes, a favor de la convivencia y del sentido común».

Después de las palabras de la líder en Cataluña, ha hablado Albert Rivera, que ha remarcado que Inés Arrimadas «debería ser la presidenta de Cataluña». «Hemos hecho lo que os prometimos: ganar», ha remarcado. También se ha referido a que el partido naranja ha conseguido más votos que los otros partidos constitucionalistas juntos.

Por otra parte, el PP ha considerado que Ciudadanos «se ha equivocado» en su estrategia de campaña por pretender ganar en solitario al independentismo, lo que ha perjudicado al bloque constitucionalista en su conjunto y ha impedido derrotar a los secesionistas, tal y como ha explicado García Albiol.

Seguimiento de los resultados
Inés Arrimadas, que había sido increpada al ir a votar por la mañana, llegó poco antes de las 20.00 horas al Hotel Catalonia Plaza de Barcelona junto a su marido, Xavier Cima.

«Estamos animados», dijo Arrimadas ante una avalancha de periodistas que se acercaron a ella cuando entraba en el hotel, donde ya se encontraban los principales dirigentes del partido, entre ellos, su presidente, Albert Rivera.

Rivera llegó apenas media hora antes y dijo ante los medios de comunicación que el aumento en la participación con respecto a los comicios de 2015 les daba un halo de esperanza para pensar que podían ganar estas elecciones, como así ha sido.
ENCUESTA GAD3 PARA ABC.

ESPAÑA.

Iceta busca independientes y técnicos para un tripartito con ERC y Podemos.

El concejal Jaume Collboni, cuyo pacto con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona se rompió, es su hombre fuerte.

MAYTE ALCARAZ.
El primer debate del 21-D dibuja un mapa electoral con dos bloques irreconciliables.

Los constitucionalistas insistieron en la necesidad de poner fin al 'procés' para relanzar la economía y restaurar la “fractura social”

JESÚS GARCÍA-CAMILO S. BAQUERO.

Barcelona 8 DIC 2017 - 11:14.

El primer debate entre los candidatos a las elecciones del 21-D reafirmó ayer la existencia de dos bloques con perspectivas antagónicas: los independentistas, que subrayaron su intención de desarrollar el “mandato” del referéndum ilegal del 1 de octubre, y los constitucionalistas, que insistieron en la necesidad de poner fin al procés para relanzar la economía y restaurar la “fractura social”. En medio de un diálogo polarizado, como partido no alineado quedó Catalunya en Comú-Podem, que se opuso tanto a la vía unilateral como al 155.

El PSC, Ciudadanos y el PP —bautizados por los soberanistas como “el tripartito del 155”— aparcaron por una noche sus propias disputas y evitaron atacarse. Una estrategia similar siguieron Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, atados aún a su pasado en común como impulsores del procés. Fue una hora y cuarto de debate tenso, en el que las heridas recientes de unos y otros —la declaración de independencia en el Parlament; la destitución del Gobierno catalán; el encarcelamiento de los exconsejeros— estuvieron muy presentes. La ausencia de dos de los cabezas de lista —el expresident Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras— subrayó aún más ese anclaje al pasado reciente.

Pese a la supuesta renuncia a la vía unilateral, el debate sirvió para comprobar que los partidos independentistas están dispuestos a seguir adelante con el procés. “Seguiremos implementando la independencia. Ese un mandato democrático del 1 de octubre. Quizá sí que es cierto que no iremos tan rápido, pero lo haremos”, detalló Roger Torrent, de Esquerra. Jordi Turull, uno de los exconsejeros excarcelados por el Tribunal Supremo, insistió también en recorrer esa senda y afirmó que, “si fuera por el pueblo de Cataluña, Puigdemont seguiría siendo president”. Más explícito fue Carles Riera, de la CUP, que abogó por “implementar la república, afrontar el golpe de Estado y continuar la vía unilateral”.

“En vez de arrepentirse, volverán a hacer lo mismo. No nos podemos permitir cuatro años más de procés, sino propuestas realistas”, les reprochó la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, muy agresiva durante todo el debate. Tuvo un primer encontronazo con Torrent cuando este le preguntó si respetaría el resultado que salga de las urnas. Arrimadas respondió que sí, pero le insistió varias veces en si estaba dispuesto a “respetar las resoluciones judiciales”. “Nosotros siempre hemos respetado los resultados”, se limitó a decir el republicano.

