Pablo Planas.
Torra, mentiroso y miedoso.
Este cobarde prefería una inhabilitación por desobedecer un poco antes que una condena de prisión por proclamar la república.
2020-09-28.
Torra miente. La mentira es el común denominador del nacionalismo y de sus tontos útiles, todos aquellos que sostienen como loros que el Tribunal Supremo inhabilita a Torra por colgar una pancarta. Pues no, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sentenció a Torra a un año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central. Se le ordenó retirar una pancarta en la que pedía la libertad de los golpistas presos del balcón de la Generalidad en la campaña de las pasadas municipales y Torra se resistió durante tres días, hasta que al final cedió. Así pues, el todavía presidente catalán se pasó la neutralidad de las instituciones por el arco del triunfo. Conviene aclararlo para que no cuelen especies como que Junqueras está en la cárcel por poner urnas o Forcadell por permitir un debate.
E hizo tal cosa Torra por cobardía, por pánico, porque prefería una inhabilitación por desobedecer un poco antes que una condena de prisión por proclamar la república, lo cual había prometido desde el momento mismo en que juró por Snoopy y el pastelero de Amer el cargo de presidente autonómico en representación del prófugo. La pancarta era el atajo para salir de la Generalidad por la puerta grande como un supuesto mártir a un precio tan barato como 18 meses de inhabilitación y una multa de treinta mil euros. Aquello era una alfombra roja con todas las ventajas y sin el inconveniente de la cárcel o la escapada. De ahí que Torra se declarara culpable, muy culpable, absolutamente culpable. Se lo ponían a huevo y no se lo pensó dos veces. Entre cumplir su palabra de declarar la independencia y acabar en la trena o salir en globo del palacio de la Generalidad como el primer presidente regional inhabilitado en activo, no hay color.
Ahora trata de hacerse la víctima de una especie de Estado malayo opresor y vengativo que sólo existe en la imaginación de los separatistas. De la hiperventilación independentista cualquiera diría que Torra ha sido detenido, envenenado, torturado y pasado por las armas. La realidad es que a partir de ahora gozará de las mieles reservadas a los expresidentes de la Generalidad: chófer, secretarias, funcionarios y escoltas a su cargo más un despacho oficial, un sueldo de más de noventa mil euros y una pensión de lujo.
A pesar de que a Torra la jugada le ha salido niquelada, los Comités de Defensa de la República (CDR) pretenden liarla igual que en octubre del año pasado, como si al expresidente racista y supremacista lo fueran a enchironar las bestias taradas y no estuvieran prohibidas por la propia Generalidad las reuniones de más de seis personas. Entre tanto, el Gobierno de Sánchez e Iglesias se pliega a las exigencias de los separatistas y ata en corto al Rey que plantó cara al golpe de Estado de hace tres años. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que no brilla precisamente por sus luces, lo ha admitido este lunes. Si impidieron que Felipe VI presidiera la entrega de despachos a los nuevos jueces fue por “elementos de la convivencia", entre los que ha citado la inminencia de la resolución sobre Torra y la cercanía del 1-O. O sea, que han dejado tirados a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña para satisfacer a quienes atacaron a la democracia y proclamaron una república. ¿Convivencia?
En un Estado normal, con un Gobierno digno de tal nombre, la sentencia del Tribunal Supremo se habría dado a conocer precisamente el 1-O. O mejor aún, el 3, para celebrar así el memorable discurso del Rey contra el golpe de Estado.
Torra, mentiroso y miedoso.
Este cobarde prefería una inhabilitación por desobedecer un poco antes que una condena de prisión por proclamar la república.
2020-09-28.
Torra miente. La mentira es el común denominador del nacionalismo y de sus tontos útiles, todos aquellos que sostienen como loros que el Tribunal Supremo inhabilita a Torra por colgar una pancarta. Pues no, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sentenció a Torra a un año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central. Se le ordenó retirar una pancarta en la que pedía la libertad de los golpistas presos del balcón de la Generalidad en la campaña de las pasadas municipales y Torra se resistió durante tres días, hasta que al final cedió. Así pues, el todavía presidente catalán se pasó la neutralidad de las instituciones por el arco del triunfo. Conviene aclararlo para que no cuelen especies como que Junqueras está en la cárcel por poner urnas o Forcadell por permitir un debate.
E hizo tal cosa Torra por cobardía, por pánico, porque prefería una inhabilitación por desobedecer un poco antes que una condena de prisión por proclamar la república, lo cual había prometido desde el momento mismo en que juró por Snoopy y el pastelero de Amer el cargo de presidente autonómico en representación del prófugo. La pancarta era el atajo para salir de la Generalidad por la puerta grande como un supuesto mártir a un precio tan barato como 18 meses de inhabilitación y una multa de treinta mil euros. Aquello era una alfombra roja con todas las ventajas y sin el inconveniente de la cárcel o la escapada. De ahí que Torra se declarara culpable, muy culpable, absolutamente culpable. Se lo ponían a huevo y no se lo pensó dos veces. Entre cumplir su palabra de declarar la independencia y acabar en la trena o salir en globo del palacio de la Generalidad como el primer presidente regional inhabilitado en activo, no hay color.
Ahora trata de hacerse la víctima de una especie de Estado malayo opresor y vengativo que sólo existe en la imaginación de los separatistas. De la hiperventilación independentista cualquiera diría que Torra ha sido detenido, envenenado, torturado y pasado por las armas. La realidad es que a partir de ahora gozará de las mieles reservadas a los expresidentes de la Generalidad: chófer, secretarias, funcionarios y escoltas a su cargo más un despacho oficial, un sueldo de más de noventa mil euros y una pensión de lujo.
A pesar de que a Torra la jugada le ha salido niquelada, los Comités de Defensa de la República (CDR) pretenden liarla igual que en octubre del año pasado, como si al expresidente racista y supremacista lo fueran a enchironar las bestias taradas y no estuvieran prohibidas por la propia Generalidad las reuniones de más de seis personas. Entre tanto, el Gobierno de Sánchez e Iglesias se pliega a las exigencias de los separatistas y ata en corto al Rey que plantó cara al golpe de Estado de hace tres años. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que no brilla precisamente por sus luces, lo ha admitido este lunes. Si impidieron que Felipe VI presidiera la entrega de despachos a los nuevos jueces fue por “elementos de la convivencia", entre los que ha citado la inminencia de la resolución sobre Torra y la cercanía del 1-O. O sea, que han dejado tirados a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña para satisfacer a quienes atacaron a la democracia y proclamaron una república. ¿Convivencia?
En un Estado normal, con un Gobierno digno de tal nombre, la sentencia del Tribunal Supremo se habría dado a conocer precisamente el 1-O. O mejor aún, el 3, para celebrar así el memorable discurso del Rey contra el golpe de Estado.