LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
El fin del estado de alarma: un escenario incierto para mantener el confinamiento
El rechazo a la prórroga implica acabar ‘ipso facto’ con todas las medidas derivadas del decreto inicial y aboca a diseñar un nuevo marco jurídico
J. J. GÁLVEZ
Madrid - 05 MAY 2020 -
El rechazo del Congreso a una nueva prórroga del estado de alarma abriría una puerta de consecuencias jurídicas inmediatas. Aunque la iniciativa del Gobierno aún puede salir adelante si el PP se abstiene en la votación (opción que no ha descartado), la negativa de la Cámara implicaría disolver de inmediato casi toda la estructura normativa que ha levantado el Ejecutivo socialista para frenar la pandemia del coronavirus. ¿Conllevaría, entonces, suspender el confinamiento o la prohibición de viajar entre provincias? ¿Puede La Moncloa plantearse alternativas?
Para afrontar la dimensión del desafío, según coinciden varios juristas consultados por EL PAÍS, se debe partir de la premisa de que una negativa a la prórroga acaba de un plumazo con todas las medidas previstas en el decreto del 14 de marzo, así como con todas las normativas reguladas en otros decretos posteriores y que han vinculado su vigencia al estado de alarma. Dejarían de estar en vigor de inmediato. “Todo ese contenido decae, deja de existir”, resume Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y coordinador del Observatorio de Derecho Público y Constitucional y Covid-19.
Acabaría todo, por tanto, el fin de semana. “Y no tendríamos el marco jurídico para poner orden”, insistió este lunes José Luis Ábalos, ministros de Transportes, que pone así sobre la mesa el principal argumento del Gobierno para pedir el apoyo: “No hay alternativa. Es como condenarnos al caos”. Una opinión que rechaza el líder del PP, Pablo Casado, que afirma que existen otras opciones al estado de alarma —habla de recurrir, por ejemplo, a las leyes de Seguridad Nacional, Protección Civil y Salud Pública, incluso reformándolas— mientras se mantiene el mando único y las medidas de restricción de movimientos. Pero el Ejecutivo repite que, jurídicamente, lo que plantean los populares no es factible.
Por ejemplo, Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, considera en esa línea que “todos los funcionarios ya no estarían supeditados al Gobierno central”. Sería el fin del mando único. De hecho, esa tesis la asumen los Gobiernos autonómicos, como el catalán y el vasco, que quieren que decaiga el estado de alarma para recuperar el control que perdieron a mediados de marzo. “Hay que recuperar la legalidad ordinaria”, sostuvo el domingo el lehendakari Íñigo Urkullu, que pretende que las comunidades asuman de nuevo la gestión de la política de salud.
De acabarse el estado de alarma, otras dos consecuencias preocupan: el fin del confinamiento generalizado y de la prohibición de desplazarse entre provincias, consideradas clave por Sanidad para frenar la pandemia. El profesor de la Universidad de la Laguna también considera que ambas medidas ya no podrían imponerse. “No cabe duda de que se pierde la capacidad de limitar los movimientos de los ciudadanos porque esta se encuentra vinculada a la situación de excepcionalidad”. También peligraría la política de multas del Ministerio del Interior, ya que Fernando Grande-Marlaska argumentó que el propio real decreto del estado de alarma funciona como la advertencia previa necesaria para proponer sancionar a quienes salen sin justificación. Por ello, comunidades como Andalucía, gobernada por Juan Manuel Moreno (PP), han defendido una prórroga hasta final de mayo mientras se trabaja, paralelamente, en una “desescalada” del estado de alarma.
Las opciones de La Moncloa
¿Eso quiere decir que La Moncloa no podría hacer nada si no se aprueba la prórroga? “No”, sentencia Gerardo Pérez. Se podrían aplicar otras normativas, pero el escenario cambia. “Existen leyes que establecen la posibilidad de un confinamiento, pero solo de aquellas personas enfermas”, pone como ejemplo el docente. Y añade Cotino: “Habría que ver si existen alternativas para que el Gobierno tenga la sartén por el mango”.
El catedrático recuerda que la Constitución “no dice nada” de que no se pueda aprobar otro estado de alarma distinto del actual, lo que permitiría al Ejecutivo ganar otros 15 días —aunque habría que ver, si se recurre, cómo reaccionaría el Tribunal Constitucional y en qué plazos—. La Ley de Seguridad Nacional puede ser otro “comodín”, apostilla Cotino, que también recuerda que antes del 14 de marzo se confinaron algunas localidades y se cerraron negocios (como se hizo en Murcia y Cataluña). “Pero esas leyes que se usaron no están previstas para el conjunto entero de la población”. La cuestión pasa por ver, por tanto, hasta dónde se está dispuesto a estirar una legislación que no se encuentra ideada para situaciones tan excepcionales como las del estado de alarma y cuál sería el coste político e institucional que acarrearía.