Con el debate estancado en el pasado, Miquel Iceta (PSC) intentó sacar la cabeza. “Yo querría hablar de lo que hacemos de cara al futuro. Se ha certificado el fracaso de la vía unilateral e ilegal, el Govern no estaba preparado y su fracaso es total y absoluto”, dijo Iceta, que abogó por priorizar la creación de empleo y el crecimiento económico. Sus palabras le valieron los ataques de los independentistas. “Te presentas como si esto no fuera contigo. Pero mientras tú estabas bailando, a otros nos estaban esposando”, le recriminó Turull, que recordó su apoyo al artículo 155 de la Constitución. “Mientras te hagas selfies en las manifestaciones en las que se grita ‘Puigdemont, a prisión’, no vengas como hombre de convivencia”, agregó.

A la izquierda se produjo otro enfrentamiento. Riera (CUP) reprochó al candidato de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, su “equidistancia”. Domènech lo negó e intentó trazar un camino propio, fuera de los bloques: el de las políticas sociales. Iceta, como Arrimadas, también insistieron en la necesidad de cambiar las prioridades de la agenda pública. Y subrayaron los males del procés a la economía. Aunque quien más explotó esa veta fue Xavier García Albiol (PP), que utilizó la figura del “taxista” como símbolo del hombre de la calle que quiere estabilidad económica.
ESPAÑA.

Garzón aprovecha el giro independentista de Pablo Iglesias.

El líder de Izquierda Unida, mejor valorado que el presidente de Podemos en las encuestas, valora ya la separación.

MAYTE ALCARAZ.
Puigdemont evita los apellidos castellanos en su lista electoral.

En sus candidaturas apenas hay García o Martínez, los dos más frecuentes en Cataluña.

Roberto Pérez.

MADRID.

Actualizado:

02/12/2017 08:04h.

García, Martínez, López, Sánchez y Rodríguez. Por ese orden, son los cinco apellidos más comunes en la provincia de Barcelona. Les siguen Pérez, González, Gómez, Ruíz, Martín, Jiménez, Moreno, Hernández… Sin embargo, en la lista electoral con la que Carles Puigdemont concurre a los comicios del 21 de diciembre, los apellidos castellanos brillan por su ausencia. El contraste nominal se hace aún más evidente cuando se comparan las listas de los independentistas con las de otros partidos. Tanto que hace pensar en una concienzuda criba previa.

Sin depuración de pedigrí catalanista -en la selección de los apellidados- es difícil lograr proezas tales como que en esa lista electoral barcelonesa de 85 candidatos solo aflore un García, y no de primer apellido. Corresponde a Antoni Trilla i García, relegado al puesto número 68 de la lista encabezada por Puigdemont. García, el apellido más común entre los barceloneses, es especie en extinción en la candidatura de Junts per Catalunya, la marca con la que el «expresident» concurre a las elecciones catalanas del 21-D.

En su candidatura no solo aparecen arrinconados los apellidos más comunes de la provincia de Barcelona, sino cualquier otro que no suene con «pedigrí» catalán. Sí se desliza un Sánchez en los primeros puestos, pero porque quien lo porta ha hecho sobrados méritos de rebelión independentista: se trata de Jordi Sánchez Picanyol, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) imputado por sedición y encarcelado provisionalmente por su destacada participación en el golpe secesionista. Descontada esta excepción, hay que acudir al puesto número 48 de la lista de Puigdemont para encontrar otro Sánchez (Eduard Sánchez i Campoy). Y eso pese a que Sánchez es el cuarto apellido más común en la provincia de Barcelona.

Con Martínez -el segundo apellido más habitual entre los barceloneses- ocurre algo parecido en la lista de Puigdemont. Aparece un solitario Martínez entre sus compañeros de candidatura (David Martínez i Raventós), y además lo hace en un discreto puesto, en el número 55 de la lista.

