¡Buenos días!
Por dónde va el día.
En manos del juez
El debate abierto sobre la ley que regula los delitos sexuales no se va a solucionar de un día para otro. De hecho, ahora mismo es una tormenta agitada donde se mezclan argumentos jurídicos, táctica política y ataques desagradables en redes sociales. Pero como en este boletín nos hemos comprometido a intentar evitarte todo ese ruido, vamos a lo nuestro.
Podemos ha cerrado filas para defender la solidez del texto. Este vídeo de Victoria Rosell es un buen ejemplo de la posición del Ministerio de Igualdad: el problema de que se estén dando casos de revisión a la baja de condenas por violación que ya eran las mínimas no es la ley, es que las condenas previas, con la anterior ley, no deberían haber sido las mínimas. Igualdad pone el acento en el criterio de esos jueces porque permite que los condenados puedan cambiar la condena mínima de antes por la mínima de ahora, que es más baja, también con su permiso. Sobre el sesgo machista de la Justicia, hace poco hicimos un capítulo del podcast.
Hay otras voces feministas que consideran, como también muchos juristas, que el agujero está ahí y que no se puede negar. Es el caso de de Clara Serra (exdirigente de Podemos), a la que cito porque añade algo interesante: que en todo caso estamos cayendo todos en una trampa de la derecha, porque esta ley no se hizo para meter más años en la cárcel a los agresores sino para que calificaran de manera más justa los hechos.
La otra clave del debate está en un concepto jurídico: disposición transitoria. Es como un 'parche' que se le puede poner a las leyes precisamente para evitar que antiguos condenados se acojan a penas rebajadas en determinadas circunstancias. Esta ley no la tiene. Irene Montero asegura que no es necesaria. Pero esa es la grieta por la que se están colando los casos que vamos conociendo. Si la ley tuviera ese parche, la decisión no estaría en manos de los jueces, machistas o no.
¿Cómo funciona exactamente esa disposición transitoria? ¿Se podría simplemente volver a reformar la ley para revertir este efecto colateral no deseado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ignacio Escolar da respuestas y muchos detalles en este artículo.
Decía antes que todo esto va para largo porque, más allá de lo que digan unos y otros, la situación solo se aclarará conforme los tribunales se vayan pronunciando. Tiene pinta de que la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, muy conservador. Pero por lo pronto, la Fiscalía del Supremo ya se ha opuesto a dos rebajas de condena basadas en todo este lío. Y además, la Fiscalía General del Estado ha dicho que estará muy encima de todas esas rebajas, “huyendo de automatismos” y “con vocación de amparo a las víctimas”. Te lo traduzco: que no se crean los jueces que cualquier condena puede ser revisada a la baja con esta ley, que nos conocemos. Habrá que ir caso a caso. Todo por ahora queda en manos de cada juez.
Por dónde va el día.
En manos del juez
El debate abierto sobre la ley que regula los delitos sexuales no se va a solucionar de un día para otro. De hecho, ahora mismo es una tormenta agitada donde se mezclan argumentos jurídicos, táctica política y ataques desagradables en redes sociales. Pero como en este boletín nos hemos comprometido a intentar evitarte todo ese ruido, vamos a lo nuestro.
Podemos ha cerrado filas para defender la solidez del texto. Este vídeo de Victoria Rosell es un buen ejemplo de la posición del Ministerio de Igualdad: el problema de que se estén dando casos de revisión a la baja de condenas por violación que ya eran las mínimas no es la ley, es que las condenas previas, con la anterior ley, no deberían haber sido las mínimas. Igualdad pone el acento en el criterio de esos jueces porque permite que los condenados puedan cambiar la condena mínima de antes por la mínima de ahora, que es más baja, también con su permiso. Sobre el sesgo machista de la Justicia, hace poco hicimos un capítulo del podcast.
Hay otras voces feministas que consideran, como también muchos juristas, que el agujero está ahí y que no se puede negar. Es el caso de de Clara Serra (exdirigente de Podemos), a la que cito porque añade algo interesante: que en todo caso estamos cayendo todos en una trampa de la derecha, porque esta ley no se hizo para meter más años en la cárcel a los agresores sino para que calificaran de manera más justa los hechos.
La otra clave del debate está en un concepto jurídico: disposición transitoria. Es como un 'parche' que se le puede poner a las leyes precisamente para evitar que antiguos condenados se acojan a penas rebajadas en determinadas circunstancias. Esta ley no la tiene. Irene Montero asegura que no es necesaria. Pero esa es la grieta por la que se están colando los casos que vamos conociendo. Si la ley tuviera ese parche, la decisión no estaría en manos de los jueces, machistas o no.
¿Cómo funciona exactamente esa disposición transitoria? ¿Se podría simplemente volver a reformar la ley para revertir este efecto colateral no deseado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ignacio Escolar da respuestas y muchos detalles en este artículo.
Decía antes que todo esto va para largo porque, más allá de lo que digan unos y otros, la situación solo se aclarará conforme los tribunales se vayan pronunciando. Tiene pinta de que la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, muy conservador. Pero por lo pronto, la Fiscalía del Supremo ya se ha opuesto a dos rebajas de condena basadas en todo este lío. Y además, la Fiscalía General del Estado ha dicho que estará muy encima de todas esas rebajas, “huyendo de automatismos” y “con vocación de amparo a las víctimas”. Te lo traduzco: que no se crean los jueces que cualquier condena puede ser revisada a la baja con esta ley, que nos conocemos. Habrá que ir caso a caso. Todo por ahora queda en manos de cada juez.