Tres eran tres, PSOE, Partido Socialista Obrero Español
ANÁLISIS.
El clientelismo patológico del PSOE en Andalucía.
El caso Isofotón es el último brote en un interminable goteo de sumarios que se amontonan en los juzgados andaluces.
A. R. Vega.
SEVILLA. Actualizado: 17/09/2020 09:50h.
Al frondoso árbol de corrupción regado con dinero público durante los casi 37 años de hegemonía del PSOE de Andalucía le ha surgido una nueva rama. El caso Isofotón es el último brote en un interminable goteo de sumarios que se amontonan en los juzgados andaluces desde hace más de una década y que comparten un mismo objetivo político: la libérrima disposición del dinero público para fidelizar el voto y tejer una red de dependencia económica que le permitiera perpetuarse en el poder. Es el sistema de los ERE, un método que se ha replicado en otros fraudes que han ido estallando como bombas de espoleta retardada incluso después de que los socialistas perdieran su feudo andaluz el 2 de diciembre de 2018 por un pacto del PP, Ciudadanos y Vox.
El fin político, «mantener la paz social», recogido expresamente en el convenio marco de 2001 que instauró el procedimiento delictivo de los ERE por el que fueron condenados dos expresidentes, justificaba –o eso parecía– los medios utilizados. La Junta de Andalucía lo mismo nacionalizaba empresas privadas que tenían menos futuro que el Titanic, como Santana o Cárnicas Molina, convertidas en una extensión más de su red de agencias y organismos satélites, que pagaba los sueldos a los parados de Delphi por el mero hecho de asistir a cursos de inglés y de prevención de riesgos sin utilidad alguna.
Con los fondos para el reciclaje laboral de desempleados el director de la fundación de empleo Faffe pagaba fiestas en prostíbulos o se favorecía a empresarios como el exconsejero Ángel Ojeda, que acaparó 52,6 millones en subvenciones, algunas de ellas excepcionales, para cursos de formación.
Bajo el mandato de Susana Díaz se perdonó una deuda de 6,7 millones a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras por gestionar las residencias de titularidad pública donde veranean los trabajadores. La Junta de Andalucía actuaba como un rumboso Tío Sam en Bienvenido Mister Marshall. Derramaba ayudas a fondo perdido en empresas que tenían los días contados, engrasaba las estructuras burocráticas de los sindicatos y de la patronal, y subvencionaba prejubilaciones a «criaturas necesitadas de ayuda», como las llamaba el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Incluido su amigo, el conseguidor Juan Lanzas, cuya madre bromeaba con que «tenía dinero para asar una vaca».
Una frase resume este modo de entender y ejercer la política como un evangelio. «La Junta colabora con quien colabora». Con esta naturalidad, Daniel Ponce, un directivo de Mercasevilla, exigió una comisión a unos empresarios a cambio de que la Junta le concediera una subvención para montar una escuela de hostelería. Su voz quedó grabada en una cintas que llegaron a la mesa de la juez Mercedes Alaya. Fue la piedra de Rosetta que permitió a la magistrada desentrañar el jeroglífico de los ERE, con más de un centenar de diligencias abiertas en el juzgado.
Si algo define este modus operandi es su perfil clientelar, casi patológico. El dinero público era la gasolina que ponía en funcionamiento el sistema. «Si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía. Os quiero a todos en la calle haciendo campaña por el PSOE. Esto es lo que más se parece a los testigos de Jehová», arengaba a unos trabajadores de la Junta Irene Sabalete, delegada autonómica de Empleo en Jaén, cuando el PSOE veía amenazado su dominio electoral en 2012. Difícilmente podía decirse más claro.
El método ERE proporcionó al PSOE más réditos políticos que éxitos económicos a los andaluces. Casi cuatro décadas después, la comunidad sigue instalada en los últimos puestos de empleo, PIB per cápita y renta, que equivale al 75% de la media nacional. Los andaluces no han visto mejorados sus indicadores de bienestar con respecto al resto del país, pero al partido que les ha gobernado le ha ido razonablemente bien. Desde 1982, el PSOE ha sido la fuerza más votada en casi todas las elecciones andaluzas (salvo las de marzo de 2012), incluidas las últimas.