La eficacia de Junts per Catalunya a la hora de arrinconar los apellidos castellanos en su lista electoral no tiene competidor. Ni siquiera los independentistas de Esquerra Republicana lo logran con tanta claridad. Por ejemplo, en la lista barcelonesa de ERC que encabeza Oriol Junqueras aparece, en el puesto número 8, Jenn Díaz i Ruiz, y se le desliza un Rodríguez Fernández -de nombre José- en el puesto número 26. Eso sí, Junqueras también consigue que en los seis primeros puestos no haya ni atisbo de apellido sin pedigrí catalán; y no aparece ni un García ni un Martínez en los cuarenta primeros candidatos de su lista electoral por Barcelona. El primer García aflora en el número 42 (Marta Vilaret i García).

En las filas de Puigdemont, esa depuración de apellidos no solo se pone de manifiesto en la lista de la provincia de Barcelona. Por ejemplo, en la lista electoral de Junts per Catalunya por la provincia de Lérida no aparece un solo candidato que se apellide García, pese a que también es el más común entre los habitantes de esa provincia. El segundo es Martínez, y en esa lista solo aparece de refilón: es el segundo apellido de la tercera suplente de la candidatura, la última de la lista.

Otro ejemplo, la lista electoral de Tarragona. En ella, los apellidos sin pedigrí catalán también quedan arrinconados. García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, González, Pérez, Gómez y Moreno son, por este orden, los diez más comunes entre los habitantes de la provincia de Tarragona. Sin embargo, son acusada excepción entre los candidatos de Junts per Catalunya.

En la provincia de Gerona, la «cuna» de Puigdemont, más de lo mismo. Los apellidos más frecuentes entre la población gerundense son, por este orden, García, Martínez, Rodríguez, López, Sánchez, Fernández, Pérez… Pero en la lista electoral de Puigdemont en esta provincia no aparece ni un Martínez, ni un Rodríguez, ni un López. Sí se desliza un García, pero de segundo apellido, el del candidato que concurre en sexta posición, Jordi Munell García.

PD. ¡COMO PUEDE SER LA GENTE TAN IMBÉCIL!
ESPAÑA.

Núria de Gispert, a Inés Arrimadas: « ¿Por qué no vuelves a Cádiz

La expresidenta del parlament realizó esta «invitación», que la líder de Cs considera «otra muestra de nacionalismo excluyente»

S. E.
ESPAÑA.

Echenique y Garzón, llamados a rectificar por injurias y calumnias.

Los dirigentes de Unidos Podemos firmaron varios tuits polémicos en los que llamaron nazis a dos manifestantes jubilados.

S. E.
Bono rechaza que se tilde a Rajoy de «franquista»

«Con la Constitución y la ley hasta la luna, contra la ley, la cárcel», afirma.

R. L. P.
@ABC Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria.

Actualizado:

06/11/2017 17:46h.

El expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha afirmado este lunes que le «indigna» como «español y demócrata» que se acuse al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de «franquista», resaltando que «el sistema jurídico español nada tiene que envidiar al sistema belga».

Bono ha reivindicado el Estado de Derecho en España, recordando que quienes han «padecido la dictadura», saben que «respetar la ley es algo que no debe tener excepciones, sean quienes sean las personas que cometen una falta, un delito o una infracción». En su opinión, «por encima del imperio de la ley no hay ningún otro sentimiento o posición ideológica».

Antes de intervenir en una conferencia organizada por Prensa Ibérica, ha señalado que es «vergonzoso» que se ponga a Rajoy a la misma altura que el expresidente catalán Carles Puigdemont porque «uno es un cobarde que busca jueces amables o cercanos fuera de España y el otro, un presidente democrático de España».

Bruselas

Además, ha comentado que España «está en el top internacional» del reconocimiento de los Derechos Humanos y su ordenamiento jurídico «no tiene envidia» de ningún otro del planeta, al tiempo que ha precisado que hay que «respetar» las decisiones judiciales más allá de sentimientos e ideologías.

«Cuando escucho hablar de presos políticos siento indignación y tristeza, ya está bien de victimismos, las víctimas son los pobres, los parados o los presos políticos que son los que están por sus ideas», dijo.

Sobre la justicia belga, no ha querido generalizar, pero ha rememorado el caso de un juez que «dejó sin devolver a España a una etarra acusada de asesinato y hoy vive libremente en Bélgica y tiene un restaurante».

