EDITORIAL ABC.
No, Delgado no es idónea.
La propuesta de Dolores Delgado fue una declaración de guerra al poder judicial, que además está siendo alimentada por Iglesias con comentarios humillantes.
ABC.
Actualizado: 16/01/2020 23:38h.
Con una profunda fractura interna, el CGPJ avaló ayer que Dolores Delgado cumple los requisitos formales para ser designada fiscal general del Estado, pero el órgano de gobierno de los jueces eludió respaldar expresamente su idoneidad para el cargo, cosa que sí había hecho en los últimos cinco nombramientos para ese puesto. Ayer, y para evitar una imagen demoledora para el Consejo, su presidente, Carlos Lesmes, optó por no introducir en el debate la idoneidad de la exministra de Justicia, alterando así la tradicional textualidad del acuerdo alcanzado antes respecto a otros fiscales generales. Pero dio igual, porque siete vocales conservadores se opusieron frontalmente a respaldar siquiera que Delgado cumpla el requisito de «jurista de reconocido prestigio», lo cual supone una seria desautorización. La exministra no es idónea por dos motivos. Uno, puramente estético, en la medida en que difícilmente podrá parecer imparcial una fiscal general que no lo es, que tiene instrucciones de no serlo y que ha sido ministra hasta hace pocos días. El otro es un motivo estrictamente jurídico, porque van a ser muchos los supuestos en los que, en puridad procesal, deberá abstenerse o incluso ser recusada. Delgado está a todos los efectos contaminada políticamente, y no hace falta que el CGPJ haga equilibrios para reafirmar si reúne o no los requisitos mínimos. Sus propios antecedentes son los que la convierten en persona no idónea, salvo para Sánchez, Iglesias -que siempre la cuestionó duramente y ahora calla- y ERC, partido que ha exigido un cambio de rumbo en la Fiscalía para favorecer la estrategia independentista y a los condenados por sedición. Así, la democracia pierde calidad con un nombramiento que persigue sojuzgar a la carrera fiscal con criterios puramente partidistas que, si bien han sido habituales con todos los Gobiernos, en este caso resultan particularmente escandalosos.
Objetivamente, el criterio del CGPJ, al no ser vinculante para el Gobierno, resultará irrelevante para Sánchez. Lo relevante es el fondo del asunto, y eso sí debería preocupar a La Moncloa, porque la designación de Delgado es un misil en la línea de flotación de los consensos que siempre alcanzaron PSOE y PP como partidos mayoritarios en la renovación de los órganos constitucionales. La propuesta de Delgado es una declaración de guerra al poder judicial, que además está siendo alimentada por Iglesias con comentarios humillantes y falsos sobre la fortaleza de nuestros tribunales. Sánchez no aspira a un modelo de democracia representativa con separación de poderes, sino a un modelo totalitario en el que el poder ejecutivo desarme la independencia de jueces y fiscales. Forma parte de una operación de desmontaje institucional del tercer poder del Estado, más allá del nombramiento de Delgado.
No, Delgado no es idónea.
La propuesta de Dolores Delgado fue una declaración de guerra al poder judicial, que además está siendo alimentada por Iglesias con comentarios humillantes.
ABC.
Actualizado: 16/01/2020 23:38h.
Con una profunda fractura interna, el CGPJ avaló ayer que Dolores Delgado cumple los requisitos formales para ser designada fiscal general del Estado, pero el órgano de gobierno de los jueces eludió respaldar expresamente su idoneidad para el cargo, cosa que sí había hecho en los últimos cinco nombramientos para ese puesto. Ayer, y para evitar una imagen demoledora para el Consejo, su presidente, Carlos Lesmes, optó por no introducir en el debate la idoneidad de la exministra de Justicia, alterando así la tradicional textualidad del acuerdo alcanzado antes respecto a otros fiscales generales. Pero dio igual, porque siete vocales conservadores se opusieron frontalmente a respaldar siquiera que Delgado cumpla el requisito de «jurista de reconocido prestigio», lo cual supone una seria desautorización. La exministra no es idónea por dos motivos. Uno, puramente estético, en la medida en que difícilmente podrá parecer imparcial una fiscal general que no lo es, que tiene instrucciones de no serlo y que ha sido ministra hasta hace pocos días. El otro es un motivo estrictamente jurídico, porque van a ser muchos los supuestos en los que, en puridad procesal, deberá abstenerse o incluso ser recusada. Delgado está a todos los efectos contaminada políticamente, y no hace falta que el CGPJ haga equilibrios para reafirmar si reúne o no los requisitos mínimos. Sus propios antecedentes son los que la convierten en persona no idónea, salvo para Sánchez, Iglesias -que siempre la cuestionó duramente y ahora calla- y ERC, partido que ha exigido un cambio de rumbo en la Fiscalía para favorecer la estrategia independentista y a los condenados por sedición. Así, la democracia pierde calidad con un nombramiento que persigue sojuzgar a la carrera fiscal con criterios puramente partidistas que, si bien han sido habituales con todos los Gobiernos, en este caso resultan particularmente escandalosos.
Objetivamente, el criterio del CGPJ, al no ser vinculante para el Gobierno, resultará irrelevante para Sánchez. Lo relevante es el fondo del asunto, y eso sí debería preocupar a La Moncloa, porque la designación de Delgado es un misil en la línea de flotación de los consensos que siempre alcanzaron PSOE y PP como partidos mayoritarios en la renovación de los órganos constitucionales. La propuesta de Delgado es una declaración de guerra al poder judicial, que además está siendo alimentada por Iglesias con comentarios humillantes y falsos sobre la fortaleza de nuestros tribunales. Sánchez no aspira a un modelo de democracia representativa con separación de poderes, sino a un modelo totalitario en el que el poder ejecutivo desarme la independencia de jueces y fiscales. Forma parte de una operación de desmontaje institucional del tercer poder del Estado, más allá del nombramiento de Delgado.