El PP trata de evitar que se retransmita el juicio de los discos duros de Bárcenas
Los populares no quieren que entren cámaras en la vista para no dañar el honor de los implicados y del partido
Barcenas
Luis Bárcenas acude a una de las sesiones del juicio del 'caso Gürtel'. ÁLVARO GARCÍA
El PP ha puesto en marcha su maquinaria jurídica para tratar de evitar que se retransmita el juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas, que arranca el próximo 14 de junio en el juzgado de lo Penal número 31 de Madrid. Según consta en un escrito enviado al tribunal, la formación conservadora se opone a esta iniciativa —pedida por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid para facilitar el trabajo de los periodistas— porque "generaría un juicio paralelo en los medios de comunicación y en la sociedad, entre quienes se fomentaría un veredicto anticipado de culpabilidad" y afectaría así al derecho a la presunción de inocencia de los acusados.
Los periodistas pueden entrar habitualmente a los juicios, que son vistas públicas, a no ser que un tribunal decrete lo contrario para garantizar algún derecho de los implicados. Además, en los juicios muy mediáticos, los magistrados suelen dejar que se retransmita una señal de televisión de las sesiones para que todos los informadores las sigan en directo, ya que no todos caben en las salas donde se celebran. En ocasiones se permite que las cadenas puedan ofrecer la señal del juicio en tiempo real —como ocurre con el juicio del procés en el Tribunal Supremo— y, otras veces, solo se da autorización para utilizar fragmentos.
Pero los populares se oponen a toda retransmisión audiovisual. "No es necesaria, pues el derecho a la información se ve salvaguardado por la presencia de periodistas en la sala del juicio, quienes no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar información veraz a la ciudadanía", argumenta el PP en su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El texto añade que, de permitir una señal en directo, se vulneraría el derecho a la imagen y al honor de la formación, acusada como persona jurídica, y de las otras tres personas que se sientan en el banquillo: la extesorera, Carmen Navarro; Alberto Durán, director de los servicios jurídicos; y José Manuel Moreno, exresponsable informático de la formación.
"Ni el interés social ni la transparencia del proceso pueden justificar tal intromisión en los derechos fundamentales de los intervinientes", apostilla el partido liderado por Pablo Casado, que atribuye al gabinete de comunicación del TSJ un intento de montar "un juicio mediático que ocasionaría el escarnio público de los acusados". En esa misma línea se pronuncia la extesorera Carmen Navarro, que en otro escrito va más allá y denuncia que la finalidad real de esta retransmisión es el "escarnio público de los acusados". "En estos juicios paralelos, los medios asumen el papel de juez e inducen a un veredicto anticipado de culpabilidad a la opinión pública, lo que vulnera la presunción de inocencia", añade, por su parte, José Manuel Moreno.
Según la defensa de la extesorera del PP, la emisión audiovisual del juicio potenciaría "la injusta pena de banquillo a la que han de someterse [los procesados]" por una "acusación vacua". La justicia los sienta en el banquillo por delitos de daños informáticos y encubrimiento. El propio exresponsable informático de la formación declaró ante la instructora que borró 35 veces los discos duros de los ordenadores usados por Bárcenas y que después los rayó, los rompió y los tiró a la basura por orden del asesor jurídico del partido, Alberto Durán.
El PP ya trató de apartar a la juez que investigó la causa, Rosa María Freire. Los populares alegaban que la magistrada no era imparcial ya que, en su opinión, tenía una "evidente cercanía" con el PSOE. Pero la Audiencia Provincial rechazó estos argumentos y, posteriormente, dio el visto bueno a la celebración de un juicio donde declararán como testigos María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido, y Luis Bárcenas, extesorero. La única acusación en esta causa es la que llevan a cabo, como acusación popular, Izquierda Unida, las asociaciones de abogados Adade y el observatorio DESC. IU y Adade han solicitado que sí se retransmita en directo el juicio: "Nos encontramos ante un asunto de evidente repercusión e interés social".
