El Diario...

El Diario

El 21 de diciembre de 2022, Alberto Núñez Feijóo se reunió con los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil. Apenas una hora más tarde, y desde la misma sede del PP, esos mismos sindicatos acordaron una serie de movilizaciones contra el Gobierno. Porque no les gustaba una ley.

El 18 de abril de 2023, Feijóo se volvió a reunir, en secreto, con la principal asociación de fiscales. Y seis días más tarde, esa misma asociación profesional conservadora fue una de las principales convocantes de una inédita huelga indefinida de jueces y fiscales. Inédita, porque será en plena campaña electoral. Inédita, porque las asociaciones progresistas de jueces y fiscales se han desmarcado de esta movilización.

Jueces y fiscales tienen razones para protestar. Por la saturación de los juzgados, que en muchos casos están colapsados. O por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial –aunque esa protesta tendría que ser contra el PP y no contra el Gobierno–. Pero es bastante anómalo que esa convocatoria se produzca sin escuchar siquiera al Gobierno, que ha citado a las asociaciones este miércoles para negociar. Es una huelga indefinida como primera medida de presión. Una huelga cuyas prisas solo se explican porque, en cuatro semanas, toca votar.

Aunque en esa reunión con fiscales conservadores que desveló El País lo menos grave es lo que dijo Feijóo. ¿Es normal que un fiscal del Supremo se crea las teorías de la conspiración que alienta la derecha sobre Indra y la manipulación de las elecciones? ¿En qué se basan estos fiscales para cuestionar la legitimidad democrática de este Gobierno por pactar con partidos vascos y catalanes? ¿Qué habría pasado si un grupo de fiscales progresistas, frente a un Gobierno del PP, actuara de esta misma manera?

Pues pasaría exactamente lo mismo que ocurriría si fuera la izquierda quien bloqueara la renovación del CGPJ, incumpliendo la Constitución. O lo mismo que ocurriría si Ayuso fuera la presidenta de Catalunya y vetara al Gobierno de un acto oficial.

Hay una parte del Estado, colonizado por la derecha, que cree que España es de su propiedad.
Respuestas ya existentes para el anterior mensaje:
Ay ay ay pobre Feijóo. Otro simplón como Rajoy.
Otro simplón.
El Gobierno Central actual, prefiere que la G. C. tenga cada vez menos presencia en España.