Sobre las elecciones catalanas, se ha confesado «optimista» porque ya «se acabaron los complejos y el cargamento de mentiras del secesionismo», y por ello, espera que ganen las fuerzas constitucionalistas.

Ha apuntado que siempre es partidario del diálogo aunque reconoce que «hay cosas que se pueden dialogar y no valen para nada». Como ejemplo, ha apuntado que «cuando un conductor lleva un coche y va ebrio, lo primero que se hace es detenerle para que no produzca daño, se le entrega al juez y después se dialoga con él». «Con la Constitución y la ley hasta la luna, contra la ley, la cárcel, le tiene que ocurrir a todos, no debe darnos complejo decirlo», ha apostillado.
Fachin dimite como secretario general de Podem y se da de baja del partido que lidera Pablo Iglesias.

Desde hace meses mantenía un pulso con la dirección nacional y con los compañeros de de CSQP en el Parlamento de Cataluña.

ABC.

Actualizado:

06/11/2017 11:24h.

El secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha anunciado hoy que dimite de su cargo y que deja de militar en la organización política debido a sus desacuerdos con la dirección estatal: «Podemos ha dejado de ser una herramienta útil para enfrentarse al régimen del 78».

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la sede del partido, en Barcelona, en la que ha denunciado la «intervención» de la sección catalana de Podemos por parte de la dirección estatal de Pablo Iglesias, al que todavía no había anunciado su decisión.

En este sentido, Fachin ha denunciado también que círculos de la marca catalana tachan la decisión de Iglesias de «delirante y de que ha metido la pata otra vez». El ya exlíder de Podem, ha informado que miembros de la ejecutiva catalana le seguirán con sus dimisiones, pese a que él les ha pedido que esperen y no liguen su decisión de dimitir a la del resto de la dirección catalana.

PD: YA SABEN LO QUE TOCA, O SEA, EL QUE TOSE A PABLITO IGLESIAS DIRECTAMENTE A LA CALLE, ¡VAMOS UN PARTIDO DEMÓCRATA DE TODA LA VIDA, ¡QUÉ MIEDO!
La Fiscalía del Tribunal Supremo pedirá prisión sin fianza para Forcadell.

MANUEL MARRACO. Madrid.

6 NOV. 2017 01:18.
PP y PSOE se dan dos semanas para aplicar un artículo 155 de mínimos.

MARISA CRUZLUIS ÁNGEL SANZ. Madrid.