Los populares no quieren que entren cámaras en la vista para no dañar el honor de los implicados y del partido
Barcenas
Luis Bárcenas acude a una de las sesiones del juicio del 'caso Gürtel'. ÁLVARO GARCÍA
El PP ha puesto en marcha su maquinaria jurídica para tratar de evitar que se retransmita el juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas, que arranca el próximo 14 de junio en el juzgado de lo Penal número 31 de Madrid. Según consta en un escrito enviado al tribunal, la formación conservadora se opone a esta iniciativa —pedida por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid para facilitar el trabajo de los periodistas— porque "generaría un juicio paralelo en los medios de comunicación y en la sociedad, entre quienes se fomentaría un veredicto anticipado de culpabilidad" y afectaría así al derecho a la presunción de inocencia de los acusados.
Los periodistas pueden entrar habitualmente a los juicios, que son vistas públicas, a no ser que un tribunal decrete lo contrario para garantizar algún derecho de los implicados. Además, en los juicios muy mediáticos, los magistrados suelen dejar que se retransmita una señal de televisión de las sesiones para que todos los informadores las sigan en directo, ya que no todos caben en las salas donde se celebran. En ocasiones se permite que las cadenas puedan ofrecer la señal del juicio en tiempo real —como ocurre con el juicio del procés en el Tribunal Supremo— y, otras veces, solo se da autorización para utilizar fragmentos.
Pero los populares se oponen a toda retransmisión audiovisual. "No es necesaria, pues el derecho a la información se ve salvaguardado por la presencia de periodistas en la sala del juicio, quienes no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar información veraz a la ciudadanía", argumenta el PP en su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El texto añade que, de permitir una señal en directo, se vulneraría el derecho a la imagen y al honor de la formación, acusada como persona jurídica, y de las otras tres personas que se sientan en el banquillo: la extesorera, Carmen Navarro; Alberto Durán, director de los servicios jurídicos; y José Manuel Moreno, exresponsable informático de la formación.
"Ni el interés social ni la transparencia del proceso pueden justificar tal intromisión en los derechos fundamentales de los intervinientes", apostilla el partido liderado por Pablo Casado, que atribuye al gabinete de comunicación del TSJ un intento de montar "un juicio mediático que ocasionaría el escarnio público de los acusados". En esa misma línea se pronuncia la extesorera Carmen Navarro, que en otro escrito va más allá y denuncia que la finalidad real de esta retransmisión es el "escarnio público de los acusados". "En estos juicios paralelos, los medios asumen el papel de juez e inducen a un veredicto anticipado de culpabilidad a la opinión pública, lo que vulnera la presunción de inocencia", añade, por su parte, José Manuel Moreno.
Según la defensa de la extesorera del PP, la emisión audiovisual del juicio potenciaría "la injusta pena de banquillo a la que han de someterse [los procesados]" por una "acusación vacua". La justicia los sienta en el banquillo por delitos de daños informáticos y encubrimiento. El propio exresponsable informático de la formación declaró ante la instructora que borró 35 veces los discos duros de los ordenadores usados por Bárcenas y que después los rayó, los rompió y los tiró a la basura por orden del asesor jurídico del partido, Alberto Durán.
El PP ya trató de apartar a la juez que investigó la causa, Rosa María Freire. Los populares alegaban que la magistrada no era imparcial ya que, en su opinión, tenía una "evidente cercanía" con el PSOE. Pero la Audiencia Provincial rechazó estos argumentos y, posteriormente, dio el visto bueno a la celebración de un juicio donde declararán como testigos María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido, y Luis Bárcenas, extesorero. La única acusación en esta causa es la que llevan a cabo, como acusación popular, Izquierda Unida, las asociaciones de abogados Adade y el observatorio DESC. IU y Adade han solicitado que sí se retransmita en directo el juicio: "Nos encontramos ante un asunto de evidente repercusión e interés social".
Claraaaaaaaaaaaa
* ¡No lo había más corto *!
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