Los planes del Gobierno de convertir a España en un país líder en energías limpias están chocando con la oposición de agricultores y vecinos del medio rural donde está prevista la instalación de alguna planta eólica o fotovoltaica de gran tamaño, así como de grupos conservacionistas y expertos en medioambiente que advierten de las nefastas consecuencias que esos recintos cubiertos de placas solares y molinos de gran altura pueden tener para el espacio natural y el paisaje. Todos reconocen la urgencia de pasar de las energías fósiles a las renovables, pero dudan de la fórmula elegida para llevar a cabo esa transición.
Reus (Tarragona), Ponferrada (León), Igualada (Barcelona), Quiroga (Lugo), Chiva (Valencia), Monóvar (Alicante)… Es inacabable la lista de municipios que en los últimos meses han albergado manifestaciones, marchas o tractoradas de protesta o donde han surgido plataformas ciudadanas para alzar la voz contra la instalación de alguna central eólica o solar.
De momento es un movimiento atomizado ligado a proyectos locales, pero se extiende por toda la geografía y va en aumento. Protestan contra situaciones como la que se da en Mula (Murcia), donde cuentan con el segundo mayor parque fotovoltaico de Europa y ahora cuatro nuevas plantas llevarán las placas solares hasta las puertas del núcleo urbano. O en la comarca de Terra Alta (Tarragona), cuyo paisaje está marcado por la masiva presencia de aerogeneradores y ahora contará con otros 160 molinos de más de 150 metros de altura. O en Caniles (Granada), cuyo ayuntamiento y sector agrícola están en pie de guerra contra una central fotovoltaica de 700 hectáreas que obligará a arrancar miles de almendros y olivos para sustituirlos por paneles solares.
La rebelión que vive el campo contra estos grandes proyectos es la expresión más crispada y reciente del frenesí que se ha desatado en el sector de las renovables en el último año y medio. Después de una década en blanco sin apenas crecimiento, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) redactado por el Gobierno en febrero de 2019 sonó a pistoletazo de salida entre la industria, que se lanzó a promover ‘macroplantas’ en todos los territorios.
Planta fotovoltaica instalada por el grupo automovilístico Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).
ENERGÍAS RENOVABLES
Cinco razones a favor y en contra de los macroparques eólicos y solares
El objetivo del PNIEC es que en 2030 las placas solares y los molinos de viento generen en España 89 gigavatios, frente a los 38,7 que producen actualmente. Sin embargo, Red Eléctrica Española reconoce que ya ha concedido permisos de conexión que superan los 150 gigavatios, casi el doble de lo previsto para dentro de una década. En Catalunya, tras la aprobación del decreto ley de noviembre de 2019 que agilizaba la puesta en marcha de plantas de renovables, se han presentado 269 proyectos de estaciones fotovoltaicas que ocuparían 10.000 hectáreas y 127 parques eólicos que albergarían un millar de aerogeneradores.
Reus (Tarragona), Ponferrada (León), Igualada (Barcelona), Quiroga (Lugo), Chiva (Valencia), Monóvar (Alicante)… Es inacabable la lista de municipios que en los últimos meses han albergado manifestaciones, marchas o tractoradas de protesta o donde han surgido plataformas ciudadanas para alzar la voz contra la instalación de alguna central eólica o solar.
De momento es un movimiento atomizado ligado a proyectos locales, pero se extiende por toda la geografía y va en aumento. Protestan contra situaciones como la que se da en Mula (Murcia), donde cuentan con el segundo mayor parque fotovoltaico de Europa y ahora cuatro nuevas plantas llevarán las placas solares hasta las puertas del núcleo urbano. O en la comarca de Terra Alta (Tarragona), cuyo paisaje está marcado por la masiva presencia de aerogeneradores y ahora contará con otros 160 molinos de más de 150 metros de altura. O en Caniles (Granada), cuyo ayuntamiento y sector agrícola están en pie de guerra contra una central fotovoltaica de 700 hectáreas que obligará a arrancar miles de almendros y olivos para sustituirlos por paneles solares.
La rebelión que vive el campo contra estos grandes proyectos es la expresión más crispada y reciente del frenesí que se ha desatado en el sector de las renovables en el último año y medio. Después de una década en blanco sin apenas crecimiento, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) redactado por el Gobierno en febrero de 2019 sonó a pistoletazo de salida entre la industria, que se lanzó a promover ‘macroplantas’ en todos los territorios.
Planta fotovoltaica instalada por el grupo automovilístico Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).
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El objetivo del PNIEC es que en 2030 las placas solares y los molinos de viento generen en España 89 gigavatios, frente a los 38,7 que producen actualmente. Sin embargo, Red Eléctrica Española reconoce que ya ha concedido permisos de conexión que superan los 150 gigavatios, casi el doble de lo previsto para dentro de una década. En Catalunya, tras la aprobación del decreto ley de noviembre de 2019 que agilizaba la puesta en marcha de plantas de renovables, se han presentado 269 proyectos de estaciones fotovoltaicas que ocuparían 10.000 hectáreas y 127 parques eólicos que albergarían un millar de aerogeneradores.