LA REIVINDICACIÓN IZQUIERDISTA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

Quema de contenedores y de vehículos; ataques al edificio de la Bolsa de Barcelona mediante lanzamiento de adoquines y botellas; una sucursal del Banco Popular arrasada; ocupación del Rectorado de la Universidad de Barcelona y desperfectos en el Edificio Antiguo; asedio a la sede del Congreso Mundial de Móviles mediante la ocupación ilegal de la Plaza de España que ha obligado a cortar el tráfico en la plaza y cerrar las estaciones de metro y el acceso principal del centro comercial Les Arenes; doce heridos, siete de ellos mossos d´Esquadra, y sólo doce detenidos. Este es el saldo que arroja, de manera resumida, las violentas manifestaciones que se han producido este miércoles en la Ciudad Condal auspiciadas por organizaciones estudiantiles y docentes universitaria en protestas por los supuestos recortes en la Educación Pública.

Visto el respaldo que partidos y medios de comunicación de izquierda brindaron al vandalismo político que Valencia sufrió hace unos días, también a cuenta de supuestos recortes en la educación, no hay que extrañarse de que la violencia callejera, lejos de amainar, se extienda por toda España. Dado que, en esta ocasión, la policía encargada de reprimir tales manifestaciones no es dependiente de ningún gobierno del PP, puede ser que la izquierda no reitere sus escandalosas críticas contras las fuerzas del orden, a pesar de que los mossos se hayan visto obligados a hacer tantas o más cargas policiales que las que se produjeron en Valencia y haya incluso recurrido al disparo de bolas de goma. Con todo, ese sectarismo no borra -todo lo contrario- el respaldo del PSOE e IU a las manifestaciones y a las protestas en la calle que ambos partidos han reiterado, con independencia del grado de violencia que estas han tenido y siguen teniendo.

En esa misma línea de reivindicación política de la violencia, el secretario general de UGT hace unos días proclamaba que había que conseguir la "helenización de España", bochornosas manifestaciones que deberían escandalizar no sólo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero quizá la más repugnante y extrema reivindicación de la violencia política, la hayan hecho UGT y CC OO al convocar nuevas manifestaciones contra el gobierno del PP para el domingo 11 de marzo en toda España, coincidiendo con el aniversario de la masacre con la que unos terroristas pretendieron y lograron que la muerte de centenares de inocentes alterase el resultado electoral de las elecciones generales que se celebrarían tres días después.

Aunque la violencia de los manifestantes -así como la de los piquetes sindicales durante las huelgas- no llegue al derramamiento de sangre, y se limite a alterar el orden público, causar destrozos en el mobiliario urbano y leves heridas en los agentes de policía, es evidente que también pretende alterar el curso político de manera ilegal e ilegítima. Y desde luego es perfectamente compresible la indignación de las asociaciones de víctimas del 11-M por tan repugnante utilización del atentado contra el Partido Popular.

En cualquier caso, todos deberíamos ser conscientes de que la alteración del orden público –sobre todo cuando persigue fines políticos- no es otra cosa que la alteración del orden democrático.