EDITORIAL ABC.
Desamparo ante un «fenómeno delictivo»
Pedro Sánchez utiliza a Delgado para recordar una obviedad, que la «okupación» es un delito, y reconocer la magnitud de este fenómeno, pero sin asumir su responsabilidad para proponer en el Parlamento cambios legales que pongan fin a la impunidad de la que aún gozan quienes asaltan viviendas.
ABC.
Actualizado: 07/09/2020 22:28h.
Las «ocupaciones de morada» son un «fenómeno delictivo». Lo dijo ayer la fiscal general del Estado antes de anunciar que en los próximos días dictará una instrucción que aborde su tratamiento por parte del Ministerio Público. Dolores Delgado reconoció ayer la gravedad de un problema social que, paradójicamente, ha sido alentado desde las propias instituciones. La irrupción en el Gobierno de Unidas Podemos ha dado carta de naturaleza a un delito que desde la propia Moncloa ha sido consagrado como derecho e incluido en ese «escudo social», puramente ideológico, en el que los subsidios públicos se mezclan sin pudor con los ataques a la propiedad privada, legitimados en función de una falsa necesidad económica que beneficia la actividad de las mafias y la delincuencia. La Fiscalía no podía ser ajena a una crisis que atenta contra los derechos fundamentales, genera inseguridad y perjudica a quienes buscan vivienda en un mercado de alquiler que se repliega ante el temor a sufrir una ocupación.
Pedro Sánchez utiliza a Delgado para recordar una obviedad, que la «okupación» es un delito, y reconocer la magnitud de este fenómeno, pero sin asumir su responsabilidad para proponer en el Parlamento cambios legales que pongan fin a la impunidad de la que aún gozan quienes asaltan viviendas. Es el Gobierno, sin embargo, el primero que debe reivindicar el Estado de Derecho, hacer respetar las leyes y tomar la iniciativa legislativa en defensa del interés general. Sánchez no puede ser rehén de Pablo Iglesias, ni tolerar un discurso político que desde el propio Ejecutivo agita la misma crisis que trata de cerrar su fiscal general. A la instrucción del Ministerio Público ha de seguir una reforma que frene la ocupación de viviendas y proteja a los ciudadanos, no a las mafias a las que ampara la izquierda radical.
Desamparo ante un «fenómeno delictivo»
Pedro Sánchez utiliza a Delgado para recordar una obviedad, que la «okupación» es un delito, y reconocer la magnitud de este fenómeno, pero sin asumir su responsabilidad para proponer en el Parlamento cambios legales que pongan fin a la impunidad de la que aún gozan quienes asaltan viviendas.
ABC.
Actualizado: 07/09/2020 22:28h.
Las «ocupaciones de morada» son un «fenómeno delictivo». Lo dijo ayer la fiscal general del Estado antes de anunciar que en los próximos días dictará una instrucción que aborde su tratamiento por parte del Ministerio Público. Dolores Delgado reconoció ayer la gravedad de un problema social que, paradójicamente, ha sido alentado desde las propias instituciones. La irrupción en el Gobierno de Unidas Podemos ha dado carta de naturaleza a un delito que desde la propia Moncloa ha sido consagrado como derecho e incluido en ese «escudo social», puramente ideológico, en el que los subsidios públicos se mezclan sin pudor con los ataques a la propiedad privada, legitimados en función de una falsa necesidad económica que beneficia la actividad de las mafias y la delincuencia. La Fiscalía no podía ser ajena a una crisis que atenta contra los derechos fundamentales, genera inseguridad y perjudica a quienes buscan vivienda en un mercado de alquiler que se repliega ante el temor a sufrir una ocupación.
Pedro Sánchez utiliza a Delgado para recordar una obviedad, que la «okupación» es un delito, y reconocer la magnitud de este fenómeno, pero sin asumir su responsabilidad para proponer en el Parlamento cambios legales que pongan fin a la impunidad de la que aún gozan quienes asaltan viviendas. Es el Gobierno, sin embargo, el primero que debe reivindicar el Estado de Derecho, hacer respetar las leyes y tomar la iniciativa legislativa en defensa del interés general. Sánchez no puede ser rehén de Pablo Iglesias, ni tolerar un discurso político que desde el propio Ejecutivo agita la misma crisis que trata de cerrar su fiscal general. A la instrucción del Ministerio Público ha de seguir una reforma que frene la ocupación de viviendas y proteja a los ciudadanos, no a las mafias a las que ampara la izquierda radical.