Sánchez desvela su malestar con el Rey al consentir los ataques de tres ministros.
El Gobierno pone el foco sobre Lesmes y defiende su decisión de vetar a Don Felipe para no generar «tensión.
Víctor Ruiz de Almirón.
MADRID Actualizado: 29/09/2020 08:43h.
El silencio de importantes miembros del Gobierno, empezando por su presidente, tras las críticas de tres ministros al Rey es elocuente y muestra el malestar existente en La Moncloa. En privado algunos miembros del Ejecutivo creen que las críticas a Don Felipe de algunos ministros, singularmente de Alberto Garzón, fueron un error. Pero en público, tres días después, el silencio de algunos y el apoyo explícito de otros las avala.
El Gobierno defiende su veto al Rey en la entrega de despachos a los jueces del pasado viernes porque su visita habría generado «tensión» por la inminente inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la cercanía del 1-O, aniversario del referéndum ilegal. Así lo explicó ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en RNE, al señalar que querían velar por «la seguridad» y la «convivencia» en Cataluña. Un mensaje que también sostuvo el ministro de Universidades, Manuel Castells, desde el flanco de Unidas Podemos, que valoró que Don Felipe debe evitar la región por «prudencia».
El Gobierno avala así el marco mental del nacionalismo de admitir que la presencia del Estado, y de su máximo representante, genera incomodidad y que en aras del proceso de «desinflamación» que abandera el presidente Pedro Sánchez deben hacerse gestos de distensión.
El ministro de Justicia dijo que el Gobierno le planteó al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, posponer la celebración del acto. Pero que éste lo rechazó. «Si se podía hacer unos días después... ¿Por qué íbamos a generar una tensión?», explicaba ayer Campo.
No obstante, fuentes del CGPJ aseguran a ABC que no hubo ningún intento de cambiar el día y recuerdan que Lesmes no tiene «competencia» para decidir la fecha. En contra de la versión del ministro, las fuentes mencionadas explican que «el Gobierno en ningún momento se dirigió al CGPJ o a su presidente, ni para explicar los motivos del veto al Rey ni para cambiar la fecha».
«Una herida abierta»
La displicencia de La Moncloa con el veto a Felipe VI dio aire a Podemos, mucho más incisivos. «Yo comparto lo que dijo Jaume Asens, lo cual no quiere decir que el Rey no pueda ir a Cataluña, pero según las circunstancias tendría que haber prudencia en ese sentido», dijo ayer el ministro de Universidades, que considera que «hay una herida abierta» en parte de la sociedad catalana «por el desafortunado discurso del Rey del 3 de octubre de 2017».
El titular de Universidades también defendió a su homólogo de Consumo tras acusar al Rey de «maniobrar contra el Gobierno» después de su llamada a Lesmes donde trasladó su malestar por no poder asistir al acto. « (Garzón) tiene derecho a dar su opinión» y no tiene que dimitir por ello, sostuvo Castells, que tildó de «improcedente» ese contacto porque, según dijo, «el Rey tiene que estar sometido a decisiones políticas».
En última instancia, en el Gobierno aseguran en privado que el Rey «se equivocó» con esa llamada, pero cargan todo su malestar en Lesmes. Aseguran que existía temor a que ejecutase una maniobra que hiciese coincidir la sentencia de inhabilitación de Torra con la presencia del Rey en Cataluña.
El Gobierno pone el foco sobre Lesmes y defiende su decisión de vetar a Don Felipe para no generar «tensión.
Víctor Ruiz de Almirón.
MADRID Actualizado: 29/09/2020 08:43h.
El silencio de importantes miembros del Gobierno, empezando por su presidente, tras las críticas de tres ministros al Rey es elocuente y muestra el malestar existente en La Moncloa. En privado algunos miembros del Ejecutivo creen que las críticas a Don Felipe de algunos ministros, singularmente de Alberto Garzón, fueron un error. Pero en público, tres días después, el silencio de algunos y el apoyo explícito de otros las avala.
El Gobierno defiende su veto al Rey en la entrega de despachos a los jueces del pasado viernes porque su visita habría generado «tensión» por la inminente inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la cercanía del 1-O, aniversario del referéndum ilegal. Así lo explicó ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en RNE, al señalar que querían velar por «la seguridad» y la «convivencia» en Cataluña. Un mensaje que también sostuvo el ministro de Universidades, Manuel Castells, desde el flanco de Unidas Podemos, que valoró que Don Felipe debe evitar la región por «prudencia».
El Gobierno avala así el marco mental del nacionalismo de admitir que la presencia del Estado, y de su máximo representante, genera incomodidad y que en aras del proceso de «desinflamación» que abandera el presidente Pedro Sánchez deben hacerse gestos de distensión.
El ministro de Justicia dijo que el Gobierno le planteó al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, posponer la celebración del acto. Pero que éste lo rechazó. «Si se podía hacer unos días después... ¿Por qué íbamos a generar una tensión?», explicaba ayer Campo.
No obstante, fuentes del CGPJ aseguran a ABC que no hubo ningún intento de cambiar el día y recuerdan que Lesmes no tiene «competencia» para decidir la fecha. En contra de la versión del ministro, las fuentes mencionadas explican que «el Gobierno en ningún momento se dirigió al CGPJ o a su presidente, ni para explicar los motivos del veto al Rey ni para cambiar la fecha».
«Una herida abierta»
La displicencia de La Moncloa con el veto a Felipe VI dio aire a Podemos, mucho más incisivos. «Yo comparto lo que dijo Jaume Asens, lo cual no quiere decir que el Rey no pueda ir a Cataluña, pero según las circunstancias tendría que haber prudencia en ese sentido», dijo ayer el ministro de Universidades, que considera que «hay una herida abierta» en parte de la sociedad catalana «por el desafortunado discurso del Rey del 3 de octubre de 2017».
El titular de Universidades también defendió a su homólogo de Consumo tras acusar al Rey de «maniobrar contra el Gobierno» después de su llamada a Lesmes donde trasladó su malestar por no poder asistir al acto. « (Garzón) tiene derecho a dar su opinión» y no tiene que dimitir por ello, sostuvo Castells, que tildó de «improcedente» ese contacto porque, según dijo, «el Rey tiene que estar sometido a decisiones políticas».
En última instancia, en el Gobierno aseguran en privado que el Rey «se equivocó» con esa llamada, pero cargan todo su malestar en Lesmes. Aseguran que existía temor a que ejecutase una maniobra que hiciese coincidir la sentencia de inhabilitación de Torra con la presencia del Rey en Cataluña.