EDITORIAL ABC.

Amigo de sus amigos y no del Congreso.

El enchufismo de Sánchez dando cargos públicos a media pandilla de su juventud es directamente proporcional al desprecio que mostró ayer al Parlamento por su ausencia al votarse la alarma.

ABC.

Actualizado: 29/10/2020 23:26h.

Las revelaciones que hoy publica ABC sobre el «enchufismo» con el que se maneja Pedro Sánchez, convertido en una agencia de colocación de familiares y amigos, y la escena de su escaño vacío cuando se votaba la duración de seis meses para el estado de alarma, revelan el grado de desahogo con el que concibe el poder. La imagen de Sánchez junto a varios amigos durante la Nochevieja de 1993 es solo el antes de una relación muy fructífera para algunos de ellos veintisiete años después. Su hermano David ocupa un cargo en la Diputación de Badajoz con un sueldo público de 45.500 euros; su amigo Ignacio Carnicero dispone de un puesto creado ad hoc en el Ministerio de Transportes, a razón de 90.000 euros; y un tercero, su amigo Andrés Arranz, es presidente de la empresa pública Senasa, con una nómina de 125.000 euros. Antes les unía el baloncesto, y ahora un abnegado servicio a la causa pública... que difícilmente podría haberse hecho realidad si Sánchez no fuese presidente.

Más allá del nepotismo, Sánchez incurrió ayer en un error político demostrativo de un cesarismo que lo sitúa por encima de la soberanía nacional. Después de proclamar el domingo el estado de alarma en toda España con una autosuficiencia política nunca vista, ayer se ausentó de la votación y dejó solo al ministro de Sanidad defendiendo una decisión tan controvertida como alegal en los términos jurídicos en los que se ha planteado. No tiene lógica que no fuese él quien defendiese personalmente algo tan abusivo como seis meses de alarma, como no tienen justificación sus excusas, sus verdades a medias, su obsesión por gobernar a base de decretos, y el desprecio mostrado a todos los partidos del Parlamento. Lo ocurrido ayer es la exteriorización de una soberbia que Sánchez debería reconducir. Hace veinte días, él anunció la intervención de facto de la Comunidad de Madrid con un decreto de alarma para ningunear a los tribunales y a Isabel Díaz Ayuso. Ayer, para prorrogar seis meses un estado excepcional en todo el país, y para justificar un laxo control parlamentario, hizo de don Tancredo unos minutos en su escaño y luego desapareció. Ni Salvador Illa es el presidente ni Sánchez debe mostrar esta falta de respeto a todos los españoles.

La aprobación de una alarma de medio año es mucho más que una decisión política autoritaria, por más que contase con los votos necesarios. Es una aberración jurídica para fiscalizar la evolución de la pandemia cada dos meses. Y eso es insuficiente. El Gobierno no puede gozar de carta blanca para retorcer a su gusto la legalidad vigente. Y no es solo una cuestión de control parlamentario, sino de control de legalidad frente a la intocabilidad que Sánchez se arroga para gobernar seis meses a capricho con las dosis de sectarismo que necesite. La alarma no es ningún escudo legal para que las autonomías gestionen la pandemia, sino la coartada para atribuir a las comunidades competencias restrictivas de las libertades que no pueden asumir.

De ahí, tanto caos y confusión, y todo ello burlando el control previo de legalidad que pudiesen hacer los tribunales. Su decisión de llevar a España a un estado excepcional de suspensión de garantías fundamentales debería ser revisada por el TC. Y si en estos meses Sánchez no ha promovido leyes que previeran este escenario, no ha sido por negligencia. Ha sido algo deliberado para encontrar amparo en su retorcida interpretación de la alarma, y es la excusa necesaria para manejar a España como si no existiese separación de poderes. Por eso, el mensaje que le trasladó Pablo Casado, sin papeles y reprochándole el cinismo de no dar la cara, es inequívoco. El imaginario de Sánchez es la nueva «Constitución» española, y el Parlamento, una simple comparsa.