El clientelismo patológico del PSOE en Andalucía.
El caso Isofotón es el último brote en un interminable goteo de sumarios que se amontonan en los juzgados andaluces.
A. R. Vega.
SEVILLA. Actualizado: 17/09/2020 09:50h.
Al frondoso árbol de corrupción regado con dinero público durante los casi 37 años de hegemonía del PSOE de Andalucía le ha surgido una nueva rama. El caso Isofotón es el último brote en un interminable goteo de sumarios que se amontonan en los juzgados andaluces desde hace más de una década y que comparten un mismo objetivo político: la libérrima disposición del dinero público para fidelizar el voto y tejer una red de dependencia económica que le permitiera perpetuarse en el poder. Es el sistema de los ERE, un método que se ha replicado en otros fraudes que han ido estallando como bombas de espoleta retardada incluso después de que los socialistas perdieran su feudo andaluz el 2 de diciembre de 2018 por un pacto del PP, Ciudadanos y Vox.
El fin político, «mantener la paz social», recogido expresamente en el convenio marco de 2001 que instauró el procedimiento delictivo de los ERE por el que fueron condenados dos expresidentes, justificaba –o eso parecía– los medios utilizados. La Junta de Andalucía lo mismo nacionalizaba empresas privadas que tenían menos futuro que el Titanic, como Santana o Cárnicas Molina, convertidas en una extensión más de su red de agencias y organismos satélites, que pagaba los sueldos a los parados de Delphi por el mero hecho de asistir a cursos de inglés y de prevención de riesgos sin utilidad alguna.
Con los fondos para el reciclaje laboral de desempleados el director de la fundación de empleo Faffe pagaba fiestas en prostíbulos o se favorecía a empresarios como el exconsejero Ángel Ojeda, que acaparó 52,6 millones en subvenciones, algunas de ellas excepcionales, para cursos de formación.
Bajo el mandato de Susana Díaz se perdonó una deuda de 6,7 millones a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras por gestionar las residencias de titularidad pública donde veranean los trabajadores. La Junta de Andalucía actuaba como un rumboso Tío Sam en Bienvenido Mister Marshall. Derramaba ayudas a fondo perdido en empresas que tenían los días contados, engrasaba las estructuras burocráticas de los sindicatos y de la patronal, y subvencionaba prejubilaciones a «criaturas necesitadas de ayuda», como las llamaba el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Incluido su amigo, el conseguidor Juan Lanzas, cuya madre bromeaba con que «tenía dinero para asar una vaca».
Una frase resume este modo de entender y ejercer la política como un evangelio. «La Junta colabora con quien colabora». Con esta naturalidad, Daniel Ponce, un directivo de Mercasevilla, exigió una comisión a unos empresarios a cambio de que la Junta le concediera una subvención para montar una escuela de hostelería. Su voz quedó grabada en una cintas que llegaron a la mesa de la juez Mercedes Alaya. Fue la piedra de Rosetta que permitió a la magistrada desentrañar el jeroglífico de los ERE, con más de un centenar de diligencias abiertas en el juzgado.
Si algo define este modus operandi es su perfil clientelar, casi patológico. El dinero público era la gasolina que ponía en funcionamiento el sistema. «Si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía. Os quiero a todos en la calle haciendo campaña por el PSOE. Esto es lo que más se parece a los testigos de Jehová», arengaba a unos trabajadores de la Junta Irene Sabalete, delegada autonómica de Empleo en Jaén, cuando el PSOE veía amenazado su dominio electoral en 2012. Difícilmente podía decirse más claro.
El método ERE proporcionó al PSOE más réditos políticos que éxitos económicos a los andaluces. Casi cuatro décadas después, la comunidad sigue instalada en los últimos puestos de empleo, PIB per cápita y renta, que equivale al 75% de la media nacional. Los andaluces no han visto mejorados sus indicadores de bienestar con respecto al resto del país, pero al partido que les ha gobernado le ha ido razonablemente bien. Desde 1982, el PSOE ha sido la fuerza más votada en casi todas las elecciones andaluzas (salvo las de marzo de 2012), incluidas las últimas.