PP y C's bloquean hasta 19 veces en un año la renta mínima propuesta por CCOO y UGT

El Pleno del Congreso vota este jueves una enmienda a la totalidad presentada por los conservadores ante la ILP elaborada por los sindicatos. Es el último intento del partido en el Gobierno y Ciudadanos de frenar una iniciativa destinada a los parados sin ingresos que está avalada por 710.000 firmas.

PP y Ciudadanos están agotando todos los mecanismos legales para que la renta mínima que proponen los sindicatos se quede en papel mojado. Después de prorrogar hasta 19 veces en un año el plazo de enmiendas de la proposición de ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso, el pasado martes el partido en el Gobierno presentó una enmienda a la totalidad ante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) —impulsada por CCOO y UGT y respaldada por 710.000 personas— de la que parte la proposición de ley. Los sindicatos consideran que esta enmienda es "una muestra de ceguera política" y "un insulto a miles de familias necesitadas". Además, denuncian la dinámica "obstruccionista" del Partido Popular que, en este caso, y con la cooperación de C's, "está impidiendo que los colectivos más vulnerables accedan a unos ingresos mínimos que les pueden ayudar a escapar de la pobreza severa que están sufriendo".

Ser mayoría en la Mesa del Congreso es lo que ha permitido a PP y C's prorrogar sistemáticamente la fase de presentación de enmiendas a la proposición de ley. Un bloqueo ejercido por una minoría parlamentaria que, según los sindicatos, “vulnera la Constitución y debe ser corregido de manera inmediata”. De hecho, en junio amenazaron con presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La propuesta de los sindicatos es fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para personas sin empleo ni recursos. Los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, estar buscando trabajo, no percibir prestaciones por desempleo y no tener ingresos o ayudas que supongan una suma superior al 75% del salario mínimo establecido en cada momento.

La cuantía de la prestación estaría en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares. El coste de esta prestación ascendería a unos 11.000 millones de euros — el 1% del PIB— que procederían de impuestos aunque la ayuda estaría gestionada por la Seguridad Social. Según los cálculos de los sindicatos, esta renta beneficiaría a más de 2,4 millones de personas de entre 18 a 64 años repartidas en más de 6 millones de hogares españoles. Dos tercios serían mujeres y alcanzaría a cerca de 500.000 jóvenes menores de 35 años.
Lo novedoso de la renta mínima garantizada que proponen los sindicatos es que "protege a más gente durante más tiempo", explica a Público el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Actualmente, las ayudas que prevé el Gobierno para las familias más necesitadas son los subsidios por desempleo, es decir, ayudas asistenciales de 426 euros para personas que han agotado su prestación contributiva por desempleo pero que sólo cubren a determinados colectivos: personas con cargas familiares, personas de más de 45 años sin cargas familiares, mayores de 55 años, españoles que hayan trabajado en el extranjero, liberados de prisión o trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en Andalucía y Extremadura.

En función del tipo de subsidio, del tiempo cotizado y de las responsabilidades familiares, la ayuda puede prolongarse de entre cuatro a 30 meses. "La renta mínima supone un cambio estructural porque no deja a nadie fuera y no tiene límite de tiempo, sino que se mantiene hasta que el beneficiario remedie su situación", insiste Bravo.

Como poner en marcha la prestación que plantean los sindicatos aumentaría el gasto social, el Gobierno —con el apoyo de Ciudadanos— se ha opuesto frontalmente a este proyecto que el Pleno del Congreso aprobó tomar en consideración con los 177 votos a favor de PSOE, Podemos, ERC, PDCAT, CC, Compromís y Bildu.

Un grupo de trabajo "controlado por la Administración"
La intención del Gobierno —que en la argumentación de la enmienda a la totalidad, recuerda que está preparando la creación de una tarjeta social o la prórroga de las ayudas a parados del Plan Prepara— es que la ILP se convierta en una ley limitada a la constitución de un grupo de trabajo "para el estudio y clarificación del mapa de prestaciones existente en España". El colectivo estaría formado por 16 personas —nueve de la Administración del Estado, tres de las comunidades autónomas, dos de las organizaciones empresariales y dos de las organizaciones sindicales— que elaborarían un informe en un plazo de seis meses. "Teniendo en cuenta esta distribución, el grupo estaría sometido a un control absoluto de la Administración", señala CCOO, que tacha de "broma" la propuesta de los conservadores porque además "no puede suponer un incremento del gasto público", según reza el texto del PP.

Los sindicatos han pedido a todos los grupos que en su día aprobaron la admisión a trámite de la ILP que mantengan su posición y rechacen la enmienda a la totalidad del PP, que se votará en el Pleno de este jueves. CCOO y UGT también han reclamado a Ciudadanos que rechace la enmienda y lograr así que "la discrepancia con el contenido de una propuesta" no se traduzca en "la aceptación de un disparate parlamentario".