EDITORIAL ABC.
Batet blanquea a los golpistas.
La nueva presidenta del Congreso empieza mal su gestión, porque no asume su responsabilidad de ejecutar una decisión que prevé la ley, que es legítima, que es justa y de sentido común.
ABC.
Actualizado:
23/05/2019 08:22h.
La decisión de la nueva presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, de descargar sobre el Tribunal Supremo la responsabilidad de suspender a los cuatro diputados independentistas juzgados por rebelión tiene el riesgo de provocar un conflicto institucional entre poderes del Estado. De nuevo aparece en este socialismo acomplejado la pretensión de blanquear a unos golpistas, sacudirse de encima la culpa de su suspensión como diputados y aparentar que el PSOE hace todo lo posible por dilatar plazos con tal de no perjudicarles. Sánchez y Batet están contribuyendo a convertir a Oriol Junqueras y demás «mártires» del golpismo en Cataluña en víctimas de un supuesto Estado represor, como si los acusados de pretender la ruptura de España tuvieran que ser beneficiarios de derechos inalienables por encima de la ley. Por eso Batet ha insinuado que el Congreso tiene dudas jurídicas sobre si es ella quien debe suspender de funciones a los separatistas en virtud del Reglamento de la Cámara. Y por eso hace la vista gorda y empuja a la Sala Penal del Supremo a ordenarlo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano. El fondo de la cuestión no se basa por tanto en una cuestión de competencias para la resolución de posibles lagunas jurídicas, sino en el más puro interés electoralista: con los colegios electorales abiertos el domingo y para no perder alcaldías en Cataluña, ni a Batet ni al PSC les interesa aparecer en plena campaña como los causantes de un perjuicio a los diputados-reclusos. Además, ya es conocido que es un partido favorable al derecho de autodeterminación.
Sánchez ha dejado claro que le resulta más relevante quedar bien con Junqueras que proteger la pacífica convivencia, los equilibrios y la colaboración entre el poder legislativo y el judicial. El enfrentamiento institucional entre el Congreso y el Supremo es evidente, por soterrado que sea y por maquillado que quede mientras Batet enreda a los españoles con coartadas juridicistas sobre el alcance de posibles lagunas y busca una legitimación a su falta de valentía. Batet quiere forzar al Supremo a tomar una decisión que debía tomar ella, en cumplimiento de la legalidad. Empieza mal su gestión porque no asume su responsabilidad de ejecutar una decisión que prevé la ley, que es legítima, que es justa y de sentido común. No es posible, o no debería serlo, que una democracia sólida permita a unos golpistas campar a sus anchas y manejar los hilos del país desde una celda, mientras los distintos poderes del Estado se enzarzan en una pugna procedimental derivada de los intereses tácticos del Gobierno y de la cobardía política de Sánchez. Llegados a este punto, lo menos relevante es quién decida finalmente la suspensión de los acusados. Lo único importante es que sean suspendidos con urgencia para evitar otro escarnio del separatismo contra nuestra democracia.
Batet blanquea a los golpistas.
La nueva presidenta del Congreso empieza mal su gestión, porque no asume su responsabilidad de ejecutar una decisión que prevé la ley, que es legítima, que es justa y de sentido común.
ABC.
Actualizado:
23/05/2019 08:22h.
La decisión de la nueva presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, de descargar sobre el Tribunal Supremo la responsabilidad de suspender a los cuatro diputados independentistas juzgados por rebelión tiene el riesgo de provocar un conflicto institucional entre poderes del Estado. De nuevo aparece en este socialismo acomplejado la pretensión de blanquear a unos golpistas, sacudirse de encima la culpa de su suspensión como diputados y aparentar que el PSOE hace todo lo posible por dilatar plazos con tal de no perjudicarles. Sánchez y Batet están contribuyendo a convertir a Oriol Junqueras y demás «mártires» del golpismo en Cataluña en víctimas de un supuesto Estado represor, como si los acusados de pretender la ruptura de España tuvieran que ser beneficiarios de derechos inalienables por encima de la ley. Por eso Batet ha insinuado que el Congreso tiene dudas jurídicas sobre si es ella quien debe suspender de funciones a los separatistas en virtud del Reglamento de la Cámara. Y por eso hace la vista gorda y empuja a la Sala Penal del Supremo a ordenarlo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano. El fondo de la cuestión no se basa por tanto en una cuestión de competencias para la resolución de posibles lagunas jurídicas, sino en el más puro interés electoralista: con los colegios electorales abiertos el domingo y para no perder alcaldías en Cataluña, ni a Batet ni al PSC les interesa aparecer en plena campaña como los causantes de un perjuicio a los diputados-reclusos. Además, ya es conocido que es un partido favorable al derecho de autodeterminación.
Sánchez ha dejado claro que le resulta más relevante quedar bien con Junqueras que proteger la pacífica convivencia, los equilibrios y la colaboración entre el poder legislativo y el judicial. El enfrentamiento institucional entre el Congreso y el Supremo es evidente, por soterrado que sea y por maquillado que quede mientras Batet enreda a los españoles con coartadas juridicistas sobre el alcance de posibles lagunas y busca una legitimación a su falta de valentía. Batet quiere forzar al Supremo a tomar una decisión que debía tomar ella, en cumplimiento de la legalidad. Empieza mal su gestión porque no asume su responsabilidad de ejecutar una decisión que prevé la ley, que es legítima, que es justa y de sentido común. No es posible, o no debería serlo, que una democracia sólida permita a unos golpistas campar a sus anchas y manejar los hilos del país desde una celda, mientras los distintos poderes del Estado se enzarzan en una pugna procedimental derivada de los intereses tácticos del Gobierno y de la cobardía política de Sánchez. Llegados a este punto, lo menos relevante es quién decida finalmente la suspensión de los acusados. Lo único importante es que sean suspendidos con urgencia para evitar otro escarnio del separatismo contra nuestra democracia.