HE DICHO MUY CLARO QUE LAS CCAA deciden.
Mira lo que he encontrado sobre Castilla León. Me extraña que la pública en Castilla La Mancha no tenga mèdico que la visite. No tiene por qué tener todo el día.
No te voy a llevar la contraria, pero voy a buscar un poco más.
Médicos en las residencias: ¿opción u obligación?
Martes 10 de octubre de 2017
A+a-
La obligación de disponer de un médico en las residencias vuelve a dividir al sector. Unos creen que es imprescindible, mientras otros lamentan la dificultad para encontrar profesionales en el ámbito rural. Castilla y León está suprimiendo de forma gradual su obligatoriedad.
La Junta de Castilla y León publicó el pasado 31 de julio el decreto por el que se regula el funcionamiento de los centros asistenciales en la comunidad. Entre las principales novedades, regula la presencia de personal médico en las residencias, suprimiendo de forma gradual (hasta el 2024) la obligatoriedad de contar con ellos en los centros.
Una medida que ha sido muy bien acogida entre los empresarios del sector, debido sobre todo a la dificultad que tienen las residencias de esta Comunidad para encontrar médicos, sobre todo del ámbito rural. Según Diego Juez, presidente de la Federación de Castilla y León de residencias de la Tercera Edad, ACALERTE, “la gran diferencia de este decreto es la libertad que da a las residencias para escoger a los profesionales que trabajen en ellas. La anterior normativa nos obligaba por ejemplo a tener un 20% de la jornada a un fisioterapeuta, un 30% un terapeuta ocupacional, o un médico una hora de lunes a domingo. Lo que ahora nos permite es elegir el perfil del profesional de acuerdo a las características de los residentes, de tal forma que cada centro podrá especializarse ofreciendo una atención determinada adaptada a las necesidades de los residentes”.
Pese a esta liberalización, señala Juez, “la mayoría de las residencias tienen médico y no se plantean prescindir de ellos, pese a la dificultad de encontrar facultativos que quieran trabajar en nuestras residencias, particularmente en las del medio rural. La media de las residencias de Castilla y León es de 60 residentes, muchas de ellas están situadas a 70 km de una gran ciudad, y es difícil encontrar un médico para media jornada. El que tiene la obligación de dar este tipo de atención es el Servicio Público de Salud, si este tiene dificultades para encontrar médicos para trabajar en un pueblos ¿nosotros como residencias vamos a tener la obligación de tener uno? No tiene ningún sentido”.
De opinión contraria es el sindicato de enfermería Satse, que ha impugnado el decreto argumentando que "empeora la atención de los residentes", ya que elimina la distinción entre válidos y dependientes "cuando no es lo mismo la atención sanitaria que precisan unos y otros", ya que los segundos requieren más que los primeros, que generalmente van a las residencias por motivos sociales. Además, se deriva a los centros de salud los cuidados sanitarios, "cuando no hay nada regulado al respecto", lo que repercutirá negativamente en la enfermería de Atención Primaria, a la que añade más trabajo, y se "saturará la asistencia en los centros de salud".
El sindicato ha advertido que "el objetivo" parece ser "beneficiar exclusivamente a la residencias privadas, porque consiguen una reducción de su personal sanitario, consiguiendo un gran ahorro y descargando la asistencia en el sistema público", que se verá sobrecargada
Mira lo que he encontrado sobre Castilla León. Me extraña que la pública en Castilla La Mancha no tenga mèdico que la visite. No tiene por qué tener todo el día.
No te voy a llevar la contraria, pero voy a buscar un poco más.
Médicos en las residencias: ¿opción u obligación?
Martes 10 de octubre de 2017
A+a-
La obligación de disponer de un médico en las residencias vuelve a dividir al sector. Unos creen que es imprescindible, mientras otros lamentan la dificultad para encontrar profesionales en el ámbito rural. Castilla y León está suprimiendo de forma gradual su obligatoriedad.
La Junta de Castilla y León publicó el pasado 31 de julio el decreto por el que se regula el funcionamiento de los centros asistenciales en la comunidad. Entre las principales novedades, regula la presencia de personal médico en las residencias, suprimiendo de forma gradual (hasta el 2024) la obligatoriedad de contar con ellos en los centros.
Una medida que ha sido muy bien acogida entre los empresarios del sector, debido sobre todo a la dificultad que tienen las residencias de esta Comunidad para encontrar médicos, sobre todo del ámbito rural. Según Diego Juez, presidente de la Federación de Castilla y León de residencias de la Tercera Edad, ACALERTE, “la gran diferencia de este decreto es la libertad que da a las residencias para escoger a los profesionales que trabajen en ellas. La anterior normativa nos obligaba por ejemplo a tener un 20% de la jornada a un fisioterapeuta, un 30% un terapeuta ocupacional, o un médico una hora de lunes a domingo. Lo que ahora nos permite es elegir el perfil del profesional de acuerdo a las características de los residentes, de tal forma que cada centro podrá especializarse ofreciendo una atención determinada adaptada a las necesidades de los residentes”.
Pese a esta liberalización, señala Juez, “la mayoría de las residencias tienen médico y no se plantean prescindir de ellos, pese a la dificultad de encontrar facultativos que quieran trabajar en nuestras residencias, particularmente en las del medio rural. La media de las residencias de Castilla y León es de 60 residentes, muchas de ellas están situadas a 70 km de una gran ciudad, y es difícil encontrar un médico para media jornada. El que tiene la obligación de dar este tipo de atención es el Servicio Público de Salud, si este tiene dificultades para encontrar médicos para trabajar en un pueblos ¿nosotros como residencias vamos a tener la obligación de tener uno? No tiene ningún sentido”.
De opinión contraria es el sindicato de enfermería Satse, que ha impugnado el decreto argumentando que "empeora la atención de los residentes", ya que elimina la distinción entre válidos y dependientes "cuando no es lo mismo la atención sanitaria que precisan unos y otros", ya que los segundos requieren más que los primeros, que generalmente van a las residencias por motivos sociales. Además, se deriva a los centros de salud los cuidados sanitarios, "cuando no hay nada regulado al respecto", lo que repercutirá negativamente en la enfermería de Atención Primaria, a la que añade más trabajo, y se "saturará la asistencia en los centros de salud".
El sindicato ha advertido que "el objetivo" parece ser "beneficiar exclusivamente a la residencias privadas, porque consiguen una reducción de su personal sanitario, consiguiendo un gran ahorro y descargando la asistencia en el sistema público", que se verá sobrecargada