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La CNMC desmantela un cártel de las principales constructoras españolas para alterar licitaciones

Activa la prohibición de contratar con la Administración y multa con más de 61 millones de euros a 12 empresas, entre ellas las filiales de ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr u OHL.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha desmantelado un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado ha activado la prohibición de contratar con la Administración y ha multado con un total de 61,3 millones de euros a 12 empresas –entre ellas, las filiales de ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr u OHL, las principales constructoras españolas– “por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) desde 2014 a 2018”. Según ha informado la CNMC este viernes en un comunicado, el cártel, formado por las 12 empresas sancionadas, “consiguió 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018”. La CNMC ha comunicado que “se trata de una infracción muy grave” –prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea– y ha destacado que “la especial complejidad y nocividad del cártel para el interés general han sido consideradas por la CNMC a título de agravante a la hora de establecer el importe de las multas”.

La CNMC ha acreditado que el cártel desarticulado operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque “se han detectado conversaciones desde 2009”. Y que “las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado”. El importe total de esas adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo que supone “el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado, lo que da idea del impacto y alcance de este cártel”.

Sobre la prohibición a las empresas multadas de contratar con la Administración, la CNMC ha destacado que “las conductas anticompetitivas sancionadas se han prolongado más allá de la fecha de entrada en vigor de la prohibición de contratar (22 de octubre de 2015), por lo que se aplica la prohibición de contratar a las empresas participantes en el cártel”. En este sentido, la CNMC ha decidido remitir a la Junta de Contratación del Estado la notificación de la resolución, “a fin de que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas, en la medida que puedan seguir siendo licitantes en procedimientos de contratación pública”. La CNMC también ha pedido a la Dirección de Competencia “que vigile el cumplimiento íntegro de esta resolución y analice la posible responsabilidad de los directivos implicados en la infracción declarada en la resolución”, contra la que cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

Las empresas multadas por formar parte de ese cártel son Acciona Mantenimiento –y solidariamente su matriz Acciona–, Aceinsa, Alvac, API –y solidariamente su matriz ACS–, Audeca –y solidariamente su matriz Elecnor–, Copasa, Elsamex, Elsan –y solidariamente su matriz OHL–, Ferroser –y solidariamente su matriz Ferrovial–, Innovia –y solidariamente su matriz Copcisa–, Matinsa –y solidariamente su matriz FCC– y Sacyr Conservación –y solidariamente su matriz Sacyr–. API (ACS) ha sido sancionada con 11,8 millones de euros, Matinsa (FCC) con 8,5; Alvac con 5,9; Ferroser (Ferrovial) con 5,7; Copasa con 5,6; Sacyr Conservación (Sacyr) con 5,2; Elsamex con 4,0; Innovia (Copcisa) con 3,4; Elsan (OHL) con 3,0; Audeca (Elecnor) con 2,6, y Acciona Mantenimiento (Acciona) con 2,3. Según ha informado la CNMC, Aceinsa en un principio fue multada con 3,2 millones de euros pero finalmente quedarán en la mitad –y tampoco se le ha incluido en la prohibición de contratar con la Administración–, pues “se ha beneficiado de una reducción del 50% sobre el total de la multa impuesta al haber aportado elementos de prueba” que “han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel”.

Reuniones “para tomar café”
Según ha destacado en su comunicado la CNMC, “el funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones «para tomar café» donde las empresas que formaban parte del mismo establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado”. El cártel, que “agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas”, asignaba “una «bolsa» de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación”, y “cuando mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos”. Así “se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo”, un sistema que “incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura”.

“Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De este modo se conseguía alterar el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación”, ha manifestado la CNMC, que ha constatado que este “sofisticado sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración”, y es que “la mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección”.

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