Gobierno y PSOE recibieron ayer consternados la respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento que se le hizo el 11 de octubre y, de inmediato, rechazaron la actitud desafiante y amenazadora del presidente de la Generalitat. Acto seguido, dos equipos de expertos, encabezados por la vicepresidenta del Gobierno y la catedrática y ex ministra socialista Carmen Calvo, perfilaron las medidas mínimas imprescindibles que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se propondrán el sábado al Senado para intervenir la comunidad autónoma. El objetivo es reconducir su autogobierno al terreno de la legalidad, asegurar el interés general de los ciudadanos y, finalmente, convocar elecciones. La maquinaria funciona a pleno rendimiento, pero el plan no estará listo hasta dentro de dos semanas. Rajoy y Sánchez quieren ser «generosos» con los plazos, dando así a Puigdemont un último margen para evitar el enfrentamiento. Las negociación entre Moncloa y Ferraz -que incluye desde hace días contacto permanente entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE-, se prolongará a lo largo del día de hoy. Las medidas de intervención que se pretenden aplicar en Cataluña han de estar perfiladas mañana antes de las 10.00 horas, momento en el que el Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria para acordar su remisión al Senado. Rajoy contará con el respaldo pleno del PSOE y Ciudadanos. Ayer, el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, compareció minutos después de que lo hiciera el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, para calificar la respuesta de Puigdemont como «una inadmisible amenaza» y confirmar sin reservas que en este lance su partido camina hombro con hombro con el Gobierno. Ábalos, no obstante, reveló que las medidas del 155 serán «muy, muy limitadas» y su tiempo de aplicación el «más breve posible», justamente lo necesario para «restablecer la normalidad» y «garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos». El objetivo último que se persigue no es otro que el de recuperar la convivencia pacífica y el autogobierno de Cataluña despreciado por el Govern y así convocar elecciones cuanto antes. Sin embargo, es evidente que los comicios en ningún caso podrían celebrarse antes de febrero de 2018, salvo que Puigdemont, en un giro muy improbable, optara por ser él quien llamara a las urnas la próxima semana. Si para el Gobierno es evidente que la actitud de la Generalitat «busca deliberada y sistemáticamente el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña», para el PSOE resulta imprescindible «acabar con esta etapa agónica de deslealtad e insinceridad que genera desgaste, desasosiego e inseguridad» en la sociedad catalana y en el conjunto de España. A esta valoración se suma también el PSC, plenamente alineado con Ferraz y, en consecuencia, con Moncloa. Así lo confirmó su primer secretario, Miqel Iceta, quien mantiene una estrecha interlocución con la vicepresidenta del Gobierno e intenta además convencer al sector más moderado del PDeCat de que la salida menos traumática para todos es la convocatoria electoral. El grado de acuerdo entre el PSOE y el Gobierno ha ido de menos a más en las dos últimas semanas, a lo largo de las cuales han ido negociando y perfilando las medidas que ahora parece inevitable aplicar en Cataluña. Las conversaciones tomaron como base inicial una propuesta del Gobierno que se ha ido modulando, matizando y ampliando a propuesta del PSOE. El plan definitivo, no obstante, tenía ayer aún muchos flecos pendientes. Mañana, cuando el Consejo de Ministros desvele las medidas a adoptar, Sánchez reiterará su apoyo sin fisuras. A partir de ahí se entrará en una fase distinta puesto que los socialistas recalcan que la «ejecución» de las mismas, es decir, su puesta en marcha sobre el terreno, corresponde en exclusiva al Gobierno. En ese sentido, ya advierten de la necesidad de que en ningún caso se repitan escenas violentas como las del 1 de octubre e incluso que se evite una hipotética detención de Puigdemont en medio de un enfrentamiento civil para tratar de impedirla. En cualquier caso y en el momento actual, ambas partes, coinciden en la necesidad de agotar todos los cartuchos, todos los plazos, e incluso ser generosos con el calendario a la espera -probablemente ya vana- de que Puigdemont rectifique. Y así ha sido hasta ahora. En principio, el Gobierno concedió ocho días a la Generalitat para que diera respuesta a su requerimiento. Ese plazo finalizó ayer. Sin embargo todavía hay espacio para evitar la intervención hasta que el Pleno del Senado, previsiblemente a finales de mes, autorice al Ejecutivo a hacer efectivas las medidas propuestas. De hecho, desde el Gobierno ya se anunció la disposición a abortar el procedimiento del 155 si el presidente de la Generalitat convoca elecciones en los próximos días. Más aún, tras la aprobación del plan por la Cámara Alta, aún existiría un margen más, esta vez pequeño, hasta que el Consejo de Ministros adoptara formalmente las medidas y las publicara en el BOE. Tanto el PSOE como el PP creen que ante el presidente de la Generalitat se abren ahora «tres ventanas de oportunidad» para volver a la legalidad. La primera sería el próximo martes en el Pleno del Parlament, cuando ya conocerá las medidas de intervención que el Consejo de Ministros traslade al Senado para recabar su aprobación. Los constitucuionalistas esperan que la presión haga mella sobre el Govern y recapacite. Si en ese momento decidiera convocar elecciones, que tendrían lugar el 17 de diciembre, el proceso del 155 se frenaría. La segunda oportunidad llegará cuando el Senado le invite a que bien en persona o a través de un representante justifique su actuación y responda si quiere volver o no a la legalidad constitucional. La última, ya in extremis, se producirá antes de que el Consejo de Ministros adopte formalmente la decisión respaldada por la Cámara Alta y la plasme en el BOE con la firma del Rey.
La colecta secesionista solo reúne el 42% de la fianza del 9-N.

Mas pide una prórroga al Tribunal de Cuentas para conseguir los 5,25 millones de euros reclamados.

Enrique Delgado Sanz.

Madrid.

Actualizado:

17/10/2017 04:17h.

Reunir tres millones de euros en cuatro días y depositarlos ante el Tribunal de Cuentas. Mala ecuación, a primera vista, para casi cualquier persona. También para el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, que ayer realizó un ingreso bancario por importe de 2,2 millones de euros de los 5,25 que el Tribunal de Cuentas le reclama a él y al resto de involucrados en el 9-N a modo de fianza por la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Cantidad insuficiente, por lo que el expresidente de la Generalitat solicitó también una prórroga de 15 días al organismo fiscalizador.

La cantidad aportada por Mas, muy cercana a los alrededor de 2 millones de euros que consiguieron reunir ANC y Òmnium en su «caja solidaria» según informa Efe, corresponde exactamente al 42 por ciento del montante que el Tribunal exige -a él, a tres de sus consejeros y a varios funcionarios de la Generalitat- para cubrir, hasta que se resuelva el juicio, los gastos que esta consulta ilegal causó, en su día, a las arcas públicas de Cataluña.

Entre todos deben hacer frente de forma proporcional y solidaria a una factura de 5.252.948,17 euros, una cuenta en la que se incluyen los 4.831.599,03 euros que costó el 9-N, más otros 420.349,14 euros en concepto de intereses. Mas es el principal responsable, puesto que en el momento en el que se celebró la consulta era el presidente de la Generalitat, pero no es el único involucrado. También deben pagar los ex consejeros Frances Homs o Irene Rigau; la que fuera vicepresidenta de Artur Mas, Joana Ortega; y otros cinco funcionarios -Jordi Vilajoana, Lluis Bertrán, Josefina Valls, Jaume Domingo e Ignasi Genovés-, nombres que ya adelantó a finales del mes de septiembre este diario.

Prórroga incierta

Una vez solicitada formalmente la medida de gracia al tribunal, la instructora del caso será la encargada de decidir si otorga o no más días de margen al ex presidente y al resto de altos cargos para cumplir con su deuda. Según explican fuentes conocedoras del caso, no sería una sorpresa que Mas recibiera algo de oxígeno en forma de una ampliación de los plazos, ya que es una medida habitual.

No obstante, jugará un papel clave en todo este proceso la locuacidad de los argumentos que esgriman los abogados del expresidente de la Generalitat para intentar convencer a la instructora. «Todo depende de la argumentación», recalcan estas fuentes, que también explican que estos plazos adicionales no suelen ser mayores que los márgenes iniciales estipulados por el requerimiento. Es decir, Mas tiene difícil que su petición para conseguir más días sea satisfecha en su totalidad, puesto que solicita 15 jornadas más para reunir el dinero cuando el órgano fiscalizador únicamente dispuso 15 días para reunir los 5,25 millones, que no ha conseguido por el momento pese a las donaciones que haya podido recibir.

Es cuestión de días que, una vez estudiado el informe adjunto al ingreso bancario que ayer realizó Mas, el tribunal haga público el nuevo plazo -si lo hubiere- para que los responsables políticos requeridos a pagar la fianza cumplan con sus compromisos.

Aún más dinero

Si una vez agotado el plazo -sea el inicial o el ampliado-, los señalados no hubieran sido capaces de aportar la cantidad acordada, sus cuentas y bienes quedarían embargados. Artur Mas, por ejemplo, desveló en 2013 que la cuantía de todos sus bienes ascendía hasta los 470.000 euros, una cifra sustancialmente inferior a la que tiene que enfrentarse en el desglose individual y proporcional de los gastos derivados del 9-N.

Concretamente, su liquidación personal se sitúa en los 2.105.314 euros, una cantidad que aumentaría si la cubriera con las donaciones de la «caja solidaria» que pusieron en marcha ANC y Òmnium para que los políticos relacionados con la consulta no perdieran todo su patrimonio. Y para que Mas no perdiera 2,1 millones de euros de sus cuentas, tendría que reunir nada menos que 5,8 millones.

Como informó ABC, el tipo impositivo al que estaría sujeto el presidente de la Generalitat sería el 32%, el más alto del impuesto de donaciones ya que la donación supera los 800.000 euros. Pero además, a este porcentaje se le aplicaría un coeficiente multiplicador «x2», lo que elevaría el tipo impositivo hasta el 64%. De esta forma, sólo en impuestos, Mas debería afrontar 3,7 millones de euros que se sumarían a los 2,1 que le corresponden.
Margarita Robles y Albert Rivera también rechazan la mediación.

ABC. ES.