El fin del estado de alarma: un escenario incierto para mantener el confinamiento
El rechazo a la prórroga implica acabar ‘ipso facto’ con todas las medidas derivadas del decreto inicial y aboca a diseñar un nuevo marco jurídico
J. J. GÁLVEZ
Madrid - 05 MAY 2020 -
El rechazo del Congreso a una nueva prórroga del estado de alarma abriría una puerta de consecuencias jurídicas inmediatas. Aunque la iniciativa del Gobierno aún puede salir adelante si el PP se abstiene en la votación (opción que no ha descartado), la negativa de la Cámara implicaría disolver de inmediato casi toda la estructura normativa que ha levantado el Ejecutivo socialista para frenar la pandemia del coronavirus. ¿Conllevaría, entonces, suspender el confinamiento o la prohibición de viajar entre provincias? ¿Puede La Moncloa plantearse alternativas?
Para afrontar la dimensión del desafío, según coinciden varios juristas consultados por EL PAÍS, se debe partir de la premisa de que una negativa a la prórroga acaba de un plumazo con todas las medidas previstas en el decreto del 14 de marzo, así como con todas las normativas reguladas en otros decretos posteriores y que han vinculado su vigencia al estado de alarma. Dejarían de estar en vigor de inmediato. “Todo ese contenido decae, deja de existir”, resume Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y coordinador del Observatorio de Derecho Público y Constitucional y Covid-19.
Acabaría todo, por tanto, el fin de semana. “Y no tendríamos el marco jurídico para poner orden”, insistió este lunes José Luis Ábalos, ministros de Transportes, que pone así sobre la mesa el principal argumento del Gobierno para pedir el apoyo: “No hay alternativa. Es como condenarnos al caos”. Una opinión que rechaza el líder del PP, Pablo Casado, que afirma que existen otras opciones al estado de alarma —habla de recurrir, por ejemplo, a las leyes de Seguridad Nacional, Protección Civil y Salud Pública, incluso reformándolas— mientras se mantiene el mando único y las medidas de restricción de movimientos. Pero el Ejecutivo repite que, jurídicamente, lo que plantean los populares no es factible.
Por ejemplo, Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, considera en esa línea que “todos los funcionarios ya no estarían supeditados al Gobierno central”. Sería el fin del mando único. De hecho, esa tesis la asumen los Gobiernos autonómicos, como el catalán y el vasco, que quieren que decaiga el estado de alarma para recuperar el control que perdieron a mediados de marzo. “Hay que recuperar la legalidad ordinaria”, sostuvo el domingo el lehendakari Íñigo Urkullu, que pretende que las comunidades asuman de nuevo la gestión de la política de salud.
De acabarse el estado de alarma, otras dos consecuencias preocupan: el fin del confinamiento generalizado y de la prohibición de desplazarse entre provincias, consideradas clave por Sanidad para frenar la pandemia. El profesor de la Universidad de la Laguna también considera que ambas medidas ya no podrían imponerse. “No cabe duda de que se pierde la capacidad de limitar los movimientos de los ciudadanos porque esta se encuentra vinculada a la situación de excepcionalidad”. También peligraría la política de multas del Ministerio del Interior, ya que Fernando Grande-Marlaska argumentó que el propio real decreto del estado de alarma funciona como la advertencia previa necesaria para proponer sancionar a quienes salen sin justificación. Por ello, comunidades como Andalucía, gobernada por Juan Manuel Moreno (PP), han defendido una prórroga hasta final de mayo mientras se trabaja, paralelamente, en una “desescalada” del estado de alarma.
Las opciones de La Moncloa
¿Eso quiere decir que La Moncloa no podría hacer nada si no se aprueba la prórroga? “No”, sentencia Gerardo Pérez. Se podrían aplicar otras normativas, pero el escenario cambia. “Existen leyes que establecen la posibilidad de un confinamiento, pero solo de aquellas personas enfermas”, pone como ejemplo el docente. Y añade Cotino: “Habría que ver si existen alternativas para que el Gobierno tenga la sartén por el mango”.
El catedrático recuerda que la Constitución “no dice nada” de que no se pueda aprobar otro estado de alarma distinto del actual, lo que permitiría al Ejecutivo ganar otros 15 días —aunque habría que ver, si se recurre, cómo reaccionaría el Tribunal Constitucional y en qué plazos—. La Ley de Seguridad Nacional puede ser otro “comodín”, apostilla Cotino, que también recuerda que antes del 14 de marzo se confinaron algunas localidades y se cerraron negocios (como se hizo en Murcia y Cataluña). “Pero esas leyes que se usaron no están previstas para el conjunto entero de la población”. La cuestión pasa por ver, por tanto, hasta dónde se está dispuesto a estirar una legislación que no se encuentra ideada para situaciones tan excepcionales como las del estado de alarma y cuál sería el coste político e institucional que acarrearía.