La Constitución no trajo la democracia a España. Fue...

La Constitución no trajo la democracia a España. Fue al revés, la democracia trajo la Constitución

Ni es Régimen ni es del

No hay nada peor en el debate de las ideas que ceder el uso de una de las tuyas al adversario dialéctico. Pongo como ejemplo la palabra austeridad que ahora es para todo el mundo sinónimo de política de rigor económico cuando antes fue una propuesta de saneamiento y regeneración progresista. Para el líder comunista italiano Enrico Berlinguer la austeridad no eran unas medidas coyunturales para salir de la crisis apretándose el cinturón -los más pobres- sino una ocasión para transformar el país mediante un desarrollo no fundado en el consumo privado que es fuente de parasitismo y privilegios.

Voy a referirme a otra técnica política similar como es la depreciación y adulteración de los logros ajenos mediante la manipulación sibilina de efemérides y acontecimientos, que mediante un amplio despliegue mediático y cultural termina asimilado como verdad absoluta.

Este año se han rememorado las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, pero ni a esa fecha ni a otras igual de importantes de ese año se les ha atribuido en los homenajes el mérito de la restauración de la democracia pues eso se entiende que corresponde al año siguiente por ser el de la celebración del referéndum constitucional. Aquí empieza el tópico del título y adjetivo de “Régimen del 78” que ha ido calando por el machaqueo de sus detractores y la inocente aceptación de sus partidarios.

Es cierto que la Constitución de diciembre de 1978, con el puente de la ley de la reforma política de enero de 1977, puso fin jurídicamente al “Régimen del 18 de Julio” y fue amparada entonces por una amplia mayoría y denostada ruidosamente por una minoría de extrema derecha, que fue decayendo tras el intento de golpe del 23-F de 1981.

Pero la Constitución no trajo la democracia a España. Fue al revés, la democracia trajo la Constitución.

Entonces ¿cuando se produjo el cambio político?: indiscutiblemente a lo largo de 1977. El gobierno de Suárez accedió entonces a las exigencias claves de la oposición democrática: legalización de partidos y sindicatos (marzo-abril); elecciones libres (junio); amnistía general (octubre). Justamente ayer 15 de octubre hizo cuarenta años que una ley aceptó una de las principales demandas que obreros, estudiantes, abogados, curas –algunos- y familiares de presos exigieron a lo largo de la dictadura bajo el grito de ¡Aministía! Los derechos de libertad sindical; de huelga; de partidos políticos; la libertad de prensa o las elecciones libres se habían conseguido a lo largo del año 1977.

Otra de las reivindicaciones de los antifranquistas –en algunas zonas-, la de los estatutos de autonomía, necesariamente tuvo que esperar a plasmarse en la Constitución, pero de hecho ya se había introducido antes, con la restauración en septiembre de 1977 de la Generalitat de Cataluña y en enero de 1978 con la creación del Consejo General Vasco.

Es a partir de 1977 cuando España pasó a ser –con algunas limitaciones y renuncias impuestas por la relación de fuerzas- un país normal que era lo que pedíamos en el noventa por ciento de los panfletos, manifestaciones, huelgas y demás. Lo de la república, el socialismo, el comunismo lo sentían muchos de los militantes pero se exhibía poco para ganar fuerzas frente a los del bunker concentrándose en lo que más unía. Algunos de los que lucharon contra el franquismo y muchos que no movieron un dedo –teniendo edad para ello- sueñan ahora con que durante la dictadura todos los 14 de abril iban a manifestaciones por la Republica a la Puerta del Sol y que todos los Primero de Mayo exigían la nacionalización de la banca delante el edificio de la Bolsa. Esa posverdad emotiva es una mentira inducida para mejor crucificar a los protagonistas de la transición, traidores todos –Carrillo especialmente- al pueblo revolucionario. Por cada pancarta revolucionaria hubo miles pidiendo aumentos de salario y derecho de huelga.

La palabra régimen se puede referir según el diccionario a un sistema político o a una dieta alimenticia pero sobre la primera acepción algunos “opinadores” e incluso simples informadores de la prensa han introducido una variante despectiva: “el régimen sirio”; “el régimen norcoreano”, y otros regímenes también adelgazantes en algún sentido. Y por ahí van las insinuaciones sobre el “régimen del 78”: un sistema impuesto (por) y heredero del franquismo.

El latiguillo de “Régimen del 78” es una argucia de los que quieren resaltar lo que la Transición tuvo ciertamente de compromiso, para descalificarla -cambalache, trapicheo- y para ocultar que el resultado final –el paso de la dictadura a la libertad- fue una victoria neta de la oposición. La democracia vino tras un pacto con las fuerzas postfranquista pero estas no hubieran cedido sin la lucha durísima en las fábricas, en las universidades en la calles, que entre 1976 y 1977 costó más de un centenar de vidas humanas.

Cuando la ultraderecha organizó la espiral desestabilizadora para frenar el cambio (con la matanza de los laboralistas de Atocha como punto álgido) todas las fuerzas de oposición unidas y los movimientos obrero, estudiantil y ciudadano consiguieron que, en medio de tensiones y amenazas de los poderes residuales del franquismo, la ruptura democrática se materializara.

Después se alumbró una de las constituciones más avanzadas socialmente y más garantista de derechos y libertades del mundo. Y también muy coherente con la diversidad del país estableciendo un estado autonómico muy descentralizado. Quienes más se apropian de la memoria de la República nos proponen su vuelta pero nunca demandan que se restaure la constitución republicana de diciembre de 1931. Tal vez se deba a que el principio de soberanía nacional y de unidad del país –que hoy se le cede a la derecha, al contrario que en Francia, Italia o Portugal- estaba muy firmemente descrito. Veamos que decía en su artículo 1º: “La Republica constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones”.

Habría muchos motivos para alegrarse si la reforma constitucional a la que estamos abocados se produjera como consecuencia de un cambio en la correlación de fuerzas capital-trabajo y para modificar o matizar el sistema económico y social capitalista y liberal. No es el caso.

El estado federal puede ser una buena salida al atolladero actual pero que la izquierda y los sindicatos estén alertas por si, de paso, se quieren “retocar” -a la baja, puesto que los sindicatos y la izquierda pesamos menos- artículos constitucionales demasiado sociales para los tiempos que corren. Por si acaso habría que exigir a los partidos el blindaje del pilar de los derechos sociales constitucionales vigentes. Sin menoscabo de la importancia y urgencia de superar democráticamente la crisis catalana, que no nos la cuelen mientras agarramos banderas que no son las del trabajo.