La magistrada Rodríguez bloqueó en enero a Zaplana y sus colaboradores 6,3 millones de euros en dos cuentas en Suiza. Y antes, en verano, decomisó dinero en efectivo y bienes que habían reintroducido en España tras pasar por Luxemburgo por importe de siete millones. Relacionado con la repatriación de estos fondos, el levantamiento del secreto ha permitido conocer otro elemento incriminatorio relevante. La UCO halló en el registro de la vivienda que Zaplana utilizaba en el centro de Valencia, dentro de un maletín, un documento en el que el exministro y su grupo plasmaron aparentemente su plan para reintroducir el dinero e invertirlo en el sector inmobiliario, en la costa de Alicante.
Una operación que se inició en 2006, en pleno boom de la construcción, y se extendió hasta 2018, cuando Zaplana y sus presuntos cómplices fueron detenidos. Al principio, "la idea era construir un hotel o apartamentos turísticos" en "la zona de Benidorm", se lee en la primera parte del folio al que, según la UCO, Zaplana y sus colaboradores se refieren en las conversaciones interceptadas como "el relato". El documento detalla la creación de dos sociedades en España, Medlevante y Gesdesarrollos, nutridas con fondos procedentes de Luxemburgo, donde supuestamente Zaplana cobró las mordidas pagadas por las empresas de la familia del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. El documento explica a continuación la adquisición de terrenos "en proceso muy avanzado de reclasificación en primera línea de Villajoyosa". Y cómo ese "proceso de reclasificación se enquista" y no fue hasta 2018 "cuando se ha urbanizado". El escrito había sido redactado por Francisco Grau, ingeniero de la teleraña de sociedades del grupo en España, y Zaplana quería tenerlo para utilizarlo en "algún tipo de gestión", antes de ir a "hablar" con alguien. Como no se fiaban del correo electrónico, la entrega en mano se produjo, concluye la UCO, el 8 de mayo de 2018 en el aparcamiento de un tanatorio de Alicante.
La trama del oro
El levantamiento parcial ordenado este lunes también ha permitido saber que la magistrada ha conectado a Zaplana con una trama dedicada presuntamente a blanquear fondos utilizando lingotes de oro. La juez ha imputado a la hija del exdirigente del PP, María Zaplana, y al marido de esta, Luis Iglesias, después de que los investigadores descubrieran el extraño sistema usado para arrendar el céntrico piso situado en la calle Pascual y Genís de Valencia donde el exdirigente popular residía cuando fue detenido.
El inmueble, de 300 metros cuadrados, lo alquilaron la hija y el yerno de Zaplana. No eran ellos quienes vivían allí, sino el exministro. El arrendador del piso ha resultado ser un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción: Miroslav Schopoff, un empresario búlgaro cuyo imperio de locales de compraventa de oro —con los que pasó de facturar 11 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en 2012— se desmoronó tras una macroperación policial en 2014. La Audiencia Nacional se hizo cargo de la causa sobre su empresa, Oro Direct, en la que, además de Schopoff, fueron imputadas otras 140 personas por supuesto blanqueo, mediante lingotes de oro, de grandes cantidades de dinero negro procedentes del sector inmobiliario y del crimen organizado.
Schopoff alquilaba a María Zaplana y a su marido el piso, ubicado en el número 12 de la calle Pascual y Genís. Pero no era el propietario. El verdadero dueño, un valenciano, se lo había arrendado al empresario búlgaro por 2.400 euros al mes (IVA incluido). Y Schopoff se lo alquilaba a la hija del exministro por cerca del doble, a través de una agencia inmobiliaria. Los investigadores no creen que se trate de una coincidencia, sino de una fórmula para pagar discretamente un servicio al empresario de Europa del este, especializado presuntamente en el blanqueo de capitales a escala internacional.
La juez ha embargado a Zaplana y a sus supuestos testaferros dinero en efectivo y bienes por importe de 13 millones de euros, procedentes presuntamente del cobro de comisiones ilegales. El dinero procedente supuestamente de mordidas por adjudicaciones de la Generalitat valenciana fue evadido al extranjero y retornado en parte a España, utilizando para ello una densa tela de araña societaria formada por una veintena de mercantiles y cuentas bancarias en Luxemburgo, Uruguay, Panamá, Andorra, Suiza y España. Los investigadores creen, sin embargo, que el exministro, enfermo de leucemia y en libertad desde el pasado mes de febrero, todavía esconde una fortuna en el extranjero.
Lingotes fundidos en Suiza
La Fiscalía Anticorrupción ya se cruzó con Miroslav Schopoff por su supuesta conexión con el blanqueo de capitales del PP valenciano en 2016, tal como adelantó EL PAÍS. Fue durante la investigación del caso Taula, la red que presuntamente cobró comisiones del 3% por adjudicaciones de las Administraciones gobernadas por los populares en los niveles local, provincial y autonómico de la región valenciana. En aquella ocasión la pista que halló el ministerio público no señalaba hacia Zaplana, sino hacia Alfonso Rus, que fue durante una década presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia.
La trama del oro desmantelada en 2014, en una operación de la policía y la Agencia Tributaria, creció al calor de la crisis, que hizo aumentar el número de personas que se desprendían de sus joyas por necesidad. Solo en Valencia pasó de haber 44 comercios de este tipo en 2010 a 230 dos años después. Las alhajas compradas a sus dueños en España por Oro Direct eran fundidas y transformadas en lingotes en Suiza, según informó entonces la policía. Los investigadores sospechan que Schopoff aprovechó el auge del negocio para emitir facturas falsas por compras de oro ficticias con el fin de blanquear dinero negro.
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Caso Erial Prevaricación Eduardo Zaplana UCO Malversación fondos Guardia Civil Blanqueo dinero Cohecho Blanqueo capitales PP Corrupción política Policía judicial Dinero negro Comunidad Valenciana Investigación judicial Casos judiciales Corrupción Delitos fiscales Partidos políticos Fuerzas seguridad Delitos Proceso judicial España Política Justicia
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TANTOS AÑOS..... Y QUE SEA RAJOY CAPAZ DE SACAR UNA LEY PARA QUE LA INSTRUCCIÓN NO PUEDA DURAR MÁS DE SEIS MESES.
En fin. Rajoy y el PP queriendo màs que nadie a España.
Una operación que se inició en 2006, en pleno boom de la construcción, y se extendió hasta 2018, cuando Zaplana y sus presuntos cómplices fueron detenidos. Al principio, "la idea era construir un hotel o apartamentos turísticos" en "la zona de Benidorm", se lee en la primera parte del folio al que, según la UCO, Zaplana y sus colaboradores se refieren en las conversaciones interceptadas como "el relato". El documento detalla la creación de dos sociedades en España, Medlevante y Gesdesarrollos, nutridas con fondos procedentes de Luxemburgo, donde supuestamente Zaplana cobró las mordidas pagadas por las empresas de la familia del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. El documento explica a continuación la adquisición de terrenos "en proceso muy avanzado de reclasificación en primera línea de Villajoyosa". Y cómo ese "proceso de reclasificación se enquista" y no fue hasta 2018 "cuando se ha urbanizado". El escrito había sido redactado por Francisco Grau, ingeniero de la teleraña de sociedades del grupo en España, y Zaplana quería tenerlo para utilizarlo en "algún tipo de gestión", antes de ir a "hablar" con alguien. Como no se fiaban del correo electrónico, la entrega en mano se produjo, concluye la UCO, el 8 de mayo de 2018 en el aparcamiento de un tanatorio de Alicante.
La trama del oro
El levantamiento parcial ordenado este lunes también ha permitido saber que la magistrada ha conectado a Zaplana con una trama dedicada presuntamente a blanquear fondos utilizando lingotes de oro. La juez ha imputado a la hija del exdirigente del PP, María Zaplana, y al marido de esta, Luis Iglesias, después de que los investigadores descubrieran el extraño sistema usado para arrendar el céntrico piso situado en la calle Pascual y Genís de Valencia donde el exdirigente popular residía cuando fue detenido.
El inmueble, de 300 metros cuadrados, lo alquilaron la hija y el yerno de Zaplana. No eran ellos quienes vivían allí, sino el exministro. El arrendador del piso ha resultado ser un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción: Miroslav Schopoff, un empresario búlgaro cuyo imperio de locales de compraventa de oro —con los que pasó de facturar 11 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en 2012— se desmoronó tras una macroperación policial en 2014. La Audiencia Nacional se hizo cargo de la causa sobre su empresa, Oro Direct, en la que, además de Schopoff, fueron imputadas otras 140 personas por supuesto blanqueo, mediante lingotes de oro, de grandes cantidades de dinero negro procedentes del sector inmobiliario y del crimen organizado.
Schopoff alquilaba a María Zaplana y a su marido el piso, ubicado en el número 12 de la calle Pascual y Genís. Pero no era el propietario. El verdadero dueño, un valenciano, se lo había arrendado al empresario búlgaro por 2.400 euros al mes (IVA incluido). Y Schopoff se lo alquilaba a la hija del exministro por cerca del doble, a través de una agencia inmobiliaria. Los investigadores no creen que se trate de una coincidencia, sino de una fórmula para pagar discretamente un servicio al empresario de Europa del este, especializado presuntamente en el blanqueo de capitales a escala internacional.
La juez ha embargado a Zaplana y a sus supuestos testaferros dinero en efectivo y bienes por importe de 13 millones de euros, procedentes presuntamente del cobro de comisiones ilegales. El dinero procedente supuestamente de mordidas por adjudicaciones de la Generalitat valenciana fue evadido al extranjero y retornado en parte a España, utilizando para ello una densa tela de araña societaria formada por una veintena de mercantiles y cuentas bancarias en Luxemburgo, Uruguay, Panamá, Andorra, Suiza y España. Los investigadores creen, sin embargo, que el exministro, enfermo de leucemia y en libertad desde el pasado mes de febrero, todavía esconde una fortuna en el extranjero.
Lingotes fundidos en Suiza
La Fiscalía Anticorrupción ya se cruzó con Miroslav Schopoff por su supuesta conexión con el blanqueo de capitales del PP valenciano en 2016, tal como adelantó EL PAÍS. Fue durante la investigación del caso Taula, la red que presuntamente cobró comisiones del 3% por adjudicaciones de las Administraciones gobernadas por los populares en los niveles local, provincial y autonómico de la región valenciana. En aquella ocasión la pista que halló el ministerio público no señalaba hacia Zaplana, sino hacia Alfonso Rus, que fue durante una década presidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia.
La trama del oro desmantelada en 2014, en una operación de la policía y la Agencia Tributaria, creció al calor de la crisis, que hizo aumentar el número de personas que se desprendían de sus joyas por necesidad. Solo en Valencia pasó de haber 44 comercios de este tipo en 2010 a 230 dos años después. Las alhajas compradas a sus dueños en España por Oro Direct eran fundidas y transformadas en lingotes en Suiza, según informó entonces la policía. Los investigadores sospechan que Schopoff aprovechó el auge del negocio para emitir facturas falsas por compras de oro ficticias con el fin de blanquear dinero negro.
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TANTOS AÑOS..... Y QUE SEA RAJOY CAPAZ DE SACAR UNA LEY PARA QUE LA INSTRUCCIÓN NO PUEDA DURAR MÁS DE SEIS MESES.
En fin. Rajoy y el PP queriendo màs que nadie a España.
Está claro su querencia, por eso salvaguardan su riqueza; lo de Zaplana es todo un atraco al estilo americano, a lo grande.
Y tan calladito y tan modosito. Vaya trama que se monta esta gentuza, como para descubrirlos en seis meses y con èstos medios. Una vergüenza de leyes las de Rajoy.
Buenos días Mari.
Buenos días Mari.
Buenos días Clara; pues sí así es, leyes que impiden llegar al fondo de todo esto, lo de Zaplana clama al cielo y encima utilizando la opinión de la gente comparando su caso con el de Bolinaga respecto a la libertad vigilada, es increíble la desfachatez que